El Ejecutivo quiere que la actualización de los alquileres sea sólo por inflación, mientras el proyecto que obtuvo media sanción del Senado en 2016 prevé hacer un promedio entre el aumento de precios y de salarios. "Es muy dañino", advirtieron desde Inquilinos Agrupados.

El Ejecutivo había barajado la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto propio; en cambio, según trascendió, intentará modificar un artículo sensible: la fórmula que regirá para la actualización de los contratos.

La iniciativa que tiene que debatir la Cámara de Diputados propone que el precio de locación “sólo podrá ser reajustado anualmente” –hoy se exigen en algunos casos renegociaciones semestrales- y el valor se determinará en base a un promedio en partes iguales entre la inflación del INDEC y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). De esta manera, el valor del alquiler no podrá superar, en ningún caso, el aumento salarial en forma porcentual.

El Gobierno considera que tal fórmula sería perjudicial para los propietarios y, por lo tanto, podría hacer naufragar los supuestos planes de inversión del mercado inmobiliario. Es por eso que el Ejecutivo pretende que las actualizaciones sean regidas por las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), es decir, sólo por inflación. Y diferenciar, también, las unidades habitacionales de las comerciales, que serían más perjudicadas aún.

También incorporaría al proyecto un Programa de Alquiler Social, similar al fracasado Alquilar se Puede, que el propio Mauricio Macri intentó aplicar en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha iniciativa estaría enfocada en un subsidio y en la accesibilidad a una garantía para quienes no logren reunir los requisitos necesarios para acceder a un alquiler. 

Además, el Gobierno querría acortar el plazo del contrato, que el proyecto estipula de tres años, y dejarlo tal como está hoy, es decir, de dos años de duración.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, uno de los autores de la ley que se aprobó en el Senado, pidió a Diputados que se vote el proyecto tal cual como salió de la Cámara alta. 

“Quieren frenar la ley para regular los alquileres, si introducen esa modificación y los diputados la aceptan, vuelve al Senado y ya no la van a votar”, se lamentó Muñoz. “Es una estrategia para dilatar la discusión”, insistió. 

Muñoz advirtió que los inquilinos están en una situación límite: “Hoy el 50 por ciento del salario se destina para el alquiler, y cada dos años tienen que dejar sus ahorros para poder afrontar los costos de una mudanza.”

Además, el referente de Inquilinos Agrupados relativizó el alcance de los créditos hipotecarios promocionados por el Gobierno. “El problema de la vivienda no se soluciona con créditos hipotecarios, sino interviniendo el mercado de los alquileres para evitar los abusos. Necesitamos equilibrar la balanza entre inquilinos y propietarios”, señaló.

Al mismo tiempo, Muñoz aseguró que los “créditos son para un determinado sector, que tienen ahorros, trabajos estables, que pueden meterse en créditos a 30 años”. “Son créditos para sectores que siempre pudieron comprar viviendas. El mercado inmobiliario y los bancos hacen el negocio”, apuntó.

Desde hace algunos años, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un complejo proceso de inquilinización: uno de cada tres porteños alquila. En la Argentina, en total hay 6 millones de inquilinos. El fenómeno de concentración de las propiedades fue muy acentuado en la Ciudad: el régimen de tenencia de la vivienda pasó del 64,4 por ciento de la población en 2003 al 50,6 en 2016. En paralelo, los inquilinos pasaron del 23,9 al 35,2, mientras creció la “tenencia precaria” del 11,6 al 14,2 por ciento.

Muñoz pronosticó que el lanzamiento masivo de crédito hará que el mercado eleve el “valor de la vivienda y, por ende, de los alquileres”. “Por eso es importante la ley, para evitar que haya un abuso contra los inquilinos”, concluyó.