El recuerdo emocionado de los familiares secuestrados, desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico militar, la reivindicación de los ideales y la acción política de esas personas, el sueño de una sociedad más justa, la importancia de la militancia amorosa, persistente, el valor de lo colectivo, y de los afectos y la amistad. De todo eso se habló ayer durante el conversatorio virtual organizado por la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet para recordar los 44 años de la Masacre de El Gallinato y otros crímenes cometidos por el terrorismo estatal en septiembre de 1976.
El fiscal federal Eduardo Villalba, invitado a participar del intercambio virtual, empezó contando que para prepararse repasó los hechos y se emocionó. "Como represento e integro el Estado pienso en el atroz silencio que debieron soportar”, dijo dirigiéndose a los familiares de la víctimas. Primero, fue el Estado terrorista del 76 hasta el 83 y luego las leyes de obediencia debida y punto final, que “provocaron diez años más de silencio”. "Yo como integrante de la Justicia estoy avergonzado", se disculpó.
El fiscal volvió varias veces sobre esa vergüenza por la indiferencia del Estado, de otros agentes estatales, frente a los padecimientos de las víctimas. Recordó que la investigación de estos crímenes “no fue fácil, ni siquiera cuando empezamos por el año 2000 con el habeas data”, proceso que fue "tan criticado" y del que Villalba participó como fiscal.
El fiscal recordó que en la Justicia Federal “nadie los quería atender” a los familiares y querellantes, “la indiferencia era el común denominador”. La excepción fueron el mismo Villalba y la fiscala auxiliar Paula Gallo, “y tenemos la suerte de diferenciarnos en ese aspecto”.
El fiscal intercambiaba pareceres con la histórica referente de derechos humanos Lucrecia Barquet y el abogado David Leiva, otro referente. “Empezamos a ver que esto (el Juicio por la Verdad) no era suficiente”, contó. Reconoció que "inconscientemente" había empezado a prometerle a Barquet, de quien era amigo y que estaba ya enferma, que "iba a promover acción penal” al menos contra quienes habían ocupado puestos de decisión durante la dictadura en Salta y que ella iba a poder verlo.
Un día, cuando llegó a la Fiscalía, se encontró con los familiares que lo esperaban para pedirle que promoviera la investigación de los jerarcas del régimen en la provincia. "En mi fuero íntimo sentía que quizá iba a ser lo último que yo haciera” como fiscal federal, "yo digo: me van a terminar echando, aparte que recibí el consejo de un sinnúmero de personas” advirtiéndole que no era posible promover acción penal porque las leyes de obediencia debida y punto final lo impedían. A pesar de estas prevenciones, Villalba avanzó con la acusación, “con timidez”. No solo había que pedir la acción penal, sino la nulidad de las leyes”, era “el único camino jurídico”, recordó.
Villalba destacó la lucha de los organismos de derechos humanos, dijo que ha habido un proceso en el que se incorporaron principios "que ya nadie discute”, como ejemplo, recordó que el gobierno de Cambiemos intentó "volver sobre sus pasos y no lo pudo hacer” debido a la movilización popular.
Por otro lado, reconoció que tuvo miedo cuando le tocó acusar a "un siniestro a un sádico de la policía", dijo que temía salir a la calle y que llegó a sentirse solo también. "Yo, como un actor del Estado, les puedo decir que sin ustedes no lo hubiera hecho, lo cual me avergüenza más todavía”, dijo a las familiares que participaban del conversatorio.
Recordó las trabas que pusieron los operadores de la Justicia en las causas de lesa humanidad, a tal punto que la primera que llegó a juicio fue la abierta por el secuestro y desaparición el escribano Aldo Melitón Bustos, "que llega casi de casualidad, que se les escapó”. “Y ahí estuvieron ustedes dando fuerza”, dijo a las parientas de víctimas. Particularmente, recordó "la fuerza de Nena" Madozzo. “Me agarraba la mano y me daba la confianza para ir al frente”, sostuvo.
Nena era cuñada de Héctor Gamboa y de su mujer, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, secuestrados la madrugada del 24 de septiembre de 1976 de su casa en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Salta. La hija del matrimonio, Mariana Gamboa, fue una de las expositoras en el conversatorio.
Ya sobre los juicios orales, Villalba destacó que cuando se trata de delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana le da un valor absoluto a los testimonios.
Los juicios reparadores
Mariana Gamboa destacó los juicios orales como "procesos reparatorios" para las víctimas y las familias de las víctimas, porque "habilitaron la palabra de gente que esperaba poder hablar".
Hay evidencias de que los padres de Gamboa fueron asesinados en el Abra El Gallinato, en el departamento La Caldera. Mariana dijo que este debate, y la acción de los familiares, permitió también habilitar la palabra de los pobladores de esa zona rural, que habían escuchado los disparos o las explosiones, o visto cuerpos u operativos de las fuerzas y no habían podido hablar sobre ellos en ninguna instancia.
"Queda muchor por hacer", sostuvo Mariana, entre otras cosas, "necesitamos construir un Estado y fuerzas de seguridad para la democracia". Además, la defensa de los derechos humanos sigue vigente "mientras haya un pibe muerto por la Policía de Salta", haya desalojados, niñas secuestradas por redes de trata, comunidades indígenas víctimas de desmontes.
María José Loto, hija de Daniel Roberto Loto, que militaba junto al matrimonio Fernández-Gamboa y fue desaparecido esa misma madrugada de septiembre, sostuov que la justicia debe empezar "a prender motores" para investigar los delitos sexuales que se cometieron en el marco del terrorismo estatal.
Cristina Cobos, hermana del estudiante secundario Martín Cobos, asesinado la madrugada del 25 de septiembre del 76, por una patota policial, recordó este hecho reflexionando que su familia, y los 30 mil desaparecidos, fueron atacados por su militancia, que en su caso consistía en llevar ayuda a barrios vulnerables. "Nosotros éramos números para los genocidas”, ellos entraban a las casas y mataban a alguien, sostuvo antes de afirmar que “Martín nos salvó la vida a nosotros”.
Tras describir a su hermano, contó que “no hay un día que no lo recuerde”. “Me invade la angustia de no haberlo podido ver” en su vida, con una familia, relató. También recordó a otros desaparecidos en septiembre, como Sylvia Aramayo. “Los compañeros son nuestra bandera. Son y serán”, cerró.
"Qué difícil era antes lograr la detención de los militares, y ahora qué difícil es lograr la detención de civiles” que participaron de la dictadura, sostuvo a su turno la abogada María José Castillo, querellante en causas de lesa humanidad e integrante de HIJOS Salta.
Castillo destacó que “hay una barrera (para seguir con los procesos penales) que es la edad biológica de los imputados”, dado que muchos están muriendo o no están en condiciones de afrontar un proceso penal. "Entonces decimos qué viene después de los procesos penales”, interrogó. Y consideró que deben agilizar la búsqueda de los desaparecidos, cuyo destino se desconoce por el pacto de silencio de los represores. “Los genocidas no rompieron ese pacto de silencio, por eso también no hay ese perdón que por ahí se busca, porque no hay un arrepentimiento", afirmó.
