La repetición de marchas de Juntos por el Cambio, como la del miércoles en Tribunales, con el cardumen estrafalario y agresivo que convocan, se ha vuelto cada vez menos influyente. La sociedad se acostumbró a esos discursos exaltados y fuera de caja y los colocó en el estante de la rutina. Cuando el abuso ya produjo acostumbramiento, el peligro es creer que esas performances del grotesco equivalen a ganar la calle en un sentido político. En particular, el riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido. Por otro lado, la sobredosis de marchas y periodistas inflamados muestra el lanzamiento de la oposición al año electoral.

“La estrepitosa caída de la imagen presidencial” fue el título de una columna en La Nación esta semana. Dice que el fenómeno se relaciona con la confirmación del poder de Cristina Kirchner en el gobierno (que no demuestra) y despliegan una encuesta de Synopsis que marca 41 por ciento de imagen positiva para Alberto Fernández. La semana pasada distribuyeron otra de Management & Fit que daba la misma cifra.

La frase de Patricia Bullrich donde les dice a sus correligionarios que la sociedad ya los visualiza como el reemplazo del actual gobierno forma parte de esta estrategia que busca disipar el derrotismo que se extendió en las filas de Juntos por el Cambio, donde muchos decían que se iban del país. La idea de irse después de la derrota fue una expresión de despecho y derrotismo como la del novio abandonado en plena boda.

La derecha intenta capitalizar un clima raro en la sociedad que está más relacionado con la pandemia que con las marchas piruchas de los anticuarentena. Después de haber acompañado en forma masiva las decisiones del gobierno resulta evidente el agotamiento por una larga cuarentena que prácticamente ya no se respeta. No es una cuestión de razonamiento. Es el cansancio por un lado y al mismo tiempo el miedo a contagiarse. Es la mezcla que se produce en la calle. A los que se suman los que tienen la necesidad de trabajar.

Al principio de la cuarentena, transgredirla era una cuestión ideológica. Ahora es más por cansancio. Muchos de los que salen a la calle, en su fuero interno piensan que no tendrían que hacerlo. En esas escenas de bares con parroquianos sin barbijos ni distanciamiento social se reproducen comportamientos por imitación más que por convicción.

Son mundos opuestos y esquizos: el de estas actitudes sociales, el de las marchas de los anticuarentena, el de la población de riesgo que mantiene las precauciones contra el contagio y el mundo de los trabajadores de la salud desquiciado por el nivel de contagio y muerte. Son universos diferentes, que tienen poco contacto entre sí pero que se contraponen en muchos aspectos.

En contra de lo que opinan kirchneristas y macristas, las marchas anticuarentena son piantavotos. El ciudadano entre conservador y moderado, que oscila con su voto, rechaza el negacionismo de la enfermedad mezclado con el odio político.

Pero ese escenario de mundos tan separados y opuestos da una resultante mayoritaria de confusión y temor, ya sea por la enfermedad, como por la situación laboral y económica. No es un panorama cómodo para el gobierno, cuando las cifras de contagios y muerte se han disparado en todo el país.

Cada uno de esos mundos tiene su reclamo. Resulta enervante escuchar a algún dirigente de la oposición decir estupideces como “recuperar la libertad” cuando se refieren a la cuarentena. Pero hay allí un reclamo. Otros que reclaman trabajar o recuperar una rutina con sus seres queridos. Y el mundo de la salud, el de los enfermos y el de la población de riesgo, a su vez exige lo contrario. Si se satisface uno, se perjudica al otro, cualquiera sea la elección.

La contradicción estimula una decisión perversa a favor de la inercia de la mayoría hacia el levantamiento de las precauciones, como de alguna manera hace el gobierno de CABA. Esta decisión tiene un núcleo de crueldad que lleva implícito el consejo que le dio Mauricio Macri al presidente Alberto Fernández: “que se mueran los que tengan que morirse”: mayores de 60 años, o menores de esa edad con diabetes, obesidad, cardíacos, asmáticos, inmunodeprimidos o con otras enfermedades, trabajadores de la salud e incluso algunos jóvenes y niños que han sido víctimas de la pandemia.

Hay una tensión muy fuerte entre el instinto social y el de sobrevivencia, necesidades primarias, que van más allá de la conciencia individual. Y no existe una respuesta contundente como fue la cuarentena al principio de la peste. En ese panorama de riesgo y confusión, al gobierno sólo le queda una actitud muy contenedora que proteja y resguarde al máximo a los trabajadores de la salud, que mantenga la cuarentena de la población de riesgo y que permita que la población que sale de la cuarentena para socializar o trabajar, mantenga las medidas de precaución y no las abandone por imitación o comodidad.

La sociedad está más enfocada en esa problemática que en los incidentes de la política. Esta semana se produjo el hallazgo de más evidencias sobre la red de espionaje usada en forma sistemática durante la gestión de Mauricio Macri. Fue una herramienta antidemocrática de su gobierno que llegó a vigilar a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

En vez de abrazar y dar consuelo, el gobierno mandaba espiar a los familiares de las víctimas del submarino que se hundió en el cumplimiento de una misión ordenada por ese mismo gobierno. Además de antidemocrática, tiene ribetes perversos y paranoicos. Los familiares vigilados confirmaron que tenían esa sospecha. Macri nunca se reunió oficialmente con ellos, pero los hacía vigilar como si se tratara de enemigos de la patria. El espionaje es una herramienta de gobierno sólo en las dictaduras.

No es una denuncia que inicia una causa. Es la confirmación de un hecho. Lo que se difundió no fueron las denuncias, sino las evidencias. Esos familiares fueron espiados.

Desde la recuperación de la democracia no existen antecedentes tan categóricos de un gobierno que haya utilizado esta herramienta ilegal en forma sistemática y permanente como durante el gobierno de Macri. No es un problema del actual oficialismo, también lo es de la oposición macrista. Hay legislación que viene de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Cristina Kirchner que prohíben esta práctica propia de las dictaduras.

El espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan es una acción tan canallesca como en su momento lo fue con los familiares de las víctimas de la AMIA, en la que también estuvo involucrado Mauricio Macri. Juntos por el Cambio ha preferido mirar para otro lado. Si no son capaces de repudiar esta metodología, la sociedad puede esperar que la repitan si vuelven a ganar las elecciones.

Se crea así una democracia desigual donde un sector puede designar jueces por decreto y el otro ni siquiera lo puede hacer por la vía institucional y donde el mismo sector espía a mansalva a la oposición y hasta a sus disidentes, y el otro le saca a los espías los gastos reservados. Las conductas políticas de Juntos por el Cambio se alejan cada vez más de la convivencia democrática. Demonizaron al adversario y lo presentaron como delincuente para promover un discurso de odio hacia los que no piensan como ellos. De esa manera justifican una línea de actitudes antidemocráticas, como la designación irregular de jueces adictos o un esquema de espionaje sistemático sobre la sociedad.

Si no están dispuestos a convivir en forma democrática y eliminan esas prácticas, esa estrategia solamente puede desembocar en violencia o en situaciones golpistas.