El autogestionado hotel Bauen resistió catorce años y lo sigue haciendo. A pocos días de la fecha que puso la Justicia para que sus trabajadores sean desalojados, fijada para el 19 de abril, el equipo de abogados de la cooperativa Bauen da batalla en tres frentes judiciales con el objetivo de frenar esa medida y de obtener la declaración de inconstitucionalidad del veto del presidente Mauricio Macri a la ley que había declarado al inmueble “de utilidad pública y sujeto a expropiación”. Sin embargo, la única salida concreta para la situación de incertidumbre a la que volvió esta experiencia autogestiva sería la ratificación por parte de ambas cámaras del Congreso de esa ley. “Eso no es una utopía ni una actitud dilatoria por parte nuestra, a la jueza le decimos que es una posibilidad muy concreta que podamos volver a contar con la voluntad del Poder Legislativo de confirmar la norma que expropió al Bauen el año pasado”, dijo a PáginaI12 Ataliva Dinani, miembro del equipo de abogados de los trabajadores. 

“Es un mecanismo que prevé la Constitución Nacional en su artículo 83, que los dos tercios de los diputados y senadores ratifiquen la ley vetada por Macri. Pero la jueza no esperó y dictó la orden de desalojo el 1 de marzo, cuando recién comenzaba el período de sesiones en el Congreso”, agregó el abogado, que pertenece a la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta). Por eso, uno de los frentes judiciales está en el juzgado comercial 9, a cargo de Paula Uhalde, donde presentaron la apelación a la medida que autorizaría el uso de la fuerza pública para el vaciamiento del hotel, a pedido de la empresa Mercoteles. “La decisión de la jueza es prematura porque omite el mecanismo constitucional de ratificación de las leyes que veta el Poder Ejecutivo, y mientras la ley tenga estado parlamentario es posible volver a consensuar con los dos tercios de los legisladores. Al no respetar esto, deja de ejercer un control entre poderes para cometer una ingerencia en otro poder”, explicó Dinani.

Según sostuvo hace pocos días en este diario Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada, la opción que queda es convocar a una sesión especial y conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. El riesgo consiste en que, si no se alcanza esa mayoría especial, el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial. Heller acusa a los diputados de Cambiemos de haberle “mentido a la opinión pública” por haber afirmado que el Estado iba a regalar 30 millones a un grupo de familias. “No es un regalo para la cooperativa, es una inversión del Estado en un activo, un bien inmueble, que los trabajadores podían usufructuar a cambio de ciertas contraprestaciones”, explicó Heller, que además aclaró que la cooperativa compensaría las deudas que la empresa privada tenía con el Estado.

De hecho, el espíritu de la expropiación no es un pase de manos entre privados. “Queremos seguir trabajando, queremos que el hotel sea del Estado y de utilidad pública, no que sea nuestro, porque las puertas están abiertas para los trabajadores, por ejemplo brindamos alojamiento a personas del interior que necesitan venir a Buenos Aires a hacerse un tratamiento médico y no tienen recursos”, contó Eva Lossada, presidenta de la cooperativa que gestiona el Bauen desde 2003. Para enfrentar el desalojo, los trabajadores del Bauen planean una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos para el 6 de abril, y para el 18 y el 19 de abril, un festival sobre la avenida Callao. También lanzaron una campaña en Youtube con el lema “catorce años de trabajo no se vetan, ponete la camiseta del Bauen”, y en el que sus trabajadores dicen: “Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que compró el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los 90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a setenta familias en la calle”. Y también relatan que en estos años lograron hacer una empresa sustentable sin patrones, que sumó 130 puestos de trabajo. 

Los otros dos frentes judiciales están enfocados en sendos amparos con cautelar presentados en la Justicia laboral y en el fuero contencioso administrativo federal, en los cuales cuestionan la constitucionalidad del veto de Macri por no haber respetado los pactos internacionales, incorporados a la Constitución, referidos a los derechos económicos, el derecho al trabajo y a una vida digna. El juzgado donde recayó se declaró incompetente y tal decisión fue apelada por los abogados. Este amparo fue firmado por los legisladores que habían votado la ley de expropiación, junto a Facta, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En tanto, el otro amparo tuvo el mismo resultado y también está apelada la incompetencia de la jueza Liliana Heiland. Ese escrito, en cambio, fue firmado por los trabajadores de la cooperativa Bauen que reconocen la facultad presidencial de vetar una ley, pero sostienen que el Presidente “no la puede ejercer de manera arbitraria ni violando el derecho al trabajo y la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que insta a los Estados parte a promover el funcionamiento de las cooperativas”, explicó Dinani.