A solo dos días de que venza el nuevo plazo para el desalojo, las negociaciones entre el gobierno bonaerense y las familias de la toma de Guernica se complican. Luego de que el domingo un grupo de agrupaciones políticas impidiera el ingreso de trabajadores del gobierno de la Provincia de Buenos Aires al predio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, acusó a las organizaciones de izquierda de estar "obturando el proceso para encontrar una salida pacífica". En respuesta, las y los delegados de la toma, en común acuerdo con algunas organizaciones sociales, denunciaron que las propuestas ofrecidas por el gobierno provincial "no solucionaban el problema de hábitat" de las familias y que se estaba buscando "desacreditarlos" para "encubrir su falta de respuestas". Mientras tanto, los abogados de La Gremial le pidieron al juez que convoque a todos los actores a una nueva audiencia y así evitar que el jueves, día en el que está pautado el desalojo, termine en una represión violenta.
La semana pasada, el juez Martín Rizzo pospuso la fecha de desalojo de la toma del predio de Guernica, en Presidente Perón, luego de que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires interviniese con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo previo con las familias. El problema es que las propuestas a la solución del conflicto de les delegades y organizaciones políticas que integran la toma son muy diferentes a la propuesta del gobierno provincial. Por un parte, la postura que adoptó la gestión de Axel Kicillof fue la de proponer la relocalización de las familias, con un esquema por el que se quedarían en tierras de Guernica los registrados como oriundos del municipio, mientras que al resto de las familias tendrían que volver a sus intendencias de origen. "El censo que hicimos dio cuenta de que había una enorme heterogeneidad de la población de la toma, por lo que hay establecer políticas focalizadas. La propuesta es individualizar a las familias y darle una respuesta a cada una según la problemática de origen que las llevó a la toma", explicó una fuente del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad a Página/12. "Por ejemplo, hay una cincuentena de mujeres que son víctimas de violencia de género, la idea es poder trasladarlas a los refugios que ya existen para las víctimas de violencia para que puedan estar ahí con sus hijos y no a la interperie. A la gente que estaba en situación de calle, los refugios de las personas en situación de calle. Y a la gente que estaba hacinada en su casa, se le proponen los subsidios municipales y provinciales ya existentes para conseguir materiales para ampliar la casa", indicó una figura del entorno de Larroque.
Si bien el gobierno provincial aseguró que ya había llegado a un acuerdo con varias y varios de los ocupantes, la opción resulta difícil de aceptar para muchas de las 2500 familias que ya llevan sosteniendo la toma hace más de dos meses. Frente a esta postura se encuentran les delegades de la toma y varias organizaciones sociales, que consideran que el Ministerio busca desalojar el terreno sin dar una solución real. "La única propuesta del gobierno es la de un desalojo pacífico. Esa no es la solución. Hay mucha tierra fiscal disponible para armar un plan de vivienda, la gente lo único que quiere es un pedazo de tierra donde levantar su propia casa", respondió, por otro lado, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien ayer participó de una marcha a la Casa de Gobierno en La Plata en contra del desalojo y en contra de las últimas declaraciones que hizo el gobierno provincial luego de los incidentes del domingo.
"Hay algunas organizaciones que tienen la intención de llevar la situación a la violencia", denunció el "Cuervo" Larroque en declaraciones radiales, luego de que el domingo la interministerial de la Provincia no pudiera ingresar al predio a llevar alimento y abrigo porque un grupo de organizaciones políticas le había impedido el paso. "Estas organizaciones se están arrogando la representación del conjunto de personas que está en la toma", sostuvo Larroque, y las acusó de tener una actitud "peligrosa" teniendo en cuenta que están "contrarreloj para el desalojo". "Se armaron barricadas porque hubo muchos funcionarios que quisieron ingresar de manera prepotente. No es que no se dejó ingresar la asistencia alimentaria y social porque claramente acá hay una necesidad. Pero creemos que la oferta que nos hizo el gobierno de un desalojo pacífico no soluciona el problema de hábitat que muchas familias tienen", indicó, por el contrario, Yamila, una de las voceras y delegadas de la toma.
"Quieren ir vaciando la ocupación para proceder a un desalojo violento", sostuvo, por otro lado, Belliboni, quien también denunció que el gobierno provincial había estado recorriendo la toma ofreciendo 45 mil pesos para convencerlos de que abandonasen las tierras. Desde el gobierno provincial, sin embargo, negaron haber estado ofreciendo compensaciones monetarias. Más allá de las diferencias, la fecha para el desalojo se acerca y si hay algo en lo que ambos sectores coinciden es en la importancia de evitar una represión violenta a toda costa. "Ya tuvimos bastantes problemas con la Policía Bonaerense", advierten, por igual, desde el Ministerio de Desarrollo y desde las agrupaciones de izquierda.
Amicus Curiae
Más de una docena de organizaciones de Derechos Humanos se metieron en el conflicto en torno a la toma de Guernica y se presentaron como amicus curiae para pedir que el 1 de octubre se evite avanzar con el desalojo del predio. "Vemos con extrema preocupación que se contemple el lanzamiento o el desalojo como única salida posible a la ocupación", sostiene el escrito judicial presentado al juez Martín Rizzo, en donde reclaman que las "familias ocupantes requieren el ejercicio del derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado reconocido constitucionalmente".
"Más de dos mil familias sin techo se instalaron en un predio de unas 100 hectáreas, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo. Dos meses después se anunció la intervención represiva del Estado, acudiendo en auxilio de quienes más tienen, dejando sin solución válida a los sectores más necesitados", denuncian las organizaciones de Derechos Humanos que decidieron presentarse como amicus curiae, se encuentran las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CORREPI, H.I.J.O.S, . En el escrito judicial, además de manifestar su rechazo al desalojo, las organizaciones denuncian el hostigamiento policial contra las personas que integran la toma.
Informe: María Cafferata
