“El fiscal preguntó por qué las viudas seguían llamando a sus maridos (hundidos en el fondo del mar). Le dije que era para escuchar sus voces en el contestador del celular o para dejarles mensajes: ‘La nena ya camina, el nene cumplió años’”. Ante una pregunta del fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, la abogada Valeria Carreras, que representa a las denunciantes, se quebró luego de dar su respuesta. Fue el primer testimonio en la causa abierta sobre el espionaje ilegal que habría realizado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Tras la respuesta, Carreras permaneció varios minutos en silencio, ahogada por la emoción. La abogada le dijo a Página/12 que esas mujeres sienten ahora que “podemos decir que el Estado dejó de ser el enemigo de las víctimas”. Como síntesis, para expresar el sentimiento que hoy embarga a sus representadas, le dijo a este diario: “Ellas sienten que ahora el Estado las escucha... pero ahora las escucha para bien”.

Carreras es querellante en representación de 26 de los familiares de las víctimas, junto con su colega Lorena Arias. Fue la primera en declarar ante el fiscal marplatense, que este martes recibirá el testimonio de dos de las viudas de los tripulantes del ARA San Juan. La causa fue abierta por la denuncia presentada por la interventora en la AFI, Cristina Caamaño.

Carrera recordó que a las familiares “antes también las escuchaba, pero para mal”, en referencia al delito que se investiga, luego de la denuncia contra las autoridades de la AFI durante la gestión del expresidente Macri.

La audiencia, realizada por medios electrónicos, duró más de dos horas y media. En su transcurso, Carreras aportó datos sobre “quince episodios que ya fueron aportados por esta querella ante distintos juzgados”, precisó Carreras. Agregó que “en algunos casos se trata de indicios y en otros de pruebas sobre el accionar ilegal del Estado contra las víctimas, contra los familiares de los tripulantes” del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017, hallado a 900 metros de profundidad, en el Atlántico Sur, exactamente un año después.

Los casos que se investigan se produjeron, al menos, entre los meses de enero y junio de 2018. En abril de ese año, en una audiencia pública en el Congreso, el exministro de Defensa, Oscar Aguad, recibió las primeras denuncias de los familiares y admitió que había que investigar las supuestas “pinchaduras” de teléfonos de los familiares, pero las denuncias no prosperaron, hasta ahora, cuando fueron reforzadas por la documentación aportada por la intervención en la AFI.

Carreras dijo que, durante su testimonio, recibió del fiscal Adler “un trato contenedor, pausado, humano”. La testigo aportó “fotos, cinco constancias de denuncias por pinchaduras de líneas telefónicas, por hackeos de e-mail, por intromisión en las redes sociales, más las presentaciones que se hicieron el 20 de septiembre de este año ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia”. Todo eso sumado a una presentación que se hizo en junio de este año ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

En total, se presentaron documentos de otras cuatro causas más y de algunos “hechos de terrorismo psicológico sobre algunos familiares, un viejo método utilizado para humillar públicamente a una persona, para intimidar a las demás”. Al mismo tiempo, se solicitaron “medidas de instrucción concretas, pera la búsqueda de la totalidad de información que hubiera en la AFI, en el CIAT (inteligencia naval) y en Inteligencia del Ministerio de Defensa”.

Carreras tomó contacto con los familiares, por primera vez, el 15 de enero de 2018, en un acto que se hizo en el Concejo Deliberante de Mar del Plata. Le llamó la atención la gran cantidad de personas con cámaras de fotos y de video. Aportó fotos de ese encuentro, por entender que mediante ellas pueden llegar a ser identificados algunos de los agentes de inteligencia que realizaron el seguimiento ilegal de las familias. Según la denuncia de Caamaño, desde esa fecha se acumulan documentos que comprometen a las ex autoridades de la central de inteligencia.

En la primera semana de febrero de ese año, otra vez en Mar del Plata, se reunió con varias de las denunciantes. Ellas le entregaron documentación relacionada con sus maridos, para la presentación que iba a hacer ante el juzgado federal de Caleta Olivia. Lo que más le llamó la atención en ese encuentro es que “todas querían evitar hablar por teléfono porque temían que las estuvieran escuchando”.

La esposa de Enrique Castillo, el cabo de inteligencia de la Armada que estaba a bordo del submarino, le entregó personalmente los papeles de trabajo del marido con los objetivos de la misión que realizaban los submarinistas. No quiso enviarlos antes por medios digitales. Le entregó, incluso, fotos enviadas por Castillo, desde la nave, mostrando el inhóspito lugar donde dormía.

Entre los mensajes recibidos por whatsApp que luego desaparecieron en forma misteriosa, figuran algunos que habían sido enviados por colaboradores de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este martes declararán ante Adler dos de las mujeres que presentaron denuncias sobre “pinchaduras” en sus teléfonos y otras intimidaciones. Otras cuatro mujeres, al menos, darán su tetimonio de aquí hasta el viernes.