“Disponer, de manera excepcional y sólo con vigencia por el mes de septiembre del año 2020, la reducción de los niveles remunerativos y no remunerativos que perciben las autoridades superiores y el personal de apoyo” reza el primer artículo de la decisión administrativa nº 1.009, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial bajo la firma del coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos.

Si bien la disposición exceptúa a quienes “se desempeñen en el ámbito de la Salud Pública”, la oficialización de los descuentos a otros funcionarios y trabajadores del estamento “de apoyo”, que ya había sido adelantada por este medio, provocó enojos sobre todo entre aquellos con ingresos menos holgados.

Algunos de los afectados que dialogaron con Salta/12, y que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a sufrir represalias, se quejaron del carácter obligatorio de la donación y pusieron en duda el destino que tendrán esos fondos. Otros cuestionaron el hecho de que ya son obligados a donar parte de su sueldo al Partido Identidad Salteña, la agrupación política del gobernador. Los que menos ganan, recordaron que ya tienen congelados sus salarios desde diciembre del año pasado, y que estos descuentos afectan su economía.

Migajas

El aporte “solidario” fue un anuncio realizado por el gobernador Gustavo Saénz el 20 de septiembre pasado, quien anticipó que donaría su dieta completa, cercana a los 200 mil pesos. “Siempre le pedimos el esfuerzo a la parte privada que es el sostén de la parte pública, tenemos la obligación moral la clase política de también mostrar nuestra solidaridad, por eso tomé la decisión de donar el sueldo y de que todos los funcionarios y empleados de la clase política aporten”, dijo en aquella oportunidad. Supuestamente, lo recaudado iría destinado a sostener a las pequeñas y medianas empresas en crisis como consecuencia de la pandemia.

En el articulado de la decisión administrativa firmada por Demitrópulos, sin embargo, no se especifica el destino de los fondos. Solo en los considerandos se hace una vaga referencia a la utilización que se hará de estos aportes: “poder destinar dichos fondos al apoyo de los sectores privados que se han visto severamente perjudicados” por la pandemia.

Según una estimación realizada por este medio sobre la base de la cantidad de cargos del Poder Ejecutivo alcanzados por esta medida y el monto a descontar, los aportes pemitirán la creación de un fondo que en septiembre rondaría los 12 millones de pesos, una cifra insignificante si se la compara con los 3.986 millones de pesos que hasta julio ya había girado el gobierno nacional a la provincia de Salta para pagar parte de los sueldos de los trabajadores de compañías en crisis, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Si hubiese que distribuir el fondo que surge del aporte de los sueldos estatales entre las 3.177 empresas que accedieron al primer ATP, a cada una le corresponderían menos de 4 mil pesos.

Debajo de la canasta

No obstante, los descuentos sí producen un daño en la economía de las familias, sobre todo de los funcionarios y trabajadores de estamento de apoyo que se encuentran en la base de la pirámide salarial.

La decisión administrativa establece descuentos de entre un 50% y un 15%, según se trate de un ministro o de un jefe de programa, los dos extremos de la función pública. Para los 8 ministros alcanzados, más los 3 coordinadores con salario equivalente, esto significará donar 75 mil pesos de los 150 mil que perciben de bolsillo. Sin embargo, para un jefe de programa que apenas supera los 50 mil pesos, el descuento del 15% le significará un recorte de al menos 7.500 pesos, que lo dejará por debajo de la Canasta Básica Total que marca la línea de pobreza, y que según el INDEC, durante agosto fue de 45.478 pesos para una familia tipo de 4 integrantes.

Entre el denominado “Personal de Apoyo” los descuentos van del 40% para el nivel 1, al 5% en el nivel 8, el último de los 12 niveles que es alcanzado para los descuentos. Así las cosas, a un empleado de la primera categoría que percibe el básico más el adicional por disponiblidad permanente, le descontarán el 40% de los 145 mil pesos que debiera cobrar, y le quedarán poco más de 87 mil pesos de sueldo. Ahora bien, a un contratado nivel 8 que solo cobra el básico de 38.911 pesos, el recorte del 5% implica que sus ingresos bajen a 36.966 pesos.

Ajuste

“Nosotros lo vemos como un ajuste más que va a tocar a algunos sectores de la carrera administrativa, sobre todo a jefes de programa o a estamentos de apoyo, que no tienen ni función, y que cobran la mínima porque no tienen antigüedad ni nada, sino que son trabajadores comunes y corrientes”, se quejó el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) en Salta, Juan Arroyo.

El gremialista reconoció la crisis económica imperante, pero consideró que la solución no pasa por un “ajuste porque no le cierran los números”, como calificó a los descuentos compulsivos. “Yo creo que la gente de alguna manera colabora, ayudando a los hospitales, o sea, no es que no haya solidaridad”, aseguró Arroyo.

“(El ajuste) siempre recae sobre los que menos tienen y no se crea un impuesto, como venimos peleando desde ATE nacional y en todas las provincias de que se aplique el impuesto a los grandes grupos económicos, que con eso se podría seguir avanzando y que la paguen los que ganaron siempre y que hoy pueden ayudar para que el país salga adelante”, completó el sindicalista.

El líder de ATE en Salta relató que recibieron algunas quejas por la reducción salarial pero confesó que muchos tienen temor a quejarse por miedo a quedarse sin trabajo. Anticipó que harán una presentación ante el gobierno para que revise la medida, y reconoció que temen que si aceptan esta medida, el gobierno pueda avanzar sobre los salarios de todos los empleados estatales: “si esto se abre va a ser para todos, así que tenemos que abrir el paraguas antes de que llueva”, concluyó Arroyo.