Fabricantes de autos europeos fueron acusados por la organización no gubernamental Earthsight de usar en el interior de sus vehículos cuero proveniente de establecimientos rurales que contribuyen a la deforestación de los bosques de Paraguay y otros países de América Latina.

La ONG británica publicó un informe en el que afirma que los bosques de la región del Chaco han sido arrasados de forma ilegal para permitir el negocio de explotación ganadera que luego vende cuero a la industria automotriz. En esa región viven los indígenas de la etnia ayoreos totobiegosode, también desplazados por los intereses ganaderos.

"Se constató que los mataderos que compran ganado a estas fincas venden cuero de vaca a las curtiembres que abastecen a algunos de los principales constructores de automóviles europeos", subrayó Earthsight en la investigación que les llevó 18 meses.

Entre esas automotrices se encuentran Jaguar Land Rover y BMW, entre otras. Ambas son clientas de la marca italiana Pasubio, "el más importante consumidor mundial de cuero paraguayo".

En el informe, BMW aseguró que "no tenía información" que indicase que su suministro de cuero sudamericano estuviera "afectado por estos problemas". Sin embargo, el grupo “se encuentra estudiando opciones para ampliar aún más los sistemas de trazabilidad" porque “su estrategia a mediano plazo” es dejar de abastecerse de cuero latinoamericano.

Por su parte, Jaguar Land Rover señaló que toma estas acusaciones "muy en serio" y que ha lanzado una investigación.

Según Earthsight, durante 2019 cada dos minutos se arrasó con una superficie forestada equivalente a la de un campo de fútbol. Pero este descubrimiento, apuntó la ONG, sería sólo “la punta del iceberg” porque “ninguno de los diez mayores fabricantes europeos de automóviles revestidos con cuero (...) ha asegurado que pueda rastrear por completo el origen de su suministro”.

La industria automotriz también obtiene cuero de vaca de Brasil, donde la cría de ganado es la principal causa de la deforestación.

Earthsight es una ONG que busca sancionar de manera urgente una legislación en el Reino Unido y la Unión Europea que obligue a las empresas a velar que sus cadenas de suministro estén exentas de violaciones a los derechos humanos y medioambientales.