Asistimos por estos días a debates, promovidos por los grandes medios de comunicación, sobre la viabilidad, oportunidad, validez e importancia de lo que muchos, gracias a un eufemismo belicoso, denominan impuesto a la riqueza pero que no es otra cosa que un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” tal cual reza en el proyecto de Ley que hoy se está debatiendo en el Congreso.

Según lo que se expresa en estos días, ¿por dónde pasa el debate puertas afuera de la cámara? ¿Es un debate de fondo o son bombas de humo para transformar lo particular y específico en algo general y de amplio alcance? Sería imposible responder desde esta humilde reflexión cada argumento falaz de los que han circulado y circularán, sin dudas, hasta que la Ley se apruebe. Luego vendrán las escenas ya vistas de los siempre bien dispuestos “jueces” y fiscales que intentarán ponerle freno a la voluntad popular y mandar al olvido el más celebre aporte de Montesquieu a la democracia.

Pero vamos de a poco y tratando de echar luz allí donde las aguas son agitadas para imponer una nebulosa inexistente.

Sin ánimo de repetir argumentos ya vertidos por otros y otras de mejor manera en diferentes medios sobre la estructura tributaria de nuestro país, es bueno repasar y, al mismo tiempo, desmontar falacias.

La primera gran mentira reiterada como verdad absoluta es que “nuestro país tiene una presión fiscal de las más altas del mundo”. Esto es repetido en forma majadera por “sesudos” analistas en TV y diarios. Incluso por algún desinformado dirigente sindical. Lo real es que esto es una absoluta verdad a medias. Argentina tiene una necesidad de recaudación, en porcentajes, cercana al 30%. (Aclaración: No es presión fiscal, es necesidad de recaudación para sostener el funcionamiento del Estado y sus políticas públicas). Este porcentaje se obtiene consolidando impuestos municipales, provinciales y nacionales y está muy por debajo del 40% que presentan los países desarrollados.

Otro punto central a analizar es el sesgo tremendamente regresivo que tiene el sistema tributario argentino. Nuestro sistema no grava de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Los impuestos indirectos, vinculados mayoritariamente al consumo, representan en Argentina y según datos de OCDE cerca del 48% de la recaudación mientras que los impuestos directos, asociados a la renta personal, ganancias corporativas y patrimonio apenas alcanza el 20% de la recaudación.

Sin embargo, así como el impuesto a las grandes riquezas no es un invento argentino, la regresividad del sistema tributario tampoco lo es. Nuestra América Latina, desigual, empobrecida, endeudada, deja que sus mil millonarios operen vía ciertos sectores de la clase política y las grandes corporaciones mediáticas para seguir sosteniendo y profundizando sistemas tributarios absolutamente contrarios a las necesidades de financiamiento de nuestros países. En la región, el promedio de necesidad de recaudación (o presión fiscal) sobre PBI está en el orden del 23% mientras que en los países de la OCDE llega al 34%. ¿Cómo alcanzamos un desarrollo sostenible con estos magros números de recaudación de impuestos? ¿Cómo se puede financiar un desarrollo con inclusión sin recursos?

La segunda gran falacia en la que incurren algunos opinadores es la aparente inconstitucionalidad de la Ley que se discute. Hoy estamos debatiendo en Argentina no solo un aporte de los dueños de las grandes riquezas, sino que se trata de una disputa por el poder real. Y son muchos los argumentos en la línea de que esta contribución podría violar principios constitucionales, como por ejemplo de legalidad, o ser confiscatorio o incluso desproporcionado. Nada de eso. Este aporte ya de por sí no es un impuesto, es, como decimos, un aporte. Y si se aprueba, dicha Ley emanará del Congreso de la Nación como toda norma y, por tanto, con legitimidad absoluta. Tampoco es confiscatorio ya que los bienes no pasan a manos del Estado, siguen en poder de sus legítimos dueños. Ni es en absoluto desproporcionado porque se corresponde con la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados.

Que quede claro: No estamos hablando de la clase media, ni de los pequeños y medianos comerciantes y/o empresarios, etc. Estamos hablando de solo 11 mil personas con abultadas fortunas. Estamos hablando de cambiar una mínima porción de sus privilegios por una enorme ampliación de Derechos para la población.

La tercera gran falacia, al menos desde nuestra mirada, es la idea de que “los impuestos espantan inversiones”. Creo que en nuestro país ha quedado demostrado, después de 4 años de desregulación friendly, que flexibilizar las defensas del sistema financiero y ampliar beneficios tributarios tampoco las atraen.

Pero hay otro tema que tenemos que empezar a debatir seriamente. Argentina necesita una reforma tributaria profunda y basada en amplios consensos. Es inadmisible que, según datos de la Tax Justice Network, nuestro país haya perdido en 2016 cerca de 24 mil millones de dólares por evasión de impuestos de empresas multinacionales, lo que equivale a 4.4% de su PBI.

Claro que solo con esta Ley no resolvemos el problema de fondo. La planificación fiscal de carácter agresiva que practican las empresas multinacionales y sus aliados locales mediante la utilización de abogados y contadores de prestigiosas firmas globales y la explotación de “lagunas legales” en los acuerdos tributarios entre países, abona a la evidencia de que esas empresas, esos holdings globales, cuando deciden poner un dólar en cualquier punto del planeta es porque ya saben de antemano qué impuestos pagarán y por cuánto dinero.

América Latina pierde anualmente 6.1% de su PBI por evasión de impuestos y casi un 5% por otorgamiento de beneficios tributarios, según datos de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la Red Latindadd. Sin embargo, existen herramientas para combatir este fraude. Necesitamos poner el tema de la justicia fiscal en boca de todos. La cooperación mediante la firma de intercambios de información fiscal, de reportes de actividad de las empresas país por país, mediante un sistema regional integrado sobre la base de registros públicos de beneficiarios finales entre países es clave e indispensable.

Necesitamos además involucrar a todos los actores sociales con capacidad de movilización sobre estos temas. Mujeres, jóvenes, indígenas, movimientos sindicales, DDHH, etc. Necesitamos una campaña continental por un impuesto a las grandes riquezas.

La puja de poder en una sociedad se cristaliza en su sistema tributario. Es hora de cambiar las reglas fiscales. Es hora de gravar la riqueza extrema, es hora de que paguen más quienes más tienen. Es hora de reducir privilegios, no derechos.

Adrián Falco, es secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, Fundación SES.-