El día después de abrir el per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en busca de un aval a sus designaciones en Comodoro Py sin acuerdo del Senado, la Corte Suprema decidió concederles a los dos primeros una licencia extraordinaria por treinta días con goce de sueldo. El tercero se había quedado con una licencia común compensatoria que le otorgó su tribunal oral de origen, y no pidió más nada. Con esta decisión, el tribunal les da un respiro a los jueces atrincherados, que no quieren dejar los cargos que les concedió por el mecanismo de “traslado” el gobierno de Mauricio Macri, que están en una situación indefinida, y se da un tiempo a sí mismo para resolver la discusión jurídica sobre la validez de estas designaciones, a la que los propios supremos terminaron dándole una entidad política que utilizaron para posicionarse frente al Gobierno. Pese la demostración de poder planteada –al comienzo a instancias de Carlos Rosenkrantz, el más macrista de los cortesanos--, durante el miércoles se empezaron a desinflar las exclamaciones de la oposición que veían un triunfo en la decisión del máximo tribunal. Esto coincide con algunas versiones que rodaron con insistencia desde el Palacio de Tribunales, que subrayaban que todavía no está todo dicho sobre la discusión de fondo.

El martes se produjo una situación excepcional en la Corte en el contexto de la pandemia: hubo cuatros jueces presentes en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Estuvieron, además del presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. La convocatoria a un acuerdo con carácter “extraordinario” la había hecho Rosenkrantz, cuyo interés era forzar un pronunciamiento sobre los planteos que venía haciendo el trío BBC, entre ellos que el alto tribunal revisara sus traslados sin esperar un fallo de la Cámara del fuero contencioso administrativo, donde también reclamaban. El tridente venía recibiendo todos fallos adversos en ese fuero, después que el Consejo de la Magistratura incluyó sus nombres entre una decena de designaciones por traslados que consideró irregulares, por lo que luego el Senado convocó a esos diez jueces y juezas a una audiencia para evaluar si les daría el acuerdo pendiente. Como Bruglia, Bertuzzi y Castelli pegaron el faltazo, 41 seandores/as rechazaron sus pliegos. Al final el Poder Ejecutivo confirmó esa decisión decreto y la Cámara de Casación dejó claro que debían volver a sus tribunales de origen.

Rosenkrantz, que no tiene gran poder ni autoridad en la Corte porque la mayoría de las decisiones se toman con un mínimo de tres votos por una acordada de 2018, aprovechó una de las pocas cosas que puede hacer en soledad y generó las condiciones para que sus colegas se vieran en la situación de tener que decir algo, mientras Clarín y La Nación sumaban presión, hubo un escrache a Lorenzetti y una insólita vigilia frente a tribunales antes del plenario de personas que supuestamente defienden a BBC. Nadie mostró su voto hasta ese día. Rosenkrantz tenía uno más duro que el que finalmente firmó, que de todos modos se explayaba a favor del trío de trasladados. Incluía reproches al Senado y al Poder Ejecutivo. Pese a que todos los jueces estaban en tribunales, hicieron una reunión por Zoom, que incluyó a Elena Highton de Nolasco que estaba en su casa. El presidente supremo estaba en una posición distinta y minoritaria en relación a la de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Quería plantear que están en juego derechos adquiridos, como dicen los demandantes. Intentó que el resto se amoldara a su voto. Rosatti medió –como es habitual, de hecho lo llaman “el relajador”-- y se tuvo que adaptar él. Solo dejó, como el resto, una alusión al Consejo de la Magistratura y la indicación de que ese organismo no avance en reemplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

El fallo que abrió el per saltum, y que causó cierta sorpresa en el Gobierno, parece unánime pero el voto propio de Rosenkrantz es muy distinto al del resto. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti armaron una propuesta en conjunto, a la que finalmente se sumó Highton, bastante más “light” para el contexto, pero no menos irritante para el oficialismo político. La Corte dice que será ella la que definirá y se dará la última palabra, pasando por alto a la Cámara en lo Contencioso, y amaga con hacerlo rápido al acortar los plazos para que el Consejo presente su postura y el Procurador General su dictamen. Como explicó este diario, hay tres opciones esencialmente: las más extremas serían a favor o en contra de validar los traslados, mientras que una alternativa salomónica podría analizar si los traslados son o no permanentes y en caso de decir que no permitir que el trío BBC, permanezca hasta que termine el concurso para cubrir esos cargos.

Todavía el panorama no está claro, pero es evidente que hay un diálogo sostenido entre Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Curiosamente es el trío al que el exministro Germán Garavano bautizó peyorativamente como “la mayoría peronista”, algo que luego el macrismo utilizó como latiguillo para criticarlos. El contexto que surgió esa denominación, casualmente, fue cuando en 2018 se discutía el armado por parte del gobierno de Cambiemos de tribunales orales con jueces afines para que se ocuparan de los juicios contra los exfuncionarios del kirchnerismo. En ese contexto surgieron las dos acordadas supremas, la 4 y la 7 que la oposición invoca como si le dieran la razón a Bruglia y Bertuzzi. Ambas hablan de cuál es el mecanismo constitucional para designar jueces: terna del Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Lo extraño es que en su momento hicieron una lectura negativa, y de ahí surgió el mote “mayoría peronista”, porque el tribunal no quiso habilitar un tribunal armado a medida. La acordada 7 decía que los jueces que son trasladados a otra jurisdicción, competencia, grado o jerarquía requieren acuerdo del Senado. Cada quien hoy interpreta lo que quiere, pero lo que importa es lo que vayan a decir los supremos, tal vez la semana próxima.

Sus discusiones y alianzas están atravesadas por una pelea que pone la mira en el año que viene: en el mes de septiembre puede cambiar la presidencia de la Corte. Rosenkrantz podría reelegir, Lorenzetti quisiera volver y Rosatti mira el cargo con cariño. Las alianzas son algo inestables. La guerra entre los dos primeros está declarada desde el día que en que a Lorenzetti lo sacaron de la presidencia con el apoyo de todos menos de Juan Carlos Maqueda. Su vuelta se basa en conquistar la voluntad de Maqueda y Highton; la reelección de Rosenkrantz es complicada, porque necesitaría a Rosatti y a la jueza; Rosatti podría contar con Maqueda y Rosenkrantz. Por ahora todo parece arena movediza. La Corte tiene por delante también la cautelar por la coparticipación presentada por Horacio Rodríguez Larreta, pero antes resolvería pronto este intríngulis de los traslados que devino en una gran batalla política.