Se cumple un año de la muerte de Claudio Romano, el remisero asesinado en Villa Crespo por tres policías de la Ciudad que lo ultimaron de ocho disparos, cinco de los cuales fueron hechos cuando él estaba herido e inmovilizado en el piso. Los tres agentes procesados por homicidio calificado habían sido detenidos, sin embargo ahora están en funciones y su defensa dilata el avance de la causa. Para Lucía Sánchez Cáceres, esposa de la víctima, el caso “dejó en evidencia que la fuerza no está preparada para reducir a una persona sin matarla” y que el uso de las pistolas Táser “no es una garantía” para mejorar el accionar policial.

El caso fue reconocido por la explosión mediática que causó la aparición del video que registró el crimen. Y también porque siempre que ocurre un hecho de este tipo y con ese nivel de exposición, un sector reaviva la presunta necesidad de que las fuerzas de seguridad usen Táser, las pistolas “no letales” que a veces matan.

El 1 de octubre del año pasado, Romano, de 39 años, había ido a buscar a un cliente a una clínica ubicada en Malabia al 900. Lo que muestran las imágenes y reconstruyó la causa judicial es que él se bajó de su automóvil, se dirigió a un patrullero estacionado adelante, se acercó a la ventanilla del conductor, el policía Ramón Pérez; forcejeó con él, lo hirió con una navaja en el cuello y corrió hasta el otro lado del móvil.

Pérez se bajó y fue asistido por la agente que lo acompañaba, Alejandra Manzanelli, y por otra que estaba en la calle, Isabel López. Manzanelli hizo el primer disparo de los tres que inmovilizaron a Romano y lo dejaron tirado sobre el asfalto. Cuando el remisero intentó incorporarse, Pérez lo pateó en el torso e hizo que arrojara el arma lejos de él. Desarmado y herido, Romano estuvo así durante casi un minuto hasta que intentó incorporarse nuevamente y recibió una andanada de disparos. Ocho en total. El último dio en el pecho y fue el mortal.

María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi y de la familia de Romano, explicó a Página/12 que “la agresión de Claudio existió, fue un tajo en el cuello de Pérez que no revistió riesgo de vida”. Lo cuestionable es lo que pasó después. “Durante el minuto que estuvo tirado, la policía tendría que haberlo reducido. Si le ponían las esposas, cargaban en el patrullero, lo llevaban al hospital y después lo procesaban por lesiones (contra el policía), hubiera estado todo bien", afirmó.

Sin embargo, la víctima “estaba totalmente reducida e inerme cuando recibió el último impacto en el pecho. Por eso está claro que no hubo legítima defensa ni en exceso. Si fuera por el tajo, no lo tendrían que haber matado. Fue una actitud incomprensible de la policía”.

“Un encubrimiento tras otro”

Lucía es veterinaria. Fue la esposa de Romano. Desde que ocurrió el hecho, recorrió el barrio de Villa Crespo en busca de testigos. “Varios tuvieron empatía conmigo pero tenían miedo de declarar”, relató a Página/12. Lo que intentó fue reconstruir lo que ocurrió antes del crimen y que de alguna manera podría explicar por qué pasó lo que pasó. Su hipótesis es que “Claudio se conocía con los policías”, puesto que, por su trabajo como remisero, iba a la clínica ubicada en ese lugar dos días a la semana, para buscar pacientes.

Saber qué ocurrió antes del crimen también explicaría por qué el auto de Romano tenía manchas de sangre hasta en el techo. Para Lucía, “ahí hubo una pelea, pero me lo siguen negando”. “Sin embargo, oh casualidad, no hay cámaras que hayan registrado los minutos previos a la llegada de Claudio a la clínica. Me recorrí la zona. Hay complicidad de la Ciudad con la policía. Si había pruebas, las eliminaron. Es un encubrimiento tras otro”, cuestionó.

Luego del velorio y antes de que lo sepultaran, ella misma revisó el cuerpo y notó que había cortes en varias partes del cuerpo, probablemente hechos con la misma arma con que Romano cortó al policía. “Claudio era muy sociable y seguro hablaba con esos policías. Vaya a saber de qué se enteró”, se preguntó Lucía.

En la causa, sin embargo, quedó descartado que Romano tenía una relación de confianza con los policías. “Y lo que haya ocurrido antes explicaría por qué Claudio estaba cortado, pero para la causa no tiene trascendencia” porque “lo que se juzga es la conducta policial”, concluyó Verdú.

El debate por las Táser

Por esos días, el caso reimpulsó el debate sobre el uso de las pistolas Táser. Hubo quienes sostuvieron que Romano habría sido contenido con las descargas eléctricas inmovilizantes. Sin embargo, para la familia y sus representantes legales, ese es un falso eje de discusión.

Lucía sostuvo que el debate por el uso de esas armas “demuestra la ineptitud que tienen los policías frente a situaciones” como las que vivió su esposo, y “deja en evidencia que la fuerza no está preparada para portar un arma”.

“¿Qué hubiese pasado si tenían una de esas pistolas en el caso de Claudio? Lo hubiesen matado igual. Si hicieron lo que hicieron con las reglamentarias, lo mismo hubieran hecho con las Táser”, aseguró.

Verdú contó que la Correpi tiene registro de “muchos casos con gente con brotes esquizofrénicos, psicóticos o despolarizados donde la respuesta policial es de violenta” y no necesariamente con el arma reglamentaria, sino a veces con el cuerpo, como la patada policial que en agosto de 2019 mató a un hombre que portaba un cuchillo en San Cristóbal.

“No es dándoles otra arma la forma en que se resuelve el problema de que la policía no sepa usar la que tiene, sin matar”, sentenció la abogada.

La causa judicial avanzó

La jueza Ángeles Gómez Maiorano había procesado a los policías por el delito de “homicidio calificado”. En los primeros días posteriores al crimen, los tres estuvieron presos. La defensa de los policías apeló el procesamiento con el argumento de la “legítima defensa” en ejercicio de sus funciones, pero la sala VI de la Cámara Criminal los confirmó con un fallo contundente.

Los camaristas dijeron que “una vez que Romano queda inmóvil en el suelo, con capacidad ofensiva sumamente ofensiva sumamente reducida, así los disparos sobre él no sólo continuaron sino que se multiplicaron“ al menos “en cinco ocasiones“. Y concluyeron que esos disparos contra un hombre tendido en el suelo “fueron completamente innecesarios ante el supuesto riesgo que representaba”.

La causa fue elevada al Tribunal Oral 2, pero el devenir de la pandemia en el Poder Judicial hizo que el inicio del juicio se postergara. Luego, la defensa pidió una prórroga con el argumento de que no estaba en condiciones de ver las pruebas hasta que no accediera al expediente. Sin embargo, todo el material está digitalizado y podría revisarlo por vía tecnológica.

“El ofrecimiento de pruebas es una enormidad”, aseguró Verdú. Testigos, documentación, peritajes, informes policiales, análisis de celulares, videos, todo. En la descripción de los hechos y la calificación del delito, la querella y la Fiscalía comparten la óptica.

Verdú consideró que el proceso debe ser oral y presencial, y anticipó que no aceptará audiencias virtuales. Uno de las razones es que la vía telemática no permite controlar las declaraciones testimoniales. “En una pantalla encendida, uno no puede saber si el declarante habla espontáneamente o si está leyendo un punteo que le dio el abogado; en una apagada, mucho menos”, alegó. El otro motivo es la imposibilidad de percibir el comportamiento gestual y el lenguaje corporal de quien declara.

Por estas razones, el inicio del juicio se dilatará por lo menos hasta el año que viene. Mientras tanto, los tres procesados siguen en excarcelados y ejerciendo sus funciones. Lucía expresó su “indignación” de que “esos tres psicópatas e ineptos que no pudieron reducir a una persona sin matarla, estén en las calles o en contacto con el público”.