El fiscal a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, quedó a cargo de una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito por parte de la empresa HemoSalta, que presta servicios de transfusión de sangre.

El sábado se conoció una notificación de la empresa que informaba del cobro del plasma a los pacientes que precisaban el tratamiento para recuperarse de la covid-19. El Ministerio Público Fiscal informó que la investigación preliminar se abrió ese mismo sábado, por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, a la fiscala penal Mónica Poma. Luego el trámite quedó en manos de Ramos Ossorio.

Sucede que según lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la comercialización del plasma para pacientes con la covid-19 está prohibida. “Frente al contexto de pandemia y la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, es importante aclarar que, por tratarse el plasma de una fracción de la sangre, está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990”. La aclaración del organismo regulador fue hecha a través del documento titulado “Uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID 19”.

Entre otros puntos, ese documento destaca que el artículo 4 de la Ley Nacional de Sangre Nº 22990, establece la prohibición “de la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, con las excepciones que se contemplan en la presente ley. Será obligación por parte de las autoridades sanitarias promover y asegurar la utilización y empleo racional de la sangre, sus componentes y derivados”.

Sin embargo, Hemosalta SRL informó el jueves pasado a través de una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín de la Arena, que “la transfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

Pedido de informe

El diputado provincial por el Partido Obrero (PO), Claudio del Pla, pidió un informe al Ministerio de Salud con el fin de que se detallen todos los acuerdos celebrados en el marco de la pandemia covid-19 con empresas de medicina privada en la provincia. También se pidió que se informe todo lo relativo a la existencia de convenios con entidades privadas para el suministro de plasma de pacientes que atravesaron el contagio de la covid-19.

Otro de los pedidos es para que indique si es que existe un convenio de prestaciones de servicios con el Centro de Hemosalta SRL, y copia de ese instrumento. Y si los hospitales públicos derivaron a instituciones privadas a pacientes sin obra social. En su caso, cuales son las tarifas aplicadas por las prestadoras privadas. Si los hospitales de la provincia han recibido instrumental de propiedad del Estado (respiradores y otros) y en su caso, cuál es el marco legal de esas cesiones (préstamo, comodato, alquiler o venta).

Antecedentes

De la Arena había indicado a Salta/12 que dio de baja la notificación luego de que el ministro de Salud, Juan José Esteban, le dijera que el Centro Regional de Hemoterapia (CRH, el único que recibe los hemocomponentes de los pacientes que pueden donar plasma para covid), no cobra nada por el servicio. Aseguró que nunca llegó a cobrar por el servicio y, según explicó, si hizo la nota fue por un malentendido con la obra social provincial, IPS.

Sin embargo, el episodio generó que se recuerde su paso por la empresa Hemo Vida, de la cual había sido socio. Esta firma prestó servicios al Hospital Materno Infantil y como en el mismo momento De la Arena era gerente del Hospital, se había denunciado una presunta incompatibilidad.

La empresa HemoSalta, de la que De la Arena es actualmente socio, se constituyó en 2012, según surge de los avisos comerciales del Boletín Oficial de Salta.

De la Arena también fue titular del CRH durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey y renunció a su cargo de planta en esa entidad en febrero de este año.