La Justicia porteña multó al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al secretario de Transportes, Juan José Méndez, con el pago de 5 mil pesos diarios hasta que el Ejecutivo cumpla con las medidas cautelares que ordenan "hacer cesar la actividad de la empresa Uber" en la Ciudad. La medida también recayó sobre el Gobierno porteño, al que el fallo ordenó "aplicar en forma diaria desde el día 5 de septiembre (...) astreintes en cabeza del GCBA por valor de pesos cien mil ($100.000)".
En el fallo, el juez Victor Trionfetti, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 15, advierte que desde iniciada la causa, en 2016, "el Gobierno de la Ciudad no ha realizado la más mínima actividad destinada a demostrar (...) que haya procurado hacer cesar la actividad de la empresa Uber en el ámbito de la CABA". El magistrado señala, además: "esa pasividad, asombrosa, llamativa e inquietante debo subrayarla".
Rodríguez Larreta y Méndez fueron multados con el pago de cinco mil pesos diarios, a partir del 5 de septiembre "por cada día de demora" en aplicar las cautelares dictadas en el marco de una causa iniciada en 2016, tras la denuncia del Sindicato de Peones de Taxis.
En junio de este año, el Gobierno porteño había solicitado que se habilitara la feria judicial "a fin de denunciar el incumplimiento de la medida cautelar por parte de la Empresa UBER, la cual fuera dispuesta por el Tribunal", recuerda el juez Trionfetti. También había pedido que "se decrete una ampliación de la referida medida para que los medios de comunicación (...) se abstengan de publicitar y/o facilitar la publicación de contenido que promocione las actividades desarrolladas por Uber".
Para garantizar que la plataforma no realizara autoridades, el Gobierno también había pedido que la justicia implementara "las medidas que considere pertinentes tendientes a evitar la habilitación de puntos de ventas de la empresa Uber, imposibilitando la percepción del cobro de los viajes" mediante medios de pago electrónicos, "y/o cualquier actividad que le permita y/o facilite a Uber llevar a cabo sus transacciones". Finalmente, el Ejecutivo porteño había incluido la petición de que la causa pasara al ámbito penal "en caso de corresponder"
En el escrito de esos pedidos, el Gobierno había asegurado, además, que la "el servicio brindado por la Empresa Uber -además de estar prohibido y no dar cumplimiento con la normativa vigente en la Ciudad- carece de las medidas de seguridad que exige las normas legales vigentes en la materia" de transporte público.
Sin embargo, el juez resolvió "desestimar las peticiones relacionadas con la intimación a los medios de comunicación para que se abstengan de emitir pauta publicitaria" y la de "intimar a los medios o procesadores de pagos para que suspendieran o no permitieran llevar a cabo las transacciones". Recordó, además, que en abril de 2016 había dictado una cautelar -avalada ese mismo año por la Cámara de Apelaciones- había otdenado al Gobierno arbitrar las medidas "para suspender cualquier actividad" de Uber y en 2019 amplió esa medida para incluir a los conductores.
Sin embargo, advirtió Trionfetti, "pese a la preocupación expresada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su presentación" de junio de este año, "lo cierto es que hasta el día de la fecha el Gobierno de la Ciudad no ha realizado la más mínima actividad destinada a demostrar en la presente causa que haya procurado hacer cesar la actividad de la empresa Uber en el ámbito de la CABA. Esa pasividad, asombrosa, llamativa e inquietante debo subrayarla".
Por eso, Trionfetti resolvió "hacer efectivo el apercibimiento dispuesto" a los funcionarios y al Gobierno porteño. Además, "dado la gravedad de incumplimientos que se mantienen en la presente causa por parte del GCBA y de agencias vinculadas con el tema, la dimensión estructural del proceso, los antecedentes ocurridos en otras ciudades, y la necesidad de agotar otros canales de abordaje de la cuestión en debate", resolvió informar su decisión a "cada uno de los y las legisladores de la Ciudad".
