V. tiene 19 años y es estudiante en un instituto terciario en Villa María, provincia de Córdoba. A principios de setiembre fue derivada desde el 0800 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable al Hospital Materno Neonatal Ramon Carrillo, ubicado en la ciudad de Córdoba, para someterse a una interrupción legal de embarazo (ILE). Se la hicieron con medicamentos, aunque ella pidió expresamente que le practicaran un legrado porque ya había hecho tres intentos, sin éxito, con pastillas, con el acompañamiento de una socorrista. “Si es necesario que esté tres semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas”, la respondió con mal tono una médica ginecóloga, el jueves 3 de setiembre, antes de suministrarle el tratamiento, según contó la adolescente a Página/12. A la madrugada siguiente, finalmente, pudo interrumpir la gestación. “Cuando me senté en las silla de ruedas para ir al quirófano donde me harían un legrado (para terminar el procedimiento), me pusieron en la falda una bandeja con un frasco que contenía el producto del aborto conservado en formol. Mientras íbamos al quirófano me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”, relató a este diario. “No bajé la cabeza nunca más. No podía verlo. Por más que yo haya decidido abortar, no tenían que obligarme a eso: lo cuento porque no quiero que ninguna otra persona pase por lo mismo. Fue muy violento el trato que recibí durante toda la atención”, contó V.

Esta semana, V. con el asesoramiento de una abogada feminista, presentará una nota con el relato de los hechos ante el hospital, que depende de la provincia de Córdoba, y en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva de Córdoba y de Nación. Página/12 intentó consultar sobre el caso al ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, pero una de las encargadas de prensa del área respondió que “estaba complicado de agenda”.

“Hacía tiempo que no escuchaba un relato cargado de tanta crueldad. Lo que vivió V. es violencia institucional, trato deshumanizado y cruel”, consideró en diálogo con este diario Ruth Zurbriggen, feminista de Neuquén, e integrante de Socorristas en Red, una colectiva que acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de aborto en todo el país. “No queremos que quienes garantizan una interrupción legal del embarazo lo hagan a cualquier precio. Y con el plan siniestro de dejar las marcas del maltrato tatuada en los cuerpos. Porque no es ingenuo lo que hicieron. Es parte intencional. Hay ahí una pedagogía y puede que se asiente en “hago lo que quiero porque no rindo cuentas””, cuestionó Zurbrieggen.

V. contó a este diario que tuvo tres intentos de abortar con pastillas que no funcionaron, siempre con el acompañamiento de Cecilia Rivera, socorrista de Villa María, donde ella vive. El primero lo hizo cuando llevaba unas siete semanas de gestación. Al no poder interrumpir el embarazo, a pesar de seguir el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud con medicamentos, a fines de agosto decidieron llamar al 0800-222-3444 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ya estaba de 13 semanas. La derivaron entonces al Hospital Materno Neonatal, de la ciudad de Córdoba, donde realizan ILE durante el segundo semestre de embarazo. “Nunca tuve dudas de que quería abortar”, dice la joven. La socorrista viajó con ella el miércoles 2 de setiembre desde Villa María a la capital provincial y la acompañó hasta el Hospital. V ingresó por el área de Trabajo Social, donde tuvo la primera entrevista para iniciar la solicitud de ILE con una trabajadora social y luego con una psicóloga. “Hasta ahí todo resultó bien”, contó Rivera.

Después la derivaron a la guardia ginecológica. “Sin recibir ningún tipo de consejería sobre las posibilidades de llevar adelante el aborto, me mandaron a la parte de internaciones. Me informaron que tenía que hacerme un hisopado de covid-19 y que ese resultado podía demorar entre 24 y 36 horas, que mientras tanto debía permanecer en aislamiento preventivo. Ese primer día las violencias fueron desde no explicarme por qué la opción con pastillas era la adecuada hasta no darme agua por más de 10 horas, ni permitir que se me enviara desde afuera del hospital nada a la habitación, ni comida ni agua. Me empezaron a aplicar misoprostol, una pastilla vía vaginal y otra vía sublingual, cada 3 a 6 horas”, contó V.

Al día siguiente, el jueves 3 de septiembre “una ginecóloga se presentó en mi habitación diciendo que la única opción que tenía para abortar era con misoprostol y que si era necesario que --y cito textual-- 'estés 3 semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas' . A través del 0800 y de la Red de Socorristas se hicieron reclamos y como respuesta me informaron que me iban a hacer una microcesárea al día siguiente, obviamente sin detenerse un segundo a explicarme de qué se trataba esa intervención, qué cicatrices me podía dejar, qué cantidad de días me llevaría reponerme. No me dieron ninguna información clara y precisa”, señaló V.
Ya en la madrugada del viernes se produjo el aborto con las pastillas. “Como nadie del hospital respondía a mi llamado, me comuniqué con Ceci (la socorrista) para contarle, intercambiamos un par de mensajes y me quedé tranquila porque todo indicaba que ya había abortado”, sigue el relato de la adolescente.

Demoraron en comprobar la interrupción del embarazo, a pesar de sus insistentes llamados desde la habitación, dice V. Finalmente la llevaron a realizar una ecografía que confirmó el procedimiento, pero debían finalizarlo con un legrado. “A las 22 del viernes me llevaron al quirófano para realizarme un legrado. Cuando me senté en las silla de ruedas me pusieron en la falda una bandeja con un frasquito que contenía el producto del aborto conservado en formol. Me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”.
El sábado el resultado del hisopado realizado el miércoles continuaba sin llegar. “El domingo por la mañana la enfermera que estaba a cargo del sector de aislamiento vino a decirme que las enfermeras estaban a favor de la vida y que no estaban de acuerdo con lo que había hecho, me dijo que había quitado una vida, que había un corazón latiendo y que eran tantas semanas que ya se podía identificar, que debería haber desistido de la decisión de abortar y que seguramente el hisopado se estaba demorando porque nadie estaba de acuerdo con lo que 'había hecho', que 'quitar una vida' no estaba bien”.

A la noche del domingo, alrededor de las 21.30, “me dijeron que había llegado el resultado del hisopado --habíamos reclamado en el COE a la tarde-- y que era negativo, que por fin el lunes por la mañana me darían el alta”. Al rato la buscaron para trasladarla a una habitación: para terminar de violentarla, la hicieron pasar la última noche con una mujer que acaba de parir y su bebé. En total, estuvo cinco días internada, sola. 

“Vamos a acompañar el reclamo administrativo de V. porque no queremos que nadie más tenga que pasar por esto. Cuántas mujeres habrán pasado lo de ella y ni siquiera han tenido la posibilidad de la queja, del reclamo. Asusta pensarlo”, dice Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red.