La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) criticó ayer la decisión adoptada por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, de postergar, por el plazo de 180 días y hasta después de finalizado el actual periodo de sesiones ordinarias del Congreso, la presentación del anteproyecto de ley destinado a unificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078), parcialmente derogadas vía decreto de necesidad y urgencia (DNU 267) por el presidente Mauricio Macri. La CCD denuncia ahora “una nueva afrenta del Gobierno a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia del 8 de abril de 2016, donde se señaló que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión estaban en riesgo por decretos que afectaban las garantías de inclusión, diversidad y pluralismo en las comunicaciones en Argentina”. 

Marca también el comunicado de la CCD que el Gobierno “ha convertido lo provisorio en permanente”. Y agrega que “lejos de buscar el proclamado consenso, el Ejecutivo se dedicó al dictado sistemático de actos administrativos sin sustento legal suficiente, creando un contexto de inseguridad jurídica”. Por tal motivo, dice la CCD, “habrá en 2018 una convergencia para pocos, en sectores sensibles a la democracia y caros a los intereses empresarios como la televisión, la telefonía, la conectividad a Internet y los acontecimientos de interés relevante como el fútbol”, mientras “se agudiza la concentración geográfica de la producción de contenidos en la Capital Federal, cae la producción nacional y se ignoran cuotas de pantallas para contenidos de producción nacional”.

La nueva postergación fue adoptada mediante la resolución 601/2017 del Ministerio de Comunicaciones e implica que el Ejecutivo, mediante resoluciones y decretos, seguirá administrando las comunicaciones en el país sin marco regulatorio alguno y sin la intervención del Congreso. Refiriéndose al DNU dictado por Macri, la CCD asegura que el mismo “gubernamentalizó la autoridad regulatoria, disolvió los órganos de representación federal y sectorial y puso en funciones una administración opaca y arbitraria que gestiona la comunicación como un negocio y no como un bien social”.

La CCD es un frente que reúne a organizaciones de comunicación, universidades, sindicatos, medios y organismos vinculados al tema, y fue la principal fuerza propulsora del proyecto convertido luego en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Cuando esta norma fue derogada por un DNU, la CCD elaboró un documento, denominado “Nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación” que reivindica los principales postulados de la ley aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En abril pasado, la CCD acompañó a otras organizaciones defensoras de derechos humanos en su presentación ante la CIDH para reclamar por la inmediata sanción de una nueva ley que contemple íntegramente la vigencia del derecho a la comunicación. En el comunicado emitido ahora ante la nueva postergación se sostiene que “lo dijimos hace un año y lo reiteramos ante cada acto de gobierno tomado en base al recurso de los decretazos: han convertido lo provisorio en permanente y han invocado el pretexto de la modernización para re-regular en favor de las principales corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones”. Se dice también que “mediante una limitada metodología de consultas y audiencias enclaustradas ganan tiempo para ‘ordenar’ los intereses particulares de un mercado de amigos”.

Según los denunciantes, “el Gobierno está en mora con todos los argentinos y con la CIDH en su promesa de remediar la vulneración al derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”, en tanto el Congreso permanece inactivo y al margen de la toma de decisiones sobre el tema. Para la Coalición, hay “un intento de clausurar la discusión parlamentaria y eludir una elaboración participada de normas con sentido plural que tenga en cuenta los aportes de todos los actores y las particularidades regionales”.

La CCD anunció la continuidad de los debates sobre el derecho a la comunicación buscando aportes a las normas que lo sostengan en ámbitos políticos, sociales, empresariales y sindicales y convocó a una reunión para el 11 de abril en Buenos Aires.