"Mire, acá no hay nada". Con frases un poco más ceremoniosas, pero con ese contenido, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dio una primera contestación a la Cámara de Casación Penal que este lunes le pidió las grabaciones o filmaciones de la declaración de los 31 arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El "registro técnico idóneo" -grabaciones o filmaciones- de las declaraciones de los "colaboradores", es una exigencia de la ley del arrepentido y lo que el magistrado le dijo a la Casación es que en el expediente que instruyó su antecesor, el fallecido Claudio Bonadio, no consta ningún registro. Falta ahora la respuesta de Carlos Stornelli, que fue el que negoció con los arrepentidos y que tiene hasta este miércoles a última hora o el jueves a primera hora para contestar. Es seguro que Stornelli dirá que no tiene ni filmaciones ni videos, sólo actas de las audiencias celebradas con los arrepentidos, lo que llevará después a una decisión de la Sala I de la Casación.

El juzgado que hoy encabeza Martínez de Giorgi -sucesor de Bonadio- emitió el siguiente texto ante la pregunta que le envió la titular de la Sala I, Ana María Figueroa: "de las constancias incorporadas al presente expediente (el de las fotocopias de los cuadernos), no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la ley 27.304". Firmó el secretario que participó de la instrucción de la causa, Pablo Martín Lioy. O sea que el juzgado, por sí mismo, no puede enviarle nada a la Casación, porque no tiene nada.

Están los que sostienen que no tiene por qué haber un original o copia de las inexistentes grabaciones en el juzgado y que eso le correspondería a la fiscalía. Sin embargo, también era razonable esperar que el juez Bonadio consignara en sus resoluciones algún elemento de esas grabaciones o registros. Lo cierto es que, según dejó por escrito el secretario, no hay nada.

Como anticipó Página/12, Martínez de Giorgi le mandó el pedido de los registros a Stornelli y le otorgó 48 horas para responder. El plazo vence este jueves. En el edificio de Comodoro Py todos saben que no hay ni filmación ni grabación y que Stornelli contestará lo que ya le convalidó Bonadio en su momento: que no es obligatorio grabar ni filmar, que con la firma de las actas de las audiencias entre el fiscal y el arrepentido es suficiente. 

Sucede que eso es contrario al espíritu de la ley que justamente quiere que se acredite que el imputado no fue coaccionado ni torturado. Fueron varios los arrepentidos que contaron que la opción que les daban era simple: "o declara contra Cristina, o la celda". A veces, a manera de ablande, se hacía pasar al detenido por un día entero de calabozo con olor a orín y materia fecal, para luego volver a enfrentar la alternativa: "o declara contra Cristina o más celda". Esa es la razón por la que las audiencias no quedaron registradas. El empresario Gerardo Ferreyra, por ejemplo, relató que el fiscal le decía: "usted esta noche puede volver con su familia, piénselo".

Una vez que venga la respuesta de Stornelli, dejando en claro que no hay filmaciones ni grabaciones, la pelota quedará en la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los camaristas tienen que resolver dos cosas:

* Si son nulas las declaraciones de los arrepentidos por no estar los registros.

* Si se puede aplicar la ley del arrepentido en este expediente, ya que recién en octubre de 2016 se extendió a los casos de corrupción, mientras que los hechos que se investigan en la causa de las fotocopias ocurrieron antes, entre 2008 y 2015.

Lo concreto es que la causa se viene manejando de manera irregular desde hace más de un año y el aparato de Comodoro Py, alineado con Cambiemos, miró para otro lado ante las evidencias de coacciones, aprietes y maniobras desopilantes. Jugaron para que el macrismo tuviera material electoral, desoyendo advertencias. El periodista Jorge Fontevechia, por ejemplo, detalló la exigencia a los imputados para que declaren contra la expresidenta, en tanto que el abogado Mariano Cúneo Libarona reveló que le aconsejó a su defendido que mienta para no ir a parar a una celda. La verdad no interesaba, de manera que la mentira era más rentable. 

Las jugarretas con los cuadernos llegaron al colmo de que quien supuestamente los escribió, el chofer Oscar Centeno, declaró en la justicia que los quemó en una parrilla y resulta que meses después, seis de los ocho cuadernos, resurgieron intactos de las cenizas. Nadie explicó nada. Y, para redondear, en más de un año no se hizo pericia alguna: ni se verificó si la letra se correspondía al chofer, si los ocho cuadernos fueron escritos por la misma persona, si Centeno -con su limitado intelecto- pudo ser el autor de los textos o si el papel, la tinta y los cuadernos mismos se corresponden con las fechas en que el chofer dice que los escribió. Una pericia tan elemental como esa, ni siquiera se empezó a hacer.