Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Salta recordó que para acceder al beneficio otorgado en caso de no poder abonar los servicios, los usuarios debían empadronarse en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), pero como ese plazo ya finalizó, esa dependencia seguirá tramitando e intercederá ante el organismo provincial para que las empresas prestatarias no dispongan los cortes.

El anuncio surgió tras los reiterados reclamos de comerciantes que en medio de las medidas de Aislamiento Obligatorio (ASPO) denunciaban que a pesar de estar vigente el decreto nacional 311/2020, prorrogado por el 750/2020 hasta el 31 de diciembre, sufrían cortes y les retiraban los medidores de sus establecimientos.

La prórroga del decreto 311, vigente desde el primero de marzo, sumó servicios como cable, internet y telefonía, pero para ello, los usuarios alcanzados por la medida deben registrarse en caso de estar comprendidos en los grupos previstos por el decreto, en el caso de luz y agua, en el Ente Provincial, en cuanto al gas deben hacerlo directamente a través de la página del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

A su vez, en el caso de los servicios no regulados por la provincia, el tiempo de mora llega hasta los 7 meses, mientras que para EDESA y Aguas del Norte alcanza a los tres meses, luego las empresas tienen derecho a cortar el servicio.

Emilia Calmejane, subsecretaria de Defensa al Consumidor de la intendencia capitalina, recordó que se encuentra vigente la resolución 555/20 que fue prorrogada por la 1110/20 del ENRESP, y que establece la suspensión de cortes de servicios de luz, agua y cloaca para los usuarios comprendidos dentro del padrón hasta el 31 de diciembre.

“Cuando se puso en vigencia la resolución provincial 555, se abrió un padrón por 15 días para que todos los usuarios que cumplían con determinados requisitos pudieran tener este beneficio”, indicó la funcionaria municipal, quien explicó que pasado ese lapso de tiempo el padrón se cerró “y quedó un universo de usuarios que cumplían los requisitos pero no se pudieron inscribir porque no tuvieron la información suficiente o no sabían cómo era el procedimiento”.

Por lo que desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, advertidos por el flujo de consultas que recibieron, y porque las medidas del ASPO son más restrictivas “y el servicio se convirtió en una cuestión de salud pública”, decidieron habilitar nuevamente el registro para seguir inscribiendo posibles beneficiarios en acuerdo con las autoridades del ENRESP.

Calmejane detalló que en estos meses recibieron unas 400 denuncias de cortes de suministro y que gestionaron directamente con las empresas (EDESA y Aguas del Norte) “y logramos resolver muchísimo reclamos, y aquellos que no se resolvieron los apelamos en el Ente Regulador quien se encargó de darles una solución”.

Los usuarios comprendidos como beneficiarios dentro de la categoría residenciales, casa de familia son: electrodependientes; beneficiarios de la AUH y asignación por embarazo; beneficiarios de pensión no contributivas con ingresos menores a dos salario mínimo; inscriptos en el Régimen de Monotributo social, jubilados y trabajadores con salarios menores a dos salarios mínimos; usuarios que perciben seguros de desempleo; personas inscriptas en el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares.

La categoría de usuarios no residenciales comprende a micro, pequeñas y medianas empresas; cooperativas de trabajo o empresas, recuperadas o afectadas a la emergencia; instituciones de salud pública y privada; entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

“Cuando se difundió el decreto presidencial hubo mucha confusión, porque la mayoría que seguía los medios nacionales creía que era para todos y que de no pagar no les cortarían los servicios, y se confiaron en ese sentido”, comentó la funcionaria.

Emilia Calmejane recordó que para inscribirse en el padrón o hacer algún tipo de consulta las vías de comunicación son a través del correo electrónico [email protected] o al WhatsApp 3875-807377 de lunes a viernes 8 a 17.

Se inscribieron solo 400

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, en diálogo con Salta/12 confirmó lo anunciado por el organismo municipal en cuanto a la posibilidad de tramitar el beneficio a través de esa dependencia, y explicó que cuando la resolución provincial 555/20 se emitió a fines de marzo, se estipularon 15 días para el registro y que luego se prorrogó 15 días más.

A su vez aseguró que en ese momento se incorporaron preventivamente 8.500 comercios, entre Pymes y MiPymes inscriptas en la Dirección General de Rentas, “pero de ese número solamente 400 fueron a llevar los papeles”, se quejó, y afirmó que se pedían cosas muy simples para acceder al beneficio.

“Vinieron a vernos desde el Centro de Peluqueros y nos dijeron que eran como 3.000, pero no trajeron a las personas involucradas y sus papeles”, sostuvo Saravia.

De todas maneras, agregó que el porcentaje de cortes en toda la provincia se redujo sideralmente ya que, en el caso de la luz, entre julio y agosto no llegaron a los 500 por mes, y que el promedio de interrupción del suministro en el 2019 fue de 6.605 por mes “y el pico se había manifestado en mayo de ese año con más de 8.000”. Lo que significa una caída de más del 90%.

Subió el nivel de morosidad

Saravia aseveró que a pesar de que subió la falta de pago, se está garantizando el servicio. Según los datos del Ente, “hay 304.494 facturas vencidas” que corresponden a 139.929 usuarios, “es decir, que cada uno tiene un promedio de dos facturas y media en mora”. Lo que representa un monto total de deuda de $678 millones que aún EDESA no ha podido cobrar.

El total de usuarios de la provincia es de 358.000, por lo que casi el 40% tiene algún tipo de deuda con la empresa de energía eléctrica,

El presidente del ENRESP informó que, de los usuarios alcanzados por el decreto nacional, los residenciales protegidos son 65.306 y las MiPymes 2.374, “esto es lo que protege la presidencia”, aclaró, indicando que son los informados por los registros del gobierno nacional como quienes deben estar incluidos en el padrón sin hacer el trámite.

Pero que la resolución del Ente provincial lo amplió a 329.000 potenciales por la medida de incorporar a quienes consumen menos de 500 kilowatts por mes, “lo que significa el 92% de los usuarios de la provincia”, concluyó.