En menos un mes y medio el juzgado que supo ocupar Rodolfo Canicoba Corral por más de 27 años habrá pasado por tres manos. Después de que el juez federal Julián Ercolini renunciara a la subrogancia. María Eugenia Capuchetti, la última jueza de instrucción nombrada en el fuero federal, resultó sorteada y deberá hacerse cargo de la causa por el atentado a la AMIA. También deberá decidir cómo continúa la investigación por los negociados de los peajes, en la que la Cámara Federal anuló los procesamientos de los funcionarios macristas Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Nicolás Dujovne.

Julián Ercolini sorprendió el jueves con la renuncia a la subrogancia al juzgado que dejó vacante Canicoba tras su jubilación. Dijo que era por motivos personales y familiares. En algunos círculos empezó a sonar que la decisión podría estar atada a la suerte de la causa Peajes, especialmente después de que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularan los procesamientos con el argumento de que los imputados no habían tenido acceso a toda la prueba antes de sentarse ante Canicoba. A Ercolini le tocaba decidir si volvía a llamarlos a indagatoria y resolver otros planteos en la causa, que habían estado presentando la Unidad de Información Financiera (UIF) y Vialidad Nacional, entre otros, a las que el juez aceptó como querellantes. En el entorno de Ercolini negaron que ésa fuera la causa de la renuncia e incluso hablaron de complicaciones de salud familiares en medio de la pandemia.

Capuchetti deberá ahora decidir cómo avanza con la causa que se inició en agosto del año pasado tras una denuncia de los diputados Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana, y que puso en evidencia un armado hecho por el propio Grupo Macri antes de saltar del otro lado del mostrador y convertirse en gobierno. Tres días antes de la asunción de Mauricio Macri, los concesionarios se presentaron en el tribunal internacional del CIADI denunciando a la Argentina por más de mil millones de dólares por supuestos incumplimientos en los contratos sin siquiera agotar la vía judicial en el país. La administración Cambiemos usó ese argumento para arreglar sin más con las concesionarias y darles 499 millones de dólares, que se les iban a cobrar a los usuarios a través de un aumento de tarifas, y, además, les extendió los contratos hasta 2030 sin concurso previo.

Poco antes de que se presentara la denuncia, Capuchetti juró como jueza federal para hacerse cargo del juzgado que había dejado vacante Norberto Oyarbide. De larga trayectoria en la justicia federal, a la que ingresó en 1993, después saltó a la justicia de la Ciudad, donde ganó la fama de ser una persona de confianza del ex fiscal general Martín Ocampo y de Daniel Angelici, uno de los integrantes de la mesa judicial macrista. Capuchetti es hija del ex comisario general Alberto Carlos Capuchetti, que integró la Policía Federal (PFA) hasta 2003 y después pasó a revistar en el área de Seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su hermana es agente de carrera en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según declararon otros agentes ante la Bicameral de Inteligencia. Como publicó este diario, en la ex SIDE se registraron ingresos de la actual jueza para entrevistarse con la cúpula macrista mientras se llevaba adelante el concurso para ocupar el puesto que hoy ejerce, lo que generó suspicacias cuando le tocó hacerse cargo de la investigación por la mesa judicial macrista, que inicialmente había estado en manos de su colega Sebastián Ramos.

“Esperamos que Capuchetti siga el camino de cierta prudencia y de investigar las causas”, dijo el diputado Tailhade en comunicación con El Destape Radio después de que se conociera que sería ella quien queda a cargo del juzgado 6, donde tramita la causa AMIA, además. “Algunas actuaciones de Capuchetti podrían señalarse como auspiciosas, como en la causa de la mesa judicial, donde delegó la investigación en el fiscal (Franco) Picardi y se alejó de los cuestionamientos sobre su cercanía a Angelici”, agregó.

La causa por la mesa judicial macrista se inició después de la camarista Ana Figueroa denunciara haber sufrido presiones por parte de un alto funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos: en una declaración ante el fiscal federal Ramiro González, la jueza identificó a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad. La investigación avanzó con los testimonios de otros jueces hasta que Ramos declinó la competencia, diciendo que su colega Capuchetti había recibido una denuncia similar con anterioridad. Después de un tironeo que terminó zanjando la Cámara Federal, Capuchetti se quedó con la causa, pero la delegó en Picardi.

Desde hace semanas, la jueza también protagoniza un tironeo por otra causa especialmente sensible para los intereses del macrismo, aunque, aparentemente, sin ningún interés por ocupar ese rol central. Tanto Gustavo Arribas como Darío Nieto vienen reclamando que la investigación por presunto espionaje que tramita en Lomas de Zamora se mude a Comodoro Py, un territorio menos árido para los intereses del macrismo. Capuchetti rechazó ambos pedidos, a pesar del entusiasta esfuerzo del fiscal Carlos Stornelli para atraer la investigación hacia su jurisdicción. Sin embargo, en el caso del planteo de Arribas, debió reclamarle a su colega Juan Pablo Augé que remita el tramo en el que se investiga el espionaje en el Instituto Patria después de que así lo resolviera la Cámara Federal porteña. Augé se opuso y derivó el asunto a la Cámara Federal de La Plata.