Beatriz Quispe era una lideresa que construyó su feminismo popular de a pie, en las calles y los territorios, derribando puertas donde el encierro ocultaba las violencias contra vecinas y niñas, armando rondas sin jerarquías, con todas las lenguas y las risas en enriedos poderosos. Mujer migrante, Bety liberaba cuerpos y almas con palabras, saberes y acción. Lo hizo contra viento y marea en su mundo, la Villa 1-11-14, y en cada barrio popular por las adolescentes desaparecidas y las reurbanizaciones, hasta que la maldita pandemia le plantó un final a su vida. Hoy Bety es homenaje, memoria y bandera del proyecto de ley que lleva su nombre y crea la figura de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad en la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento político, social y económico que amplía derechos y fortalece la promoción comunitaria en género y diversidad.

“Bety fue coordinadora del Area de Feminismo Popular en la Villa 1-11-14 de Barrios de Pie. Asumía ese rol en los territorios por barrios libres de violencias. Era evangelista y realizó todo un camino para ponerse el pañuelo verde, al entender que también era Ni Una Menos por abortos clandestinos”, recordó la legisladora Laura Velasco (Somos-FdT), impulsora del proyecto y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. “Cuando fue el golpe en Bolivia, nos enseñó cómo pensar la política de lo que estaba sucediendo. Fue una de las que estuvo en la Legislatura para hacer realidad el protocolo ILE en la Ciudad de Buenos Aires.”

La iniciativa propone incorporar de forma permanente a promotorxs territoriales de géneros y diversidad a los equipos territoriales que funcionan en cada uno de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de la Ciudad. “En esta pandemia se duplicaron los llamados a la Línea 144, por eso planteamos proyectos de fortalecimiento de políticas públicas para defender los derechos de mujeres, niñas y del colectivo lgttbiq+. Lxs promotorxs territoriales garantizan el acceso a ILE, a anticonceptivos, llevan adelante talleres de ESI y acompañan en los territorios los casos de violencias de géneros con un abordaje integral y asegurando el acceso a la Justicia”, expresó Velasco en una jornada virtual de la que participaron las compañeras de Bety junto con la abogada Nelly Minyersky, que preside el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura, y referentas feministas de organizaciones sociales, políticas y sindicales.

“Las académicas podemos pensar una ley muy buena, pero si no tiene quien la cuide, la transmita y la ejecute, no sirve para nada. Cuando hablamos de promotoras, pienso en aquellas que van a estar al lado de quien necesita ser escuchadx para que se hagan efectivos sus derechos”, dijo Minyersky. “Jerarquizo la profesión de las promotoras porque son los brazos, los ojos y las voces para que la eficacia de la ley pueda ser una realidad para todxs.”

El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, registró 1 femicidio cada 27 horas en lo que va de 2020. Entre el 1° de enero y el 30 de junio ocurrieron 162 femicidios, en el 69 por ciento de los casos el victimario fue la pareja o ex pareja, y el 70 por ciento tuvo lugar en la vivienda de la víctima. La situación se agrava en el contexto del aislamiento y la encerrona con los agresores bajo el mismo techo: sólo entre el 20 de marzo y el 30 de junio se contabilizaron 81 femicidios.

La creación de la figura de Promotor/a Territorial de Géneros y Diversidad implica contar con referentes comunitarixs con perspectiva de géneros, que hagan prevención y difundan los derechos humanos de mujeres y personas LGBTI+, un factor central para problematizar y prevenir las violencias machistas. “A su vez – remarca la iniciativa en los fundamentos-, significa otorgar el debido reconocimiento al trabajo territorial que actualmente se desempeña por otras vías, como la organización social y popular.”

Mona Córdoba y Felicidad Salinas, “compas” del corazón a las que Bety abrazaba cada vez que caminaban el territorio “con compromiso popular y feminista”, celebraron la posibilidad de apropiarse de un proyecto que las fortalece y genera autonomía. “Lxs promotorxs conocen como nadie las realidades de cada barrio y ponen el cuerpo día a día, por eso es indispensable el reconocimiento estatal”, señaló Mona, referenta de Somos Barrios de Pie. “Todas somos Bety, y en esta pandemia se reflejó más que nunca. Se triplicó nuestro trabajo y la policía nos impedía circular cuando acompañábamos a otras a hacer las denuncias por violencias, pero las demandas no pueden esperar y la SUBE cuesta y la pagamos nosotras. Necesitamos que esta tarea se reconozca como trabajo y se nos pague por eso. No es amor”, advirtió Felicidad Salinas, de Marea Feminismo Popular en Barrios de Pie. Ambas coincidieron en que la intervención de lxs promotorxs en los CIM y en las Consejerías de Género de los centros comunitarios barriales, sumada al trabajo de las organizaciones sociales en los barrios populares, permitiría construir estrategias en red para abordar las violencias. “Este proyecto viene a cristalizar una tarea que se desarrolla hace tiempo”, agregó la activista trans Paula Arraigada, del Frente de Todxs, e integrante de Agrupación La Nelly Omar. “En los barrios hay muchas mujeres trans y mujeres cis que se encargan de las ollas. A través de este proyecto empezamos a comenzar por las últimas, para llegar a ser una ciudad feminista, nacional y popular.”

Se habló de disputar un sentido profundo para la ciudad, amasado desde las organizaciones sociales y los feminismos; de prácticas puestas en acto, de una acumulación de saberes de lxs que generan estrategias permanentes desde los territorios, con reflexión e instancias de formación. “Muchos 8M nos encolumnaron en ese concepto de que ´Trabajadoras Somos Todas´, y logramos que nos reconocieran que es trabajo esencial. Sin embargo, aún no nos reconocieron el salario”, subrayó Clarisa Gambera, de la CTA Autónoma. “Es una deuda pendiente territorializar los CIM, y en la paritaria de las mujeres, al trabajo de las compañeras hay que ponerle valor.” Se reconoció que las luchas en unidad lograron derrotar al macrismo y que este presente desolador encuentra a mujeres, diversidades y promotorxs territoriales enfrentando la violencia y el hambre. “En Barracas, Soldati, Chacarita, en las villas, es indispensable fortalecer la unidad para pelearle al Gobierno de la Ciudad que esta ley sea efectiva, y para que se declare la Ley de emergencia en violencia”, exigió Gisela Peters, de la CCC Zona Norte-Capital.

Bety Quispe enseñaba de manera sencilla y escuchaba con pasión. En noviembre de 2019 compartía con sus compañerxs del Bachillerato Popular los aprendizajes colectivos de la Diplomatura Educación Popular y Organización Comunitaria. “Estos conocimientos que nos dieron serán muy útiles para elaborar y dar práctica en los territorios en los que el Estado está ausente”, escribió con orgullo. La docente Machi Alonso relataba que Bety “sabía explicar construyendo conocimiento desde las propias prácticas, y eso genera una responsabilidad en seguir la lucha cotidiana. Tenemos que traducir los contenidos de esta ley para que se haga realidad.” Se trata sin más de que mujeres y diversidades que hoy están gestionando en la primera línea de la emergencia sanitaria sean valoradas por el Estado porteño, con recursos, y pensando un modelo urbano desde los feminismos populares, que permita resolver las desigualdades profundas de la Ciudad más rica del país.