Ponerle números al odio parece superficial: detrás de las cifras hay personas, vidas con historias por contar, gritos que tienen eco y otros que ya no porque porque fueron arrancados. ¿Para qué contamos nuestras muertes? ¿De qué nos sirve saber cuántos ataques hubo? ¿Cuántas personas dijeron puto, torta o trava como insulto? Para algunes no importan las respuestas: la violencia sigue y la frase “el amor vence al odio” tiene una linda retórica, pero mientras tanto te clavan un cuchillo en la esquina. Para el Observatorio de Crímenes de odio LGBT llevar un conteo en Argentina tiene sentido: puede ser una herramienta para pensar políticas públicas, culturales y estrategias para poner un freno. Según el último informe que publicaron, en el primer semestre de 2020 hubo 69 crímenes donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género fueron usadas para vulnerar derechos y atacar.

“La diversidad suele quedar desdibujada en los distintos informes y registros. La tarea del Observatorio es juntar toda esta data dura como insumo para reflejar una realidad que exige la urgencia de políticas públicas”, dice a SOY Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensoría LGBT y flamante presidenta de la Federación Argentina LGBT, a la que le sumó su potencia lesbiana y jurídica para empujar la “ley Integral Trans”, la “ley de vientre solidario” y la actualización de la “ley antidiscriminatoria”.

Según el informe, el 46% de los casos (32) de este semestre corresponden a lesiones al derecho a la vida: asesinatos 19%, suicidios 6% y muertes por ausencia y/o abandono estatal 75%. El 54% restante (37) fueron lesiones al derecho a la integridad física que no terminaron en muerte.

VIDAS Y MUERTES SILENCIADAS

Desde el Observatorio saben que abajo de lo que se contabiliza hay otros números, ya que muchas personas prefieren no visibilizar el ataque o no lo leen con una perspectiva LGBT+. Por ejemplo, hay familias que prefieren callar que su hijo fue asesinado por marica para esquivar la revictimización o “la vergüenza”. También están los casos de personas trans que no hicieron el cambio registral o no cumplen con los parámetros de lo que se considera una feminidad o masculinidad: sus muertes pasan desapercibidas, las familias no las quieren ni ver y en la morgue nadie reclama. En el caso de personas no binaries, lesbianas o intersex es peor, ya que sus identidades quedan desterradas incluso de las clasificaciones populares de un crimen.

“La realidad es mucho peor que lo reflejado en el informe”, dice Massenzio. “Somos conscientes de que se nos escapa mucho de lo que está pasando, más allá de toda la atención que prestamos al hacer este seguimiento: chequeamos medios, hablamos con les protagonistas, constatamos que sean casos reales y tenemos una base jurídica que parte de las denuncias que recibe la Federación en todas las provincias del país y que acompañamos muchas veces en la justicia”.

El 91% de las lesiones al derecho a la vida son dirigidas a mujeres trans (29) y el 9% a varones gays cis (3). Estos números muestran cómo la violencia hacia las personas LGBT+ hace foco en las mujeres trans con especial brutalidad. Sobre les autores, el informe dice que el 51% de los crímenes los cometen personas privadas; el 49% por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función.

La territorialidad está centrada y tiene una relación directa con las migraciones que se dan en busca de posibilidades laborales: el 35% de los ataques fueron en la provincia de Buenos Aires. El informe aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay menos crímenes de odio, sino que existe un subregistro porque hay menor desarrollo organizacional de parte de la sociedad civil y no hay quien tome la tarea de denunciar y visibilizar estos casos como lo que realmente son”.

EL ODIO COMO AGRAVANTE

Un dato que Massenzio subraya es que “desde el 2012 está la reforma a la ley de femicidios, que incorpora el agravante por crimen de odio. Sin embargo, con este número tan fuerte de crímenes que aparecen en el informe casi no hay sentencias que apliquen el agravante de crimen de odio: no se caratulan con esa perspectiva y las investigaciones fiscales van por otros caminos”.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT fue creado en mayo de 2016 por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la FALGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Junto a los informes semestrales que producen incluyen propuestas y, este año, fue inevitable hablar de las violencias que trajo consigo la pandemia. El derecho a la vivienda es uno de los puntos críticos. Según la última Encuesta Nacional de Alquileres, el 85% de las mujeres trans no pudo pagar el alquiler en mayo y el 57% se quedó sin ingresos económicos. Si bien el gobierno nacional tomó medidas como el decreto que busca suspender los desalojos, según el Observatorio, “la mayoría de las travestis y trans que habitan en pensiones y hoteles que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedan expuestas a extorsiones y amenazas porparte de quienes incumplen el decreto, reportándose cientos de casos”. El plan Potenciar Trabajo y las decenas de iniciativas de la militancia hacen que el desamparo estructural no sea peor, pero si la pandemia viene para rato habrá que pensar rápido una manera de evitar que cientos de personas mueran por abandono.

Si bien el punitivismo y el castigo penal no impactan de manera directa en soluciones a largo plazo, la reforma de la ley 23.592 contra actos de discriminación es un tema que merece discutirse: data de 1988 y no incluye de manera expresa a las identidades LGBT+, además de proponer como única solución castigos penales o multas, lo que inhabilita la posibilidad de trabajar el problema desde otras perspectivas: capacitaciones, acciones positivas, etc. Para Massenzio, cuanto mayor ausencia del Estado hay mayores condiciones para la violencia: “Siempre reclamamos una reforma a ley antidiscriminatoria, porque detectar esos actos es un primer eslabón para cortar la cadena que lleva a violencias mucho más fuertes que pueden terminar en crímenes de odio”.