El Gobierno traspasó al ministerio de Desarrollo Social la tarea de urbanizar los 4400 barrios populares, retirándola de la órbita de María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, para ponerla en la del Daniel Arroyo. El cambio era esperado por las organizaciones sociales, que tienen a su cargo la secretaría que urbanizará las villas y asentamientos y venían quejándose de que Bielsa, en los nueve meses que lleva de gestión, no usó los fondos disponibles para hacer las obras, a pesar de la gravedad de la crisis habitacional. El traspaso estaba decidido hace más de un mes y se esperaba su publicación en el Boletín Oficial, que se concretó este lunes..

El ministro Daniel Arroyo dijo a PáginaI12, tras la confirmación del traspaso, que hay una decisión política de no demorar más las obras de la urbanización de los barrios donde “cuatro millones de personas viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, en condiciones más cercanas al siglo XIX que al XXI”.

“Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año. Éste es un proceso de diez años, no hay manera de hacer las obras en los 4400 barrios a la vez, en el corto plazo, pero es un proceso para empezar ya”, aseguró telefónicamente desde su casa, donde en estos días está aislado tras haber contraído coronavirus.

Con el traspaso, la Secretaría de Integración Sociourbana, que está a cargo de Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, se mudará a Desarrollo Social. La referente del MTE habló con Arroyo por la mañana. Su secretaría había podido comenzar unas pocas obras, en veinte barrios, pero tiene avanzados proyectos para un centenar de asentamientos distribuidos en todo el país. La ley prevé que un 25 por ciento de la mano de obra ocupada sea del mismo barrio, mediante cooperativas de construcción, por lo que su realización es esperada para reactivar localmente el trabajo.

La urbanización de los 4400 asentamientos y villas censados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) está pendiente desde 2018, cuando fue sancionada por ley, con los votos del oficialismo y la oposición. El expresidente Mauricio Macri la reglamentó en 2019, poco antes de dejar el Gobierno, aunque sin haber hecho las obras ni dotarlas de presupuesto. A principios de este año, con la creación del impuesto PAIS, el gobierno de Alberto Fernández dispuso que un 9 por ciento del impuesto a la compra de dólares para ahorro fuera destinados a un fondo para la urbanización. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) tiene por esto unos 8000 millones de pesos disponibles para las obras. Si se aprueba el impuesto a las grandes fortunas, podría sumar 45.000 millones de pesos, un 15 por ciento de lo que se estima va a recaudarse.

Arroyo agregó a PáginaI12 que la urbanización implica tres áreas de trabajo: "abrir calles, mejorar las viviendas en sus núcleos húmedos, sus cocinas y baños, y en tercer lugar crear lotes con servicios”.

Para la creación de los lotes, la ley habilita al estado a comprar tierras privadas y asignar tierras fiscales, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

Con la ampliación de sus funciones, la estrategia del ministerio en adelante tendrá tres ejes, añadió Arroyo. Una es el Programa Potenciar Trabajo, que unificó los planes sociales para asociarlos a actividades productivas, de cuidado o de capacitación. Son en total 550 mil salarios complementarios, que alcanzan a cubrir --contrariamente a lo que instalan los medios dominantes-- bastante menos del universo de quienes hoy trabajan por su cuenta: apenas a  un diez por ciento de quienes no tienen empleo.  “El segundo es ir hacia un ingreso de base para la gente que se quedó sin poder desarrollar su actividad” por la pandemia, señaló el ministro sobre lo que será la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia, la asignación de 10 mil pesos mensuales que el gobierno está transfiriendo, en la pandemia, a 9 millones de personas; el tercero será la ahora transferida urbanización de los barrios populares.