Mientras era el poderoso director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a Gustavo Arribas no le tembló la mano para crear seis bases de inteligencia que terminaron desperdigadas en provincia de Buenos Aires para realizar espionaje político en un año electoral clave, 2017. Más de diez meses después de haber colgado el traje del Señor Cinco, Arribas viajó el martes a Dolores con tres de sus abogados para responder a las preguntas que el juez federal Alejo Ramos Padilla le tenía preparadas sobre el llamado “Proyecto AMBA”, pero, después del papelerío de rutina, sólo atinó a decir que no iba a declarar.

A los cinco meses de asumir en la AFI, Arribas se llevó a trabajar con él al abogado Pablo Pinamonti, que terminó siendo una figura central en la trama de espionaje macrista ahora sale a la luz. Para principios de 2017, el entonces Señor Cinco y el amigo “más vivo” de Mauricio Macri le vio pasta a Pinamonti para hacerse cargo de una iniciativa ambiciosa. En el submundo del espionaje se la conoció como el “Proyecto AMBA”, y en los papeles de la AFI como la "Dirección Reunión Buenos Aires". El Proyecto AMBA funcionó en 2017, cuando se celebraron las elecciones de medio término en las cuales Cristina Fernández de Kirchner compitió como candidata al Senado en el histórico bastión del peronismo.

La AFI se propuso indagar en el “factor político” de la provincia –algo que los servicios tienen vedado por ley– y no escatimó en espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales e incluso comedores populares. Para ello, la agencia montó seis delegaciones que se sumaron a las que históricamente tuvo en puntos neurálgicos de la provincia como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Las nuevas delegaciones –Haedo, La Matanza, Ezeiza, Pilar, Quilmes y San Martín– quedaron bajo la órbita de Pinamonti. La coordinación quedó a cargo de dos exbonaerenses, Antonio Vicente Melito y Daniel Salcedo, a quienes el propio Arribas entrevistó para comentarles del proyecto. La marca del "Proyecto AMBA" fue la inclusión de policías bonaerenses a la AFI –así como la de los "Súper Mario Bros" reclutó de agentes de la Ciudad–.

El Proyecto AMBA funcionó con unos 70 agentes y terminó en diciembre de 2017. Por entonces las elecciones ya habían terminado y había un conflicto en ciernes con la Bonaerense y con la propia gobernadora María Eugenia Vidal, a quien Arribas decía querer ayudar al desplegar las nuevas bases. La magnitud del espionaje en la provincia recién empieza a conocerse con el procesamiento que dictó Ramos Padilla el jueves pasado contra Pinamonti y contra Ricardo Bogoliuk –socio del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y quien estuvo al mando de la base Ezeiza–.

En esa misma resolución, el juez federal de Dolores convocó a indagatoria a Arribas y a Silvia Majdalani –que deberá presentarse el miércoles a las once de la mañana– así como a los coordinadores del Proyecto AMBA y a los jefes de cada una de las bases. Ramos Padilla acusa a Arribas de haber ordenado expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones de las bases del AMBA. Todo eso surge de la resolución 558 que Arribas firmó en abril de 2017, por la que reordenaba el organigrama de la propia AFI. Para hacerlo, sacaba de un área como la Dirección de Reunión Interior –dedicada a buscar información de las provincias– todo lo vinculado a provincia de Buenos Aires y lo ponía en manos de Pinamonti.

No mencionó esa resolución ni ningún otro dato vinculado a su paso por la AFI el martes. Arribas sólo le comunicó a Ramos Padilla que, por consejo de su abogado Alejandro Pérez Chada, no iba a declarar hasta que no conocieran la causa en profundidad. El tramo vinculado al Proyecto AMBA es voluminoso, pero aún está en pleno relevamiento la documentación hallada en la AFI sobre las Bases –que ya no existen más– y los tres que continúan en funcionamiento. Fue por ese relevamiento que aparecieron las pruebas de los seguimientos a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan y del buque Rigel, que actualmente está investigando la fiscalía federal de Mar del Plata a cargo de Daniel Adler.

La indagatoria frente a Ramos Padilla no estaba en el radar de Arribas hasta fines de la semana pasada. El exdirector de la AFI está procesado por espiar a Fernández de Kirchner en su departamento y en el instituto Patria. Ese procesamiento está apelado y está pendiente de ser revisado por la Cámara Federal de La Plata. Arribas quiere sacar esa causa de la jurisdicción de Lomas de Zamora y llevarla al territorio más amigable de Comodoro Py. Cuenta con el aval de la Cámara Federal porteña, pero el juez federal de Lomas Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide se resisten. En La Plata también está por resolverse un pedido de Arribas para salir del país para vender futbolistas, el negocio que supuestamente abandonó al hacerse cargo de la AFI.

La próxima cita judicial que el exSeñor Cinco tiene agendada es el viernes 9 de octubre. Nuevamente deberá sentarse ante el juez Augé –en este caso frente a una computadora porque la audiencia será virtual– para dar explicaciones por el espionaje político que se investiga en Lomas de Zamora y que se practicó sobre opositores –como la vicepresidenta– pero también sobre propios –como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó o Nicolás Massot–.