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"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos" es el grito desgarrador que hace seis años repiten las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos partieron en cinco colectivos rumbo a una actividad para recordar a los caídos en la masacre estudiantil de Tlatelolco. Nunca llegaron a destino. Ya son seis años sin justicia en un caso que pudo haberse resuelto en los primeros días si de la investigación no hubiera participado activamente el expresidente Enrique Peña Nieto, señalan organismos de DD.HH. y familiares de desaparecidos. Bajo su órbita se permitió la tortura de testigos y la liberación de sospechosos, lo que derivó en la construcción de una "verdad histórica" que hace agua por todas partes.
La versión oficial de los hechos indicaba que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de una banda narco, los Guerreros Unidos. Estos los habrían asesinado y luego incineraron sus cuerpos en un basurero en Cocula. Pero la identificación de los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a 800 metros del lugar señalado fue un golpe de nocaut a esa versión. Ahora, los familiares de los desaparecidos exigen más avances en la investigación y agradecen la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado presentó un informe del caso y anunció que hay 70 órdenes de captura emitidas contra miembros de la policía federal y del ejército involucrados en la desaparición de los estudiantes.
"Peña Nieto nos recibió muy mal. Fueron cuatro años de mentiras. Desde que llegó nos obligó a manifestarnos en las calles porque quiso cerrar el caso con su mentira histórica. Dijeron que nuestros hijos fueron incinerados en el basurero de Cocula con todas sus pertenencias. Pero gracias al trabajo del Centro Prodh, de Serapaz y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descubrimos que los teléfonos estuvieron activos después de los hechos, que estuvo presente en el lugar la policía y el ejército mexicano", asegura en diálogo con Página/12 Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
La llegada de López Obrador a la presidencia trajo consigo la esperanza de avanzar en la causa. El cuatro de diciembre de 2018 se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Fue un pequeño gran gesto a apenas cuatro días de asumir la presidencia. Pero fundamentalmente fue la aceptación de los familiares de las víctimas como parte necesaria del proceso de investigación. Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro Prodh, sostiene: "Con el nuevo gobierno el caso dio un giro. Su voluntad ha dado como resultado que se siga confirmando que la búsqueda de los 43 y la investigación de los responsables fue deficiente y se cometieron delitos".
El derrumbe de la verdad histórica
El avance más significativo de estos últimos meses fue la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Su cuerpo fue hallado lejos del basurero señalado por el gobierno de Peña Nieto como pieza central de su relato. En una diligencia llevada a cabo por la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa entre el 20 y 28 de noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, municipio de Cocula, se localizaron más de cien fragmentos óseos. En el análisis de esas muestras fue clave la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Previo al análisis de los restos de Rodríguez, sólo habían sido identificados otros dos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero, en el basurero de Cocula y en medio de fuertes irregularidades procedimentales.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes, resaltó que aunque el gobierno mexicano "muestra voluntad para llegar a la verdad, permanecen células de corrupción en el poder judicial". Se refirió en ese sentido al "soborno que recibió la juez que liberó al Mochomo", seudónimo con el que se conoce a José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos. En declaraciones testimoniales, Mochomo confesó haber dado la orden de matar a los estudiantes.
Otro personaje clave en la estructura de impunidad de la causa es Tomás Zerón. En junio, Interpol emitió alerta roja para facilitar la captura internacional del jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal. Zerón estuvo a cargo de la investigación inicial de los normalistas y cuando se pidió su detención huyó del país. Está acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos. El pasado 14 de septiembre, el presidente López Obrador aseguró que Zerón se encuentra en Israel, por lo que el gobierno mexicano le exigió a las autoridades israelíes que colaboren con su extradición.
¿Qué pasó el 26 de septiembre?
El viernes 26 de septiembre de 2014, alrededor de cien estudiantes de la Rural Isidro Burgos buscaban colectivos para trasladar a la Ciudad de México a decenas de normalistas el dos de octubre. Ese día se conmemoraban 46 años de la masacre de Tlatelolco, donde militares y agentes parapoliciales reprimieron ferozmente una protesta estudiantil dejando un saldo de al menos 300 muertos. "Hay que entender que lo del 26 se dio de manera fortuita, pues en la mañana y en la tarde los chavos intentaron tomar autobuses en Chilpancingo y no pudieron, por lo que decidieron, en lugar de regresar a la escuela con las manos vacías, dirigirse hacia Iguala", sostiene en diálogo con este diario Omar García, sobreviviente y exmiembro del Comité Estudiantil de la escuela de Ayotzinapa.
Esa noche un primer colectivo salió de la Central Estrella Blanca de Iguala ubicada cerca del centro de la ciudad. Llevaba a bordo entre 15 y 20 estudiantes según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 14 de abril de 2016. "La policía empezó a tratar de detenerlos disparando al aire, pararon por el centro interpretando que iban a boicotear un evento del alcalde municipal (José Luis Abarca). Pero no era así, los chavos estaban tratando de salir de Iguala", recuerda García.
"Los interceptan, los balacean e hieren a uno de mis compañeros que todavía sigue en coma, suben al resto a los patrulleros y se los llevan. Por otro lado hay ataques a otros autobuses y persecuciones en los cerros", advierte el exdirigente normalista. Los estudiantes presentes esa noche en la normal Isidro Burgos se acercaron al lugar de los hechos ante el pedido de ayuda y organizaron una rueda de prensa "donde habían balaceado a los chavos y llevado a muchos de ellos, y otra vez la balacera y a correr". En total fueron cinco los colectivos atacados. Seis personas fueron asesinadas, 40 resultaron heridas y 43 estudiantes continúan desaparecidos desde aquel día.
La agresión a los estudiantes debió haber sido captada por seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia, último lugar donde se los vio con vida. Esas filmaciones no aparecen. En paralelo, los familiares de los desaparecidos piden que se investigue a los militares implicados. Para Cristina Bautista Salvador, exigir justicia es honrar la memoria de su hijo Benjamín: "Era un joven que estaba siempre contento. Entró a la normal para ser alguien en la vida, pero no pudo cumplir su sueño porque el gobierno lo desapareció".
