Diputados de diferentes bloques políticos buscan ponerle fin a la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras arrasadas por el fuego, la mayoría de ellos intencionales. El bloque del Frente de Todos y los interbloques de Consenso Federal y Federal para el Desarrollo, presentaron un proyecto para proteger los ecosistemas víctimas de los incendios y prohibir las modificaciones que impliquen cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. La iniciativa extiende esas prohibiciones por un término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

“Es una respuesta institucional a la demanda de sectores científicos y ambientalistas ante la propagación de incendios en distintas provincias con fines especulativos”, confiaron a PáginaI12 varios de los diputados que respaldan el proyecto. La iniciativa impulsada por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas. El texto del proyecto lleva también las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista) y Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sólo el macrismo y sus aliados de JpC no quisieron sumarse.

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales” y “garantizar su restauración”. Es estos casos las prohibición por 60 años incluye “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Las mismas prohibiciones también se extenderán por 30 años “en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

El proyecto toma impulso en medio de cifras alarmantes por los incendios en lo que va de este año: las quemas intencionales en el Delta del Paraná arrasaron con 90 mil hectáreas de humedales, que si se incluye los incendios en Corrientes, Chaco y Formosa extienden hasta 200 mil hectáreas los humedales afectados. Los incendios en Córdoba –donde se estima que el 95 por ciento de los focos fueron intencionales--, amenazan con extinguir el escaso tres por ciento de bosques nativos que conserva la provincia.

“Las quemas intencionales en medio de la bajante histórica del Río Paraná y en las sierras cordobesas, que afrontan la mayor sequía de los últimos 40 años, son doblemente criminales”, sostuvo el diputado Leonardo Grosso (FdT) que preside la comisión de Recursos Naturales y uno de los firmantes del proyecto.