En el marco del Día de la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre, distintas organizaciones feministas se manifestaron ayer frente a la Legislatura de Salta pidiendo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además, sumaron el reclamo de la correcta aplicación de la Interrupción legal del embarazo (ILE) ante el centenar de casos de menores de 15 años embarazadas. 

La referenta del Partido Obrero Tendencia, Violeta Gil, dijo a Salta/12 que la jornada internacional de ayer tocó de forma particular a las argentinas dado que aún no se cuenta con la aprobación de un proyecto de interrupción legal del embarazo. "Es una batalla esencial la conquista por el aborto legal, seguro y gratuito", señaló. Sumó a ello que en Salta no hay garantía del acceso al aborto no punible mediante la ILE y existe un escaso acceso a los métodos anticonceptivos. 

El pañuelazo se realizó antes del mediodía y bajo los protocolos de higiene y seguridad que respetaban el distanciamiento, el uso de alcohol en gel y tapabocas. 

Por su parte, Daniela Planes, referente de Pan y Rosas del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), dijo a Salta/12 que el derecho al aborto es "esencial" en el contexto de crisis sanitaria, económica y social "que golpea a las familias trabajadoras, las mujeres y las disidencias".

Sostuvo que ganaron las calles con el proyecto de ley de la Campaña (Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito). Aseguró que la militancia "es nuestra y no de los dinosaurios y la derecha que están contra nuestro derecho a decidir". 

Por su parte, Gil dijo que la pandemia trajo consigo una mayor falta de acceso a la salud pública en la provincia acentuando "todavía más las consecuencias que sufren las mujeres por la ilegalidad del aborto". De acuerdo a lo que pudo relevar, los centros de salud están cerrados y las guardias de los hospitales no practican ILE en caso de requerirlas. 

"Centeranes de mujeres siguen sometidas a la realidad terrible de los abortos clandestinos", recriminó la dirigente del PO. En Argentina, se estima que por año se producen entre 350.000 y 500.000 abortos, según indicó la ONG Amnistía Internacional. Esa cifra implica que se practican 1300 abotos por día y 54 por hora. 

Gil sostuvo que las mujeres están "enfrentando el campo de  batalla en todos los frentes" e hizo referencia al sistema de salud, compuesto por un 74% de mujeres a nivel nacional; mientras que en la docencia la participación de las mujeres llega al 80%, además de las mujeres que trabajan en sus hogares o están precarizadas laboralmente. 

"Las mujeres estamos al pie del cañón en la defensa de la vida y de la sustentabilidad", afirmó. Señaló que la legalización del aborto debe de aprobarse para poder otorgar a las mujeres el derecho de poder elegir cómo sostener, alimentar y educar a sus hijos, o no hacerlo, en caso de que así lo deseen. 

Sin ILE y sin ESI en Salta

Asimismo, Gil apuntó contra el gobierno por no garantizar la práctica del procedimiento de interrupción legal del embarazo a las 122 niñas menores de 15 años que hay en la provincia, según datos del Ministerio de Salud Pública de Salta. El Ejecutivo provincial aún no adhirió a la actualización del protocolo ILE de 2019. 

En esa línea, la referenta manifestó que el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) tampoco está incluida en la educación virtual en Salta. "No se está aplicando en los cuadros curriculares", señaló. 

Y Planes, que también es docente, dijo que el dictado de la ESI en las escuelas "está subordinado a los intereses y presiones de las iglesias". 

De la actividad también participaron el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades; Juntas y a la Izquierda-MST; Las Rojas del Nuevo Más; el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero y la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo. 

Ley ya 

Desde la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito realizaron un pañuelazo virtual en la plataforma de zoom y que fue transmitida en vivo en todas sus redes sociales. 

En un comunicado exigieron "que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", iniciativa que cuenta con la adhesión de más de 700 organizaciones nacionales. 

La Campaña recordó que de haber sido aprobado en 2018, se habrían evitado las muertes de Liliana, de Santiago del Estero; B, de la Matanza, y de Ivana, de Formosa, y destacó que "tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo". 

También señaló que las niñas que fueron violadas y luego obligadas a gestar y parir remiten a casos de torturas, negando así el derecho a la ILE, contemplado en el Código Penal desde 1921. En consecuencia las menores son privadas de salud integral, educación sexual integral y de vivir una vida libre de violencias. 

"Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas indígenas originarias", destacaron. Y afirmaron que las mujeres que son llevadas a prisión por practicar el aborto sufren de estigmatización. 

Ante eso, desde la Campaña se enfatizó que "es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario". "La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe". 

Sostuvo que la negativa a sancionar la ley más las limitaciones del marco jurídico argentino, ponen en riesgo la salud y vida de las personas con capacidad de gestar. "En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse", indicó.