Desde España

La crisis política que ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida ha escrito un nuevo capítulo. El presidente de la Generalitat (gobierno autonómico), Quim Torra, deberá abandonar su cargo de manera inmediata. El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española, ha ratificado la sentencia de un año y medio de inhabilitación a la que fue condenado el año pasado por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al ser firme la condena y no caber nuevos recursos, Torra deja de ser presidente del gobierno autonómico catalán.

El hasta ahora presidente de la Generalitat se despidió de su cargo este lunes con un breve discurso en catalán e inglés -habitualmente se niega a hablar en español- en el que denunció represión contra los catalanes, defendió la autodeterminación y la independencia y aseguró que la dicotomía es “entre república catalana y monarquía española”.

El escenario más probable es que se opte por una disolución de la cámara autonómica y la convocatoria de unas nuevas elecciones que para Torra deberían ser las de la “ruptura democrática”.

Los hechos que han acabado apartando a Torra de su cargo institucional se remontan a la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019, cuando fue intimado por la Junta Electoral Central a retirar del balcón del Palacio de la Generalitat, en la barcelonesa plaza de San Jordi, una pancarta con el lazo amarillo, el símbolo adoptado por quienes reclaman la puesta en libertad de los políticos encarcelados por su participación en 2017 en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La Junta Electoral fundamentó su exigencia en la necesidad de garantizar la neutralidad de los edificios públicos durante la campaña. Al identificarse el reclamo de libertad de los presos con los partidos independentistas, se rechazó el argumento de Torra de que el lazo amarillo no violaba la imparcialidad electoral.

La sentencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros del Tribunal Supremo, señala que Torra desobedeció las órdenes de la Junta Electoral de una forma «contundente, reiterada, contumaz y obstinada y se negó a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad» siendo plenamente consciente de ello.

El fallo recuerda que Torra, al prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reconoció que hizo caso omiso a los requerimientos. «Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal«, declaró ante el tribunal en noviembre de 2019. La confesión le supuso entonces la condena en primera instancia y este lunes, su retirada de la política hasta 2022.

El Supremo subraya que los acuerdos de la Junta electoral no vulneraron la libertad ideológica y de expresión de Torra, quien decidió deliberadamente desobedecer las órdenes reiteradas de un órgano “cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales, lo que exige la neutralidad de los poderes y administraciones públicas para que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos de su participación política”.

Crisis institucional en España


La resolución judicial llega en un momento en el que la neutralidad de las altas instancias judiciales españolas está bajo la lupa y España atraviesa una crisis institucional sin precedentes desde la Transición. El pasado viernes se celebraba en Barcelona la entrega de los despachos a los nuevos jueces, una ceremonia que suele estar presidida por el rey.

El gobierno de Pedro Sánchez decidió que Felipe VI no asistiera al acto, al entender que su seguridad podía correr peligro. Se preveía que la sentencia contra Torra estaría por conocerse y que se iban a producir altercados similares a los que sembraron el caos en Barcelona tras confirmarse los fallos que mandaron a la cárcel a los líderes independentistas.

La ausencia del rey provocó el disgusto de los responsables del Consejo General del Poder Judicial, un órgano con autoridades que proceden de la época de la mayoría absoluta del Partido Popular y cuya renovación lleva dos años de retraso por la negativa de esa formación a pactar la con el PSOE.

Desde las formaciones y medios de la derecha se acusó al gobierno de Pedro Sánchez de estar embarcado en una estrategia de desgaste de la monarquía, y por ello no sorprendió que el acto terminara con gritos de ¡Viva el rey! por parte de varios de los responsables judiciales. Para enrarecer aún más la situación, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, reveló que Felipe VI lo había llamado para asegurarle que le habría gustado estar en la ceremonia.

Esa llamada fue interpretada como una crítica del rey al Gobierno, lo que excede sus competencias constitucionales. Esto provocó que desde la izquierda se arremetiera contra el jefe del Estado. Tanto el vicepresidente, Pablo Iglesias, líder de Podemos, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista, reclamaron que se ciñera a su papel y se abstuviera de criticar al Gobierno.

Estas reacciones desencadenaron a su vez una catarata de pronunciamientos de los partidos y medios de derecha en defensa del rey y de acusaciones contra Sánchez de pretender acabar con la Constitución. Nunca antes en la historia moderna de España la monarquía había estado tan claramente en el centro de la controversia política.