La Oficina Anticorrupción de Jujuy (OAJ) se encontraba en cuarentena pero se flexibilizó para citar a declarar al diputado provincial Emanuel Palmieri (Frente de Todos); a la presidenta del Colegio de Enfermería de Jujuy, Celina Castellón, a los médicos Carlos Gaspar y Sergio Barrera Ruiz y a la abogada Florencia Romero, para que ratifiquen o rectifiquen sus dichos públicos sobre presuntos hechos de corrupción en el marco de la pandemia del coronavirus.
La titular de la OAJ, Josefa Herrera, notificó de una investigación, que se tramita en el expediente N° 2100/2020, caratulado “Estudio preliminar iniciado de oficio - declaraciones periodísticas de Emanuel Martin Palmieri, Celina Castellón, Carlos Gaspar y Sergio Barrera Ruiz – Covid19”. Según se reseña en la notificación está realizando una investigación preliminar "vinculada a denuncias de corrupción" vertidas en medios de comunicación.
Los citados repudiaron esa citación por entender que es una herramienta disciplinadora para silenciar a la oposición. Recordaron en ese sentido que el gobernador Morales respondió a declaraciones de dirigentes de la oposición y de trabajadores de la salud afirmando que ponían palos en la rueda, y les puso el mote de “mariscales de las malas noticias”. El oficialismo sostiene que hay una campaña comunicacional en su contra. Sin embargo, el avance de la pandemia ha provocado un gran descontento, cuando la provincia ya alcanzó los 14.650 mil casos y 459 muertes, y hay un colapso del sistema sanitario.
Los citados recordaron también que la OAJ responde al Poder Ejecutivo provincial, dado que su titular es una militante radical y ella misma ha reconocido que seguirá las instrucciones del gobernador. Para los citados, en lugar de llamar a quienes vienen criticando la gestión de la pandemia, la OAJ debería investigar sus denuncias, como el destino dado a los fondos enviados por la Nación para la salud jujeña.
Algunos de los convocados concurrieron a la OAJ, pero Herrera no estaba en su lugar de trabajo, aun así pudieron brindar su declaración ratificando sus dichos en los medios. Las declaraciones fueron tomadas por trabajadores de la OAJ, los citados informaron que se pusieron a disposición para acercar documentación y exigieron que se cite a quien está cometiendo actos de corrupción en esta pandemia.
En general, los citados expusieron en notas periodísticas la crítica situación sanitaria en la provincia por el deterioro de la salud pública, profundizado en la gestión de Morales. Así también advirtieron sobre el colapso sanitario, el abandono de personas que transitan la enfermedad en sus casas, la manipulación en los números de contagios y muertes, la falta de insumos para trabajadores de salud y seguridad, la falta de transparencia de la gestión de los fondos públicos enviados por la Nación, entre otras críticas respecto de la administración en la pandemia.
La notificación sorprendió por llevar el número 2, es decir que es la segunda acción que lleva a cabo en el año la OAJ, en este sentido el diputado Palmieri dijo que “la OA es un brazo ejecutor de Morales”. Además, recordó que hace un par de días Morales lo nombraba en uno de sus monólogos del COE atribuyéndole la politización de la desaparición de un cadáver en el Hospital de Campaña. “Vamos a ratificar todo lo que venimos denunciando porque claramente en la pandemia se están realizando negocios y negociados que nada tienen que ver con el bienestar de la gente”, afirmó.
Cuando asumió en febrero último, en una curiosa interpretación de las funciones de la Oficina Anticorrupción, organismo creado para controlar los actos de gobierno, Herrera reconoció que estará a las órdenes de Morales: “Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador”, sostuvo. La titular de la OAJ fue procuradora General de la provincia, y es militante radical.
Palmieri calificó a la citación como un apriete directo del gobernador y la interpretó como una persecución política.
Por su parte, el médico Carlos Gaspar, quien trabaja en el Hospital Doctor Guillermo Paterson, de San Pedro de Jujuy, sostuvo que “este es un tema político, es un apriete" y dijo que responderá porque lo que dijo en los medios "es lo que está sucediendo en esta pandemia. Y no hay que dejar pasar esto, es un amedrentamiento porque después van a ir contra los periodistas”, advirtió.
En cuanto a su presentación en la OAJ, el médico dijo que anteayer estuvo trabajando. "Estoy al pie del cañón y si me trasladaba a la capital, le iba a dar motivo a Morales (para decir) que abandoné mi trabajo", dado que "Te persiguen, (el gobernador) mandó gente a seguirme, así que la situación es difícil”. “Nuestros compañeros de la salud se enferman y fallecen, no se están pagando los sueldos, no tenemos insumos. El gobernador nos persigue y denuncia penalmente por contar la verdad. Hablan de curva aplanada y no hacen testeos”, sostuvo el médico.
Recordó en este sentido que una enfermera de San Pedro que viralizó un video sobre la situación crítica de la terapia intensiva fue denunciada penalmente. “El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y el intendente de San Pedro dijeron que le iniciaban carpetas administrativas, judicial penal a las enfermeras contratadas”, enfatizó Gaspar haciendo referencia al hostigamiento que reciben los trabajadores en primera línea. Y lamentó que a “las trabajadoras (a la enfermera del video a y a la enfermera que la filmó) no les renovaron el contrato”.
Gaspar anunció que se presentará el lunes próximo en la OAJ, "con mi abogado para que responda técnicamente y prepare un escrito político” añadió. Gaspar es miembro de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), de quien recibió apoyo, igual que su colega, Barrera Ruiz, que hace pocos días se recuperó de la covid-19.
Barrera Ruiz fue uno de los que ya declaró en la OAJ. "Fui a ver de qué se me acusaba y me entero que eran dichos periodísticos y me preguntaron si yo ratificaba o rectificaba”, contó. Dijo que ratificó todos sus dichos "con conocimiento de causa y porque estoy en medio de la trinchera”. “Me siento intimidado por el Gobierno de Jujuy”, agregó.
Por otra parte, el diputado Palmieri dejó un escrito dando cuenta de su presentación en la OA y la ausencia de la fiscala Herrera. “Es una citación ilegal”, afirmó. Así también pidió que se le informe por privado, recurriendo a sus fueros, si la citación era en carácter de acusado, investigado, testigo o de denunciante y que se responda por escrito la situación de corrupción a la que hace referencia la OAJ. Solicitó el expediente y realizó una denuncia por persecución política.
Palmieri dijo que no podrá presentarse en estos días porque se traslada al interior cumpliendo su rol de legislador viendo la critica situación por la pandemia y que por ello responderá por escrito.
Denuncias archivadas
Palmieri reclamó que “así como la OAJ investiga a opositores, que también avance con las serie de denuncias presentadas".
Y enumeró: denuncias por la privatización de la salud, si se investiga a Morales por sus dichos acerca de que "tenía conocimiento de las valijas que iban a Buenos Aires" durante el gobierno de Eduardo Fellner.
"Queremos saber si van a investigar el tema de la apropiación de un menor de la señora Falcone, qué pasó con la entrega de las viviendas sin techo, sin puertas y (sin) los servicios correspondientes, qué pasó con el tren, qué pasó con Cauchari, mil millones de dólares y no sabemos qué pasó con Cauchari; cuál es la justificación de los fondos del autocine, lo mismo que está pasando con las investigaciones que se están llevando a cabo respecto de las plantaciones de marihuana, qué pasó con el centro de transferencia de la provincia de Jujuy para las adjudicaciones, lo mismo con el plan Jujuy Asiste y Reactiva, qué pasó con las escuelas y los 300 millones de dólares que llegaron o que se autorizaron por parte de la Legislatura para tomar los préstamos", destacó. Añadió que como estos interrogantes hay "un sinfín de cuestiones que nos gustaría que esta misma Oficina investigue como nos investiga a los que pensamos distinto”.
Las convocatorias de la OAJ motivaron un comunicado de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), que las repudió por entender que "constituye(n) un ataque a la libertad de expresión y pretende(n) cercenar la posibilidad de denuncia ante un Gobierno ausente y que oculta la realidad".
"Nos solidarizamos con los trabajadores víctimas de este accionar repudiable en tiempos de democracia y ponemos a disposición las herramientas legales y gremiales para la defensa de los profesionales”, expresó la organización.
Persecución política
La Oficina Anticorrupción de Jujuy fue impulsada en la asunción de Morales en diciembre de 2015 y las denuncias han apuntado a la dirigente social Milagro Sala. Según su ley de creación, es un organismo independiente, encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interarmericana contra la Corrupción.
Durante el acto de asunción, el gobernador Morales señaló que la flamante jefa de la OAJ, designada por decreto del Poder Ejecutivo, venía de cumplir funciones como procuradora de la Provincia "con un gran desempeño".
Asimismo, destacó su trayectoria, vinculada a la Unión Cívica Radical, y en particular "la honestidad con la que desarrolló sus funciones, lo que le va a permitir -dijo- cumplir con la tarea que hay que cumplir en la Oficina, que es tan importante y sirve para garantizar la transparencia".
La designación de Herrera en la OAJ fue cuestionada, ya que el cargo debía ser ocupado por un integrante de la oposición para controlar la gestión de gobierno actual.