Desde París. La vacuna para neutralizar el Covid-19 es el mesías del Siglo XXI. Hay quienes definen su investigación y producción como una competencia feroz entre Estados y grupos farmacéuticos, otros la analizan como una oportunidad política o un argumento de influencia geopolítica mundial (soft power). En medio de esta reyerta planetaria hay grupos que buscan un equilibrio y tratan de federar a los Estados para proveer la vacuna a los países más pobres. Es el caso de Covax (Covid-19 Vaccine Global Acces, Aceso Mundial a la vacuna contra el Covid-19). Se trata de una iniciativa que agrupa a 156 Estados (64 ricos) y que forma parte del Acelerador ACT, un dispositivo creado por la ONU y destinado a facilitar el acceso a las herramientas de lucha contra el Covid-19 (diagnóstico, tratamientos, vacunas). ACT está compuesto por gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, organismos filantrópicos y organizaciones multilaterales. Los fondos recaudados por Covax están muy lejos de responder a las necesidades mundiales. De los 32 mil millones de dólares necesarios se recaudaron sólo 2,5 mil millones. En las Naciones Unidas, América Latina y Australia reclamaron un acceso libre a las vacunas mientras que Estados Unidos, Europa y Japón y otro pequeño núcleo de países ya se han reservado más de la mitad de las dosis que saldrán al mercado. Esa es la posición que defendió el presidente Alberto Fernández en su primer discurso ante Naciones Unidas: "La vacuna contra el coronavirus tiene que ser un bien público global", dijo el jefe del Estado. La realidad competitiva está muy lejos de cumplir con ese enfoque. Suerie Moon, codirectora del Global Health Center del IHEID (Instituto de altos estudios internacionales y del desarrollo) con sede en Ginebra, dijo al diario Le Monde que “a algunos países ricos les cuesta renunciar a una parte de los recursos disponibles para ellos y ayudar a los otros”

En muy poco tiempo se pasó de la retórica solidaria a otro escenario: “Japón First”, “América First”, “Europa First”. Suerie Moon advierte que “muchos países ya se reservaron la mejor parte de la torta mediante acuerdos bilaterales. Pero la torta no es infinita”. La pandemia, por ahora, no tiene fin: 993.438 muertos (hasta ayer) desde diciembre, 32.622.490 millones de personas infectadas, de las cuales 22.360.200 están consideradas como “curadas”. En la última semana hubo 295.000 nuevos casos por día, lo que equivale a un tres por ciento más que la semana anterior (22 por ciento más en lo que atañe a Europa). El desarrollo de la vacuna se ha convertido en un “winning shot” (disparo ganador o tiro al blanco si se quiere) según la formula empleada por el escritor y columnista financiero británico Matthew Lynn. En este “winning shot” participan la China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania, Rusia más los otros países como México, Brasil o la Argentina que, mediante acuerdos con laboratorios, transferencia de tecnología o investigación local, se adentraron en la investigación y desarrollo de la vacuna. El antídoto, no obstante, sigue siendo un mesías reservado a la mesa de las potencias. El pasado 16 de septiembre, la ONG Oxfam publicó un informe con datos actualizados sobre la jerarquía de la vacuna: un grupo de países que representa el 13 por ciento de la población mundial se garantizó, con la firma de contratos, el 51 por ciento de la entrega adelantada de la vacuna. El grupo AstraZeneca y la Universidad de Oxford han firmado hasta hoy el mayor porcentaje de contratos públicos. Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la norteamericana Moderna, el laboratorio chino Sinovac y el instituto ruso Gamaleïa vendieron por anticipados cientos de millones de dosis (incluido los pactos con fabricantes locales). En total, 5,3 mil millones de dosis están ya comprometidas con los laboratorios cuyas pruebas pasaron la fase 3. Estados-Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Suiza, Israel, Japón, Hong Kong y Australia son, según la ONG, los mayores acaparadores de la vacuna. ”El acceso vital a las vacunas no debe depender del lugar donde se vive, ni del dinero de que se dispone”, lamenta Robert Silverman, miembro de Oxfam América. En el resultado de su análisis cruzado, Oxfam escribe: ”Los cálculos exponen un sistema roto que protege los monopolios y las ganancias de las corporaciones farmacéuticas y favorece a las naciones ricas, mientras que restringe artificialmente la producción y deja a la mayoría de la población mundial esperando más de lo necesario por una vacuna”.

El “nacionalismo sanitario” de las grandes potencias prima sobre el “bien público global”. El egoísmo sanitario es proporcional al rango del país. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni China aceptaron formar parte del dispositivo Covax para facilitar el acceso a los dispositivos contra el Covid-19. Los 156 países que ingresaron al grupo equivalen al 64 por ciento de la población mundial. Pero las dos grandes potencias no están. Sin embargo, los 5 grupos cuyas experimentaciones con la vacuna están en un ciclo muy avanzado carecen de capacidades globales para suministrarla a la población mundial. El informe de Oxfam analizó los acuerdos vigentes y los porcentajes de la producción prevista. Su análisis conduce a la ONG a señalar que “las mismas empresas simplemente no tienen la capacidad de producir suficientes vacunas para todos los que las necesitan. Incluso en el caso extremadamente improbable de que las cinco vacunas tengan éxito, casi dos tercios (61 por ciento) de la población mundial no tendrá una vacuna hasta al menos 2022. Es mucho más probable que algunos de estos experimentos fracasen, dejando a una cantidad mayor de personas sin acceso”. Si las cinco vacunas resultan exitosas se podrían fabricar 5,94 mil millones de dosis, cifra que alcanzaría para 2,9 mil millones de seres humanos (se calcula que harán falta dos dosis por persona). Ya se acordaron suministros por 5.303 mil millones de dosis, de los cuales 2.728 mil millones (51 por ciento) fueron adquiridos por los países desarrollados. Quedan entonces 2. 575 mil millones de dosis cuya distribución fue prometida a los países en desarrollo. Los porcentajes entre las necesidades y la realidad no se juntan. A su vez, hay laboratorios como la biotecnológica norteamericana Moderna que fijô dos precios distintos para su vacuna: entre 12 y 16 dólares en Estados Unidos y 35 en el resto del mundo. La única solución para todos sería que los laboratorios compartan su tecnología sin que medien patentes. El antídoto pasaría entonces a ser “un bien público global” y no un nuevo objeto lucrativo. AstraZeneca adelantó que destinaría el 66 por ciento de su producción a los países en desarrollo y ya se comprometió a entregar 300 millones de dosis al circuito Covax. El Acelerador ACT cuenta con un Covid Tool a través del cual se calculó que la investigación, la fabricación, la adquisición y la distribución de una vacuna para cada habitante del planeta acarrea un costo de 70,6 mil millones de dólares. El presidente Alberto Fernández puso a la Argentina en el circuito de los convenios con los laboratorios más avanzados. Junto a México, la Argentina firmó un acuerdo para producir la vacuna que desarrolló el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El país está entonces en ese espacio que los especialistas llaman “zona de anticipación segura”. No es el caso de naciones mucho más vulnerables. La vida de cientos de millones de personas en el mundo dependo de la ciencia, de la solidaridad y de que la ciencia no funcione como un negocio.

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