En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia ha herido gravemente al sistema institucional de nuestro país.

Unos y otros, más académicos o más políticos, de uno y otro género, de mayor antigüedad o de mas novel designación, hayan o no aceptado ser nombrados por un mero decreto del poder ejecutivo, todos, han declarado admisible el extraordinario (en el mal sentido) camino mamarrachesco al cual han acudido los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. De este modo, aceptaron darle trámite al recurso por salto de instancia (per saltum) con efecto suspensivo (es decir con el mandato al Consejo de la Magistratura de que no cumpla la función establecida en la Constitución Nacional).

Ni el más honesto pesimista hubiera imaginado este paso del máximo tribunal del país: evidentemente hemos subestimado la capacidad de daño que posee la Cabeza del Poder Judicial.

Hay que decir a la comunidad, al vecino, a todos los ciudadanos, que el sistema de nombramiento de jueces no presenta ninguna duda y no es algo que el constituyente haya dejado librado ni al azar ni a la interpretación, ni siquiera (y mucho menos) de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de la Magistratura se encarga de detectar las vacantes, llama a concurso de oposición y antecedentes para cada uno de los cargos establecidos, de ese concurso selecciona, de modo fundado, los primeros tres candidatos y eleva esa terna al poder ejecutivo.

El poder ejecutivo, a su vez, selecciona dentro de esa terna, al pliego de uno de los candidatos y lo eleva para su aprobación en el senado de la nación. El senado le da (o no) el acuerdo al candidato para ocupar un cargo judicial especificado en su jerarquía, materia y rol procesal. Todo esto se encuentra regulado con detalle y a prueba de cortesanos con intereses políticos en los artículos 99, inc. 4, 114 y concordantes de nuestra carta magna.

En el pedido vergonzante de los tres magistrados que sacaron provecho de los abusos del poder en los últimos años del poder ejecutivo que condujo este país hasta fines del año pasado no había ninguna gravedad institucional que atender.

Lo único grave institucionalmente es que, el máximo tribunal, que siempre debió ser el guardián de la constitución nacional, ahora crea que puede alzarse contra su propia esencia.

Recordemos que se trata de una Corte Suprema que, con esta misma integración, no sintió la necesidad de decir ni una sola palabra frente a las cotidianas violaciones a los derechos fundamentales que ha producido un sector importante de la justicia penal federal.

Una Corte Suprema que no dijo nada frente a la lesión permanente al principio de dignidad de la persona humana y al principio de igualdad ante la ley.

Una Corte Suprema que no notó que se caía a pedazos la vigencia de la garantía de la defensa en juicio, o el principio de inocencia y que se calló frente al uso inmoral y degradante de la prisión preventiva (incluso de mas de 3 años de duración y claramente injustificadas).

Un Tribunal Supremo, que con un sello, y luego de tener el caso durante un año, en el marco de una discusión con el Poder ejecutivo decide sacarse de encima, entre gallos y medianoche, el análisis de una sentencia que ha sido enormemente arbitraria (como la de la tragedia de Once).

La Constitución está al cuidado de esta Corte Suprema de Justicia: el zorro cuida las gallinas.