En apenas ocho renglones, el fiscal Carlos Stornelli le hizo olé a la Sala I de la Cámara de Casación: dijo que no tiene grabaciones ni filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos, pero no porque no se hicieron, sino porque le mandó "los registros" a la fiscalía de Fabiana León, que es la que va a intervenir en el juicio oral del caso de las fotocopias de los cuadernos. lgual, como al pasar, Stornelli dijo que las grabaciones o filmanciones no se requieren. Al rescate salió otro fiscal de la troupe del macrismo en Comodoro Py, Raúl Pleé, quien reclamó que se deje sin efecto el pedido de las grabaciones o filmaciones porque las declaraciones se registraron mediante actas y no de otra manera, además de que la cuestión no está -según Plee- en el centro de los cuestionamientos. El saldo estaba cantado: no hay registro electrónico de ningun tipo. 

La semana pasada se produjo una audiencia ante la Sala I de Casación integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. En aquella oportunidad, las defensas de De Vido (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro), de Hernán Gómez (Laura Fechino), del empresario Gerardo Ferreyra (Eduardo Barcesat) y de otro empresario, Juan Carlos Lascuraín (Marcelo Mónaco) sostuvieron que en el caso de las fotocopias no se puede aplicar la ley del arrepentido, porque fue votada después de los hechos, y porque el fiscal Stornelli nunca grabó ni filmó las declaraciones. La ley dice que "deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior" y queda claro del debate que se hizo en su momento en el Congreso que la idea era que debían grabarse o filmarse justamente para verificar que las declaraciones no se hubieran obtenido mediante una coacción o una negociación por plata o una tortura. Varios imputados afirmaron después que las audiencias con Stornelli fueron feroces aprietes con la consigna "declara contra Cristina o va al calabozo".

A raíz de estos planteos, la presidenta de la Sala, Figueroa, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi -sucesor de Bonadio- las grabaciones o filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos. El juez contestó que no tiene nada y le mandó un oficio a Stornelli, que fue el que realizó las audiencias con los llamados imputados colaboradores. El fiscal contestó con el texto breve: afirmó que no tiene nada, que ya se lo pasó a la fiscal de juicio, pero en forma tácita adelantó que están hechas -según su criterio- de acuerdo a la ley. Al mismo tiempo apareció en escena Plee, fiscal de Casación, que integró la Comisión de Seguridad de Boca Juniors durante el mandato de Mauricio Macri y era uno de los nombres barajados por Cambiemos para el puesto de procurador. Plee no concurrió a la audiencia del jueves pasado, pero jugó sus cartas este miércoles reclamando que se anule el pedido de las filmaciones o grabaciones, porque con las actas firmadas es suficiente. Habrá que ver si los camaristas toman en cuenta la opinión del fiscal de Cámara, hecha fuera de tiempo, extemporánea.

A esta altura está oficialmente claro que no hay filmaciones y grabaciones y habrá que ver qué decide la Sala I. Está la posibilidad de que anulen las declaraciones de los arrepentidos, lo que sería un golpe durísimo a la causa de las fotocopias. También queda por definir si la la ley del arrepentido es inconstitucional en este caso, porque sería una aplicación retroactiva dado que los hechos reflejados en las fotocopias ocurrieron entre 2008 y 2015 y la ley del arrepentido se extendió a los casos de corrupción recién en 2016. Para colmo, el resto de la prueba está igualmente sospechada: no se sabe si los cuadernos los escribió el chofer Oscar Centeno y cómo es que el chofer dijo que los quemó y después aparecieron intactos.

Las idas y vueltas del expediente exhiben los desmanejos del dúo Bonadio-Stornelli. Una investigación como la que está realizando Alejo Ramos Padilla en Dolores, sin detenciones arbitrarias, sin anónimos, sin testigos de identidad reservada y en que se filmaron las audiencias con quienes se postulaban como colaboradores, demuestra que se puede hacer algo distinto. En Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto al juez Juan Pablo Auge, también prescindieron de detenciones masivas y de arrepentidos. La diferencia central está en que el alineamiento electoral-mediático de parte de Comodoro Py contaminó toda la prueba de la causa de las fotocopias: el objetivo fue perseguir a la oposición, no encontrar la verdad.