Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se informó que el fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, para avanzar en la investigación sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el cobro del tratamiento con plasma.

Los pedidos de informes fueron remitidos al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de la Nación, a clínicas y sanatorios privados, a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, entre otras medidas ordenadas en el marco de la investigación preliminar.

A partir de esa información el fiscal determinará si se cometieron delitos de competencia de la Justicia provincial, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o el de comercialización de plasma, contemplado en el artículo 91 de la Ley 25990, conocida como “Ley de Sangre”.

Esta normativa establece que “será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años y con multa de diez mil pesos argentinos ($a 10000) a quinientos mil pesos argentinos ($a 500000) el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza".

Según se explicó desde el MPF provincial, de verificarse que existió comercialización de plasma, la investigación correspondería al fuero federal.

Los hechos investigados se conocieron el sábado pasado cuando a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia, se difundió que con la firma de su gerente, Martín de la Arena, la empresa denominada HemoSalta SRL informó mediante una nota dirigida a sanatorios y clínicas que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

Salta/12 consultó ese mismo día a De La Arena, quien sostuvo que dio de baja la notificación cuando el ministro de Salud, Juan José Esteban, le dijo que el Centro Regional de Hemoterapia, dependiente de la cartera sanitaria, no factura los hemocomponentes del plasma, por que no corresponde que luego se cobre por su aplicación. 

De la Arena justificó su nota afirmando que se conocía de la evaluación del posible importe a cobrar por los hemocomponentes, un análisis que de hecho (según lo confirmado desde el gobierno provincial), se venía realizando. De la Arena afirmó que nunca cobró el plasma y esta fue la primera notificación enviada y dada de baja el mismo sábado pasado. Hasta febrero de este año, De la Arena era parte de la estructura de planta permanente del Ministerio de Salud de la provincia.