Nicolás Maduro salió a buscar solidaridad en la región. El presidente venezolano dijo ayer que pretende que su par uruguayo, Tabaré Vázquez, se convierta en el líder que detuvo una “intervención imperialista” en Venezuela “en todos los espacios en que el imperialismo norteamericano presiona” para que intervengan el país. “Yo estoy llamando a Tabaré hace una semana para conversar sobre las declaraciones y la actitud de su Cancillería. Uno no puede entender cómo su Cancillería agrede a mi país y coordina con el Departamento de Estado norteamericano posiciones contra Venezuela”, afirmó en su programa de radio y televisión “Domingos con Maduro”, un día antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aborde la situación de ese país. Uruguay participó de la condena del Mercosur a la situación de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las funciones legislativas –medida que posteriormente dejó sin efecto–. La Asamblea Nacional anunció que iniciará mañana un proceso para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el respaldo de un conjunto de representantes de la sociedad civil, que fueron convocados para acompañar la jornada con una marcha.

El sábado, los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), entre ellos el representante de Uruguay, repudiaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. Al respecto, Maduro afirmó que el Mercosur sigue en una campaña de linchamiento político contra su país, pero no se pronuncia sobre los graves acontecimientos en Paraguay, donde el viernes se produjo una violenta protesta que derivó en un incendio que afectó a parte del Congreso y un policía mató a un joven manifestante tras la aprobación de una enmienda constitucional que busca instalar la reelección presidencial de Horacio Cartes (ver página 21). “Paraguay ya tiene su 31M”, dijo el mandatario venezolano, y criticó el comunicado del Mercosur, que amenaza con aplicar la Cláusula Democrática contra Venezuela. “Se está levantando una nueva ola rebelde de los pueblos de América Latina y nada ni nadie la podrá detener”, aseguró Maduro.

El presidente venezolano manifestó que había resuelto de manera positiva el impasse que se presentó entre el TSJ y la fiscal general, Luisa Ortega, quien calificó como una ruptura del orden constitucional la sentencia del máximo tribunal, que despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades. La sentencia, retirada luego por el TSJ, fue calificada como un golpe de Estado por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. 

Por otra parte, Maduro saludó las expresiones del papa Francisco sobre su país. “Yo le agradezco al papa Francisco las palabras hermosas que dio sobre Venezuela... le pido las bendiciones desde aquí”, dijo el presidente durante su programa Domingo con Maduro. El pontífice abogó por buscar soluciones políticas en Venezuela y Paraguay, a cuyas situaciones políticas aludió tras el rezo del Ángelus al señalar que sigue con viva atención lo que sucede en ambos países. “Rezo por aquellos pueblos, muy queridos por mí, e invito a todos a perseverar, sin descanso, evitando toda violencia, en la búsqueda de soluciones políticas”, dijo el líder de la iglesia católica.

Entre fines de octubre y principios de diciembre, el Vaticano ocupó un lugar destacado acompañando el diálogo político que se desarrolló en Venezuela en una serie de conversaciones que luego pasaron a una etapa de revisión por falta de acuerdos, incumplimientos por los que las partes se acusan mutuamente. La Santa Sede expresó en diciembre en una carta privada su preocupación por lo poco alentadores que fueron los resultados del diálogo entre el gobierno y los opositores.

Con el foco puesto en analizar los acontecimientos en Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA mantendrá hoy una sesión de emergencia en Washington. Su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que aboga por suspender a Venezuela en el organismo, dijo que en el país latinoamericano hubo un autogolpe de Estado.

Y aunque el máximo tribunal venezolano suprimió las medidas dictadas en dos sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria, los opositores, que controlan la Cámara, concluyeron que la marcha atrás no corrige lo que fue “un golpe de estado”. Los parlamentarios de la oposición insistirán mañana con la convocatoria de una sesión en el pleno de la Cámara para activar el proceso de remoción de los juristas de la sala que elaboraron las sentencias.

Además, convocaron a sus partidarios a marchar desde el centro de Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo para acompañar a los parlamentarios en el inicio del procedimiento. Los opositores no explicaron cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional, dado que la Cámara venezolana está en “desacato” desde hace más de un año, y sus actos son “nulos” y por tanto inválidos.

Pero, además, se necesita el voto de al menos 111 parlamentarios para aprobar la remoción, y la oposición cuenta con 109 legisladores, ya que tres diputados de representación indígena están suspendidos por el Supremo por supuestas irregularidades en su elección, y su incorporación a la Cámara es justamente lo que la mantiene en desacato. 

La legislación venezolana establece que para la remoción de un magistrado se requiere del voto de las dos terceras partes del Parlamento, o de faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo). El Parlamento intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular, pero no logró la salida de los juristas.