La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, tomó esta semana nuevas declaraciones testimoniales en el marco de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní y a otros tres policías, acusados por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza, contra el joven Luciano Diez. 

En ese sentido, los policías Sergio Argañaraz y Juan Giménez, declararon que fueron presionados por el comisario para actuar en contra de Diez.

Estos dos efectivos policiales cumplen funciones en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia y junto a Julia Díaz, están imputados por los mismos delitos que Mamaní, sin embargo, intentan desprenderse de las acusaciones responsabilizando al comisario.  

Argañaraz y Giménez señalaron que fueron "presionados por Mamaní". El abogado que los representa, Alejandro Achtar, insistió este viernes con el pedido del cese de la prisión preventiva esgrimiendo el principio de "inocencia" de sus defendidos y la imposibilidad de que se den a la fuga o entorpezcan el proceso porque son "subalternos" y porque tienen arraigo y familia en Apolinario Saravia.  

"El Ministerio Público Fiscal no tiene pruebas para condenar a mis defendidos por los cargos que se desprenden de la carátula y nunca las tuvo tampoco para tenerlos privados de la libertad", sostuvo Achtar.

El abogado afirmó que el único que podía disponer la privación ilegítima de la libertad a Diez era Mamaní,  que sus defendidos eran "subalternos" y que cumplen "órdenes impartidas por sus superiores en la creencia de que están enmarcadas en la legalidad". Además el letrado negó las otras acusaciones. 

En cuanto al delito de falsedad ideológica, planteó que Gimenez y Argañaraz fueron "víctimas de un plan maquinado y orquestado desde el manejo indiscriminado de las cuestiones administrativas" por parte del comisario Mamaní y que fueron estafados por éste, quien los hizo firmar papeles sin nombre. Achtar dijo que sus defendidos fueron amedrentados por Mamaní y el que era su anterior abogado defensor, para declarar según lo que les ordenaba.

Díaz por su parte se encuentra con prisión domiciliaria, el juez de garantías Héctor Sebastián hizo lugar a su pedido porque es madre de un niño. El magistrado también dispuso la libertad para el policía Franco Vizgarra, decisión que fue apelada por la fiscala. 

Esta semana, además, el Juzgado de Garantías 1 de Anta, rechazó el pedido de domiciliaria que hizo Mamaní, y dispuso que se mantenga la prisión preventiva, por lo que continuará alojado en la División Caballería de la Ciudad de Salta.

La fiscala penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Mamaní, quienes sin motivo alguno realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados lo privaron ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que los autorizaran para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los policías son acusados de haber armado una causa penal, en la que el comisario Mamaní formuló una denuncia en contra de Diez por el delito de atentado a la autoridad. Además, durante el traslado de Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo habrían sometido a malos tratos físicos y psíquicos.

El 6 de agosto la fiscala penal de Derechos Humanos imputó también al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de la delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso un sumario instruido por la fiscala María Celeste García Pisacic. A raíz de estos hechos, luego de una auditoria en la que encontraron más irregularidades, Cornejo ordenó el cierre de esa delegación fiscal en la localidad.