Luego de una primera reacción de enojo, el Gobierno decidió guardar silencio y abrir un compás de espera por la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. "Era una de las posibilidades, algo imaginable, pero todavía no hay nada definido. Ahora lo tienen que tratar", sostenía anoche un alto funcionario que había conversado de la cuestión con el presidente Alberto Fernández. Sólo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, salió a comentar que "esto nos va a permitir saber si tenemos una Corte que respeta la Constitución y a los demás poderes del Estado o si se maneja conforme una agenda de presiones que se fijan desde otro lado", que ubicó en los medios de comunicación y un sector de la oposición.
La semana pasada, el Presidente había criticado abiertamente al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por la convocatoria al acuerdo extraordinario de ayer para definir la cuestión. "¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte?", se había preguntado. Le había llegado información de un diálogo reservado entre Rosenkrantz y el ex presidente Mauricio Macri, aunque luego el titular de la Corte se lo desmintió a través de un mensajero. Ayer, cuando se conoció la noticia, la primera reacción en Gobierno fue de desconcierto por la decisión, en especial por la unanimidad. Después, cuando analizaron la resolución resolvieron esperar la decisión de fondo, que es de imaginar se va a conocer muy pronto.
"Hubiera sido muy duro que se lo rechazaran sin siquiera tratar el tema", analizaban anoche cerca del Presidente. "Era más o menos previsible que, dado todo el ruido que se generó, al menos le aceptaran el recurso. Pero no está nada definido respecto a la cuestión de fondo", respondían en la Casa Rosada. La decisión oficial fue guardar silencio y recién por la tarde apareció el viceministro Mena, que había sido uno de los funcionarios que en los días previos habían salido a subrayar las presiones que se ejercían sobre los jueces de la Corte.
"Me llama la atención que se haya hecho uso de esta herramienta tan excepcional como es el per saltum que se utilizó una sola vez desde que existe la ley", comentó respecto a la decisión judicial. Recordó algunos casos como la difusión de escuchas telefónicas cuya oficina estaba justamente a cargo de la Corte o la persecución a dirigentes políticos realizadas desde un sector del Poder Judicial que no ameritó ningún intervención del Tribunal, que en apariencia no lo consideró lo suficientemente grave. "Desconozco cuál es el 'gravedómetro' que utiliza la Corte para resolver", ironizó. "Hay bastantes problemas más graves en nuestro país de los que la Corte no se hace eco", añadió.
"Evidentemente, algunos miembros de la Corte son influenciables. Luego de asistir a todos los mecanismos de presión que venimos denunciando, se produce un cambio en el mecanismo procesal", continuó Mena. En su análisis, Rosenkrantz ya adelantó su posición respecto a la cuestión de fondo al decir que lo resuelto afecta el principio de inamovilidad de los jueces. "Regresar al cargo que le asignó la Constitución, no puede afectar nunca la inamovilidad judicial y mucho menos la independencia", le retrucó el viceministro.
Mena ubicó las presiones sufridas por la Corte en los últimos días en los medios y en un sector de la oposición, que ayer salió a celebrar la decisión. "¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!", escribió la ex diputada Elisa Carrió, quien había pronosticado que en breve Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, no podría caminar por la calle. "Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente", dijo la titular del PRO, Patricia Bullrich. "¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia!", celebró el jefe del bloque de diputados opositor, Mario Negri. "La resolución da un respiro democrático a nuestras instituciones", lo siguió el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.