Otra vez en octubre, a días de esa fecha que funda el colonialismo, el racismo y el genocidio indígena, la toma de tierras en Guernica repone la memoria urgente de esa expropiación ancestral que encierra todas las violencias materiales de las vidas de 1904 grupos familiares, de los cuales 1544 llegan ahí porque no tienen trabajo, porque les resulta imposible pagar el alquiler. El resto se completa con conflictos familiares y por violencia de género, agravados por la pandemia por Covid-19. Cada hectárea ocupada denuncia una deuda histórica con los sectores populares. No hay Ni Una Menos sin tierra, vivienda, trabajo y autonomía. Sin el acceso a estos derechos no se puede salir de las violencias que precarizan aún más las condiciones estructurales deficitarias.

La antesala de las tomas. Desde los feminismos venimos diciendo que el endeudamiento público se tradujo en políticas de ajuste que recaen con ferocidad sobre hogares empobrecidos por la imposibilidad de pagar el alquiler, porque la deuda doméstica impide el acceso a bienes y servicios básicos, y porque implosionan a partir de la violencia propietaria sobre inquilines, obligadxs a tomar nuevas deudas desde la informalidad laboral o desde la desocupación y las violencias de género que llegaron a niveles críticos durante esta cuarentena, y con el aumento exponencial de casos de coronavirus en las villas y asentamientos sin agua potable ni estructuras básicas para sostener la higiene o el atisbo de un buen vivir.

La deuda como antesala del desalojo. En mayo, la organización Inquilinos Agrupados hizo público el aumento de los llamados de inquilinas denunciando situaciones de abuso, maltrato y desalojos violentos. Junto al colectivo Ni Una Menos se reclamó, en un texto compartido, que la casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria porque la vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio, y porque hoy no es obvio que las casas son lugares seguros para todes. Apenas dos meses después, la Carta de las Mujeres de la toma de Guernica a las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad detallaba que: “Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y, sin poder tener otro recurso, tuvimos que abandonar la convivencia con quienes nos maltrataban para poder estar a salvo. Vinimos con lo puesto, no tenemos nada más. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y madres solteras. Hay entre nosotras trabajadoras de casas particulares, que fuimos echadas de nuestros trabajos durante la pandemia, y otras trabajábamos de changas, viviendo el día a día, pero nuestros ingresos se vieron perjudicados por la difícil situación sanitaria que está viviendo el país. Nuestros compañeros han quedado sin trabajo, sin ingresos. En algunos casos, teniendo que devolver incluso los carros que les habían prestado para juntar lo poco que podían”.

No estamos aisladas. La agenda urgente de los feminismos populares asentados en las tierras de Guernica hace dos meses habla de una reconstrucción de sentido social colectivo a través de redes de saberes compartidos, diálogos y nuevos lazos de confianza para interpelar al Estado provincial y nacional frente a la pobreza creciente y contra todos los intereses económicos y financieros que despojan a familias enteras del derecho humano básico a la vivienda digna. Guernica es un conflicto que nunca debió ser sometido a la justicia penal. Los dispositivos punitivistas y criminalizantes no pueden reemplazar nunca los espacios de diálogo cuando se trata de procurar vivienda digna. Debe suspenderse el desalojo -una medida a todas luces cruel y arbitraria-, porque se trata de implementar todas las instancias legales e institucionales que ofrezcan soluciones rápidas y efectivas para una posesión definitiva de tierra y/o techo. Frente a la amenaza de desalojo, remarcamos la celeridad con que la Justicia actúa en este caso, porque contrasta drásticamente con cómo se demora cuando se trata de proteger a mujeres, lesbianas, trans o no binaries de la violencia machista. Durante las medidas de aislamiento que todavía continúan se les pide paciencia a las víctimas, se les ofrecen medidas de protección que las fuerzas policiales no hacen cumplir en todos los casos y no acceden a recursos para poder sostener la decisión de vivir sin violencias. Llamativamente en este caso, la Justicia actúa para defender la propiedad sin tomar en cuenta ni las condiciones que impone la pandemia ni tampoco para detenerse a evaluar la calidad probadamente dudosa del título de propiedad del dueño. Lo defiende sin más. Así actúa la justicia patriarcal. Y de esa actuación estamos hartas.

La tierra no es botín de conquista de la especulación inmobiliaria y financiera. Sin embargo, lo vemos repetirse así en las quemas de los humedales y de los bosques y en la avanzada del agronegocio. Todo redunda en aumento del precio de alquileres, desalojos y mayores beneficios para los barrios cerrados. Hoy las tomas son la forma de acceso desesperado a la tierra de los sectores populares más despojados y precarizados. El censo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires reveló que la mayoría de les pobladores de Guernica son desocupades, que no pudieron pagar sus alquileres, que venían de situaciones de hacinamiento, que escapaban de conflictos familiares o de situaciones de violencia de género intrafamiliar. La única salida posible a esta realidad crítica es evitar mayores vulneraciones y preservar de todo riesgo la integridad física de quienes hoy ocupan ese predio. Exigimos la suspensión inmediata de la medida de desalojo y la solución habitacional con lógicas de acceso a la vivienda igualitarias y con perspectiva de género. Mientras las familias sigan sintiendo que el desalojo es inminente, el Estado fracasa en sus obligaciones en materia económica y social. Un plan integral de vivienda y acceso a la tierra es fundamental pero no borra las necesidades urgentes, que no pueden esquivarse. Y por otra parte, para las compañeras que fueron censadas y refirieron situaciones de violencia los refugios no son una solución: porque son temporarios -están para la primera emergencia-, porque no permiten tejer redes de sostén vecinales, de amistad, de militancia que son indispensables para vivir vidas dignas y libres de violencia. Tampoco es una respuesta viable para quienes refieren haber llegado a Guernica para escapar de la situación de calle, devolverles a refugios hacinados.

Un cambio de paradigma. Necesitamos la redistribución igualitaria del suelo, contra su colonización financiera. Esto significa un cambio de paradigma de la gestión territorial, transversal y democrática por el derecho a la vivienda, y apunta a la autonomía económica, vital, de mujeres, niñes, adolescentes, lesbianas, travestis, trans y no binaries. La vivienda es hoy un espacio estratégico: se reclama desde las asambleas feministas por la urbanización en las villas, en las tomas de tierras, desde las demandas de inquilinxs, de quienes viven en hoteles. Pero es también parte inseparable de la demanda de soberanía alimentaria y sanitaria. Y es a su vez parte de la demanda de transformar las formas de producción sabiendo que buena parte de los desplazamientos a las zonas urbanas son responsabilidad directa de la extensión de la frontera del agronegocio tóxico y del extractivismo que envenena. Poner la vida en el centro, decimos cuando hablamos de cuidados, es en la tierra y con la tierra.