La justicia porteña rechazó los recursos de apelaciones del Gobierno de la Ciudad, el grupo IRSA y Fideicomiso “Caballito Chico” y ratificó la medida cautelar que paraliza la obra promocionada como Ciudad Palmera en el barrio de Caballito. Con dos votos a favor y uno en disidencia, los jueces de la Sala II de Apelaciones (Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario), en línea con los argumentos que esgrimió primero el juez y después la fiscal de Cámara, abonaron la hipótesis de que en el predio parcelado existe un plan global para construir departamentos y locales comerciales cuyo impacto ambiental no puede ser evaluado de forma individual. La abogada patrocinante del amparo, Nadia Mileva Solodkow, dijo que "el fallo tiene un valor simbólico muy importante para los vecinos del barrio, que siguen dando pelea al negocio inmobiliario para conseguir más espacios verdes".

La decisión de la Cámara supone un largo parate para el megaproyecto de las empresa IRSA y Portland para construir más de 1000 viviendas y centro comercial en el predio de Avellaneda 1300, 1400 y 1500. El freno a las obras durará lo que demore el proceso judicial, desde varios meses a años, para que se resuelva la cuestión de fondo, en una causa compleja y con muchas denuncias de irregularidades para evaluar.

En julio pasado, el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, integrantes de la Junta Comunal 6, la asociación vecinal S.O.S. Caballito y el Centro Cultural Estación de los Deseos presentaron una acción de amparo por el impacto negativo del proyecto para la comuna y cuestionaron, entre otros puntos, los Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) gestionados por el grupo IRSA de forma individual para las cuatro parcelas en las que dividió el predio. El 13 de agosto, el juez de primera instancia Darío Reynoso ordenó mediante una medida cautelar la paralización de la obra que estaba llevando adelante la empresa Portland en una de las parcelas. Tras la apelación del Gobierno y las empresas, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones a cargo de Nidia Cicero emitió un informe que avaló la medida judicial.

Este jueves, la Sala II de Apelaciones, integrada por los jueces Esteban Centanaro, Mariana Díaz y Enrique Juan Lima, le dieron la razón a los amparistas por tercera vez. Centanaro y Lima argumentaron al votar que "sin que ello implique anticipar juicio", dado que se trata de una cautelar y no de la cuestión de fondo, los datos valorados "permitiría abonar la hipótesis de que, como señala la parte actora, habría existido un plan integral, o Master Plan, para el desarrollo del emprendimiento".

Y agregan que se puede "vislumbrar que el emprendimiento del caso involucraría un proyecto inmobiliario integral. En esta dirección, incluso, repárese en que, a tenor de la documental acompañada por IRSA (...) el plano de mensura con fraccionamiento se habría aprobado el 13/06/19, esto es, con posterioridad al registro de los planos y a los trámites relacionados con la obtención de los CAA". Por lo cual, todo indicaría que "las obras no podrían examinarse desde una perspectiva autónoma y autosuficiente, en tanto habrían sido pensadas como integrantes de un conjunto. En otras palabras, todo ello parece reforzar la idea de que se trataba de un emprendimiento global y, según se dijo, como una red de espacios vinculados entre sí; recuérdese que, a tenor de las descripciones que obran en los expedientes administrativos, consistiría en la construcción de diez edificios de diez pisos cada uno, galerías con comercios minoristas y garajes comerciales".

Además, señalan que para la factibilidad de los servicios públicos "tanto la codemandada IRSA como las empresas prestatarias de los servicios de agua y cloacas y de gas consideraron el desarrollo del proyecto como un conjunto o complejo inescindible a los efectos de esa provisión". Los únicos que parecen no haber tomado en cuenta el desarrollo inmobiliario como una unidad global a la hora de evaluar el emprendimiento fueron los organismos estatales porteños.

En este sentido, señalaron que "la tramitación de los CAA de modo individual y sin que la autoridad de aplicación examinase el proyecto en forma conjunta e integral, habría impedido ponderar el alcance del impacto ambiental del emprendimiento. A su turno, las circunstancias apuntadas en torno a la categorización correspondiente exigirían, por lo demás, el cumplimiento de la audiencia pública prevista en el artículo 30" de la Constitución porteña.

Por otra parte, si bien la jueza Díaz votó en disidencia, a la hora de argumentar reconoce que el proyecto inmobiliario debe ser tratado como global. En definitiva lo que la magistrada propone es que la empresa siga construyendo en la parcela 1, y que en caso de admitirse la demanda "para iniciar obras en las parcelas 2, 3 y 4, la evaluación del impacto ambiental debería considerar las construcciones y destinos de las cuatro fracciones en conjunto”.

El Master Plan supera los 2500 m2 de comercios permitidos en la zona, ya que contempla la construcción de aproximadamente 80.000 m2 de centro comercial a cielo abierto.

Martín Iommi, vecino del barrio y representante del Consejo Consultivo Comunal 6, dijo a Página/12 que "el fallo de la Cámara es muy bueno porque considera mucho de los argumentos que planteamos en amparo. Pero como es una medida cautelar, lo que hace es actuar de manera preventiva paralizando la obra. Ahora viene un proceso que entendemos va a ser largo, donde se tiene que discutir la cuestión de fondo. Y ya contamos con un gran antecedente porque sabemos que en la Cámara hay dos jueces que nos apoyan". Y remarcó que "incluso el fallo en disidencia no deja de ser positivo".

Para Iommi, el fallo de la Cámara "fortalece el reclamo de los vecinos y vecinas de Caballito, que resisten la cementización y el modelo inmobiliario de Larreta y que quieren más espacios verdes y otro tipo de proyecto de planeamiento urbano. Esto es un duro golpe al modelo de desarrollo urbano del Gobierno, en una pelea desigual que pone de manifiesto dos modelos de Ciudad distintos: lo que necesita el barrio y lo que necesita el negocio y la especulación inmobiliaria".

Por otra parte, explicó que la "empresa IRSA cometió un grave error al mostrar la documentación que tenía escondida desde hace 20 años para sacar los permisos. Incorporaron al expediente una escritura llena de irregularidades otorgada por una resolución del juez Rodolfo Herrera, que intervino en el concurso y la quiebra del club Ferro y terminó procesado y destituido por corrupción en el proceso de vaciamiento del club. Esa escritura con información falsa, que no cumple con ningún tipo de legalidad, nos abre la posibilidad de pedir la recuperación de esas tierras que eran nacionales".

Osvaldo Balossi, miembro de la Junta Comunal 6, dijo a este diario que "tomamos el fallo con mucha alegría y sorpresa. Porque si bien estaba el fallo del juez Reynoso y la opinión de la fiscal de Cámara, que no es vinculante, no esperábamos un fallo tan contundente que nos da la razón de que hubo una maniobra, que a nuestro entender se legitimó desde el Gobierno porteño, para eludir el paso por la Legislatura y el procedimiento de audiencia pública como se establece para proyectos de esta envergadura que tienen impacto ambiental relevante". Y agregó que "el fallo ratifica lo que venimos denunciando desde el principio, que no son cuatro obras sino un desarrollo conjunto que va impactar negativamente en el barrio".