Este lunes, con la declaración de la abogada Valeria Carreras, comenzarán las testimoniales en la causa abierta por el espionaje ilegal contra familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Entrevistada por Página/12, Carreras confirmó que en su presentación ante el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, ratificará todas las denuncias presentadas desde abril de 2018. “Las mujeres advirtieron las irregularidades porque intentaban comunicarse por celular con sus maridos desaparecidos, para escucharles la voz en el contestador. Eso demuestra la crueldad de lo que hicieron con ellas”.

Los familiares presentaron cinco denuncias, la primera en 2018 ante el juez federal Daniel Rafecas, la última el 11 de junio de este año, ante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, que lleva la causa por el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. “Nos presentamos allí en base a los antecedentes de Macri, que había realizado escuchas a su propia familia, a los familiares de la AMIA disidente y luego a la familia de Santiago Maldonado, de manera que también podría confirmarse el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan”.

Finalmente, luego de la denuncia específica de la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, respecto del espionaje sufrido en Mar del Plata por los familiares de los tripulantes del submarino, la abogada Valeria Carreras abrirá la ronda de testimoniales ante el fiscal Adler. Ella es querellante, junto con Lorena Arias, en la causa en la que se investigan las razones del hundimiento de la nave, en representación de 26 de los 44 tripulantes del submarino.

Durante la semana, por Zoom, al igual que Carreras, darán su testimonio las primeras mujeres, que son seis, que denunciaron la existencia de “irregularidades” cuando intentaban comunicarse por celular con sus seres queridos, desaparecidos en el fondo del Atlántico.

Cuando se presentó en Lomas de Zamora, el juez Villena le preguntó si no era más probable que, en este caso, el espionaje ilegal lo hubiera hecho la Armada y no la AFI. Carreras le respondió que “podía ser un ta-te-ti, por los antecedentes de Macri” en la materia. La abogada recordó que la primera denuncia fue pública, en el Congreso Nacional, en abril de 2018, en un reclamo que le hicieron los familiares del ARA San Juan al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Recordó que los familiares “le dicen a Aguad que los teléfonos estaban locos, que calentaban, que les desaparecían cosas que luego volvían a aparecer”. Uno de los datos más notorios es que desaparecían las fotos del perfil de los tripulantes cuando intentaban llamarlos “tan solo para escuchar sus voces en el contestador, lo que nos sitúa a qué personas estaban espiando”.

El propio Aguad, ante el reclamo, admitió textualmente: “Eso es grave, hay que hacer una denuncia” judicial. Carreras sostuvo que “nadie hizo la denuncia, ni el ministro, ni los diputados presentes”.

La denuncia fue presentada por Carreras, en ese mes de abril, ante el juez federal Daniel Rafecas. “La presentamos y una hora después entra la denuncia de Aguad. ¿Decime si eso no es estar escuchando lo que hacíamos?”. Agregó que “la prueba evidente de que ellos lo hicieron para no quedar atrasados es que cuando se cerró la causa, el ministro no hizo nada por reactivarla”.

En julio de 2018, reiteraron la denuncia ante el fiscal de Caleta Olivia Lucas Collia “porque las pinchaduras de teléfonos eran muy evidentes, porque todas las preguntas que llevaba Lorena Arias, mi colega, ya las sabían” los marinos que fueron a declarar ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Otra denuncia fue en diciembre de 2018, cuando se comprobaron alteraciones en las cuentas de Facebook de las viudas de algunos de los tripulantes y también los e-mail. “Una de las que tuvieron más problemas con los mails fue la esposa de (Enrique) Castillo, el único personal de inteligencia que estaba a bordo del ARA San Juan”. Carreras precisó que la mujer “por sugerencia de los propios compañeros de su marido, tuvo que cambiar no sólo el número de teléfono sino también el equipo”.

Otra denuncia, que va a presentar en su declaración ante el fiscal Adler, tiene que ver “con el hecho de que uno de los tripulantes del submarino, que estaba 900 metros bajo el agua, tuvo 21 intentos de acceder a su cuenta de e-mail y lo que más nos llamó la atención fue desde qué lugares se hicieron los intentos”. Señaló que algunos sucedieron desde los Estados Unidos, en coincidencia con “la presencia en ese país del vocero de la Armada (Enrique) Baldi”. La abogada dijo que fueron cuatro los intentos de intrusión que se hicieron desde los Estados Unidos.

Carreras explicó que el seguimiento fue tan ostensible que “incluso hay una foto mía en el Concejo Deliberante, en enero de 2018, cuando yo todavía no era abogada de los familiares del ARA San Juan”. Se sospecha de la presencia de “infiltrados” que fingían acompañar el reclamo de las familias, como ha ocurrido en otros casos de gran repercusión pública, como ser en la llamada Masacre de San Miguel del Monte.

Los familiares del ARA San Juan han advertido la presencia reiterada de hombres “vestidos con ropa oscura y el pelo cortísimo, que salieron corriendo cuando ellas los enfocaron con el celular para tomarles una foto”.  Los datos aportados por Carreras a este diario van a ser expuestos en la declaración testimonial que prestará este lunes ante el fiscal Daniel Adler. 

Las otras denuncias

La primera causa, en el juzgado de Daniel Rafecas, fue por la posible comisión del delito de “interceptación ilegal” de las líneas telefónicas de nueve familiares. Las que se presentaron en abril de 2018 eran todas mujeres

Se dio intervención al fiscal Gerardo Pollicita, que solicitó un estudio sobre dos de las líneas al Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. El estudio dio como resultado que uno de los celulares estaba intervenido.

Ante tal comprobación, la doctora Valeria Carreras pidió que se revisaran las otras líneas. Citado por el fiscal, el ingeniero de la UTN a cargo del estudio dio un informe y aseguró que mediante un dispositivo se podía determinar si los demás teléfonos también habían sido intervenidos en forma ilegal.

El fiscal, además, solicitó la intervención de la Dirección de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y le tomó declaración testimonial del inspector principal Maximiliano Méndez, quien descartó la posibilidad de que se pudiera avanzar en la investigación con el dispositivo creado por la UTN.

Otros expertos se manifestaron en igual sentido. Dijeron que la única forma era realizar un estudio técnico sobre los aparatos. Eso no fue posible, porque las denunciantes dudaron sobre tales afirmaciones y no aceptaron entregar elementos que guardaban el último recuerdo de sus maridos. Más de dos años después, la actual interventora en la AFI, Cristina Caamaño, reformula la denuncia y las víctimas del espionaje ilegal tienen abierta la posibilidad de que se investigue a fondo uno de los tantos aspectos oscuros que tiene el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuya causa principal tiene solo seis imputados por delitos menores, en una tragedia en la cual perdieron la vida sus 44 tripulantes.