A 35 años del Juicios a las Juntas, que concluyó con las condenas de cinco ex comandantes y simbolizó la primera etapa del proceso de justicia por los crímenes al amparo del terrorismo de Estado, son casi un millar los represores condenados desde 2006, cuando se reabrieron las causas tras la anulación de las leyes de impunidad y los indultos. El dato surge de un nuevo relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que pone en evidencia también que tres de cada cinco imputados están libres y que continúa en aumento la cantidad de prisiones domiciliarias, que benefician al 72 por ciento de los condenados y procesados.

La Procuraduría que encabeza la fiscal federal Ángeles Ramos registra hasta el 15 de septiembre un total de 246 sentencias dictadas, que representan el 41 por ciento del total de causas. Otras 70 investigaciones judiciales ya fueron elevadas y esperan su turno en distintos tribunales orales; 18 son los procesos en curso en plena pandemia, algunos con enormes demoras, otros en desarrollo bajo la modalidad virtual y con estrictos protocolos; en tanto 263 causas, un 44 por ciento del total, están recién en la etapa de instrucción y tienen un largo camino por delante pese a la edad avanzada de víctimas, imputados y testigos.

Del análisis sobre los 3329 ex militares, ex miembros de fuerzas de seguridad y en menor medida civiles investigados por su participación en secuestros, torturas y homicidios surge que 997 fueron condenados y 162 resultaron absueltos, dato que ratifica las garantías constitucionales que rigen los procesos. Ayer, en Tucumán hubo un nuevo fallo donde se sumaron, por fuera de este trabajo, dos nuevos condenados llevando la cifra a 999 hasta ahora. (ver aparte)

Del bloque de quienes todavía no recibieron una sentencia, la mayor parte (618) están procesados en primera o segunda instancia; 538 fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal pero todavía no fueron indagados, y otros se beneficiaron con faltas de mérito (176) o sobreseimientos (92). El número de imputados fallecidos desde 2006 asciende a 653, en tanto 28 represores están prófugos de la justicia, muchos con pedidos de recompensa.

Uno de los datos más preocupantes para quienes impulsan la exigencia de justicia por los crímenes masivos y sistemáticos de la última dictadura es el aumento en la cantidad de represores que cumplen prisión preventiva en sus casas. La Procuraduría registra que, sobre un total de 911 imputados detenidos, 659 (el 72 por ciento) gozan de arresto domiciliario, y destaca que ese incremento se explica sólo “en una pequeña porción” (37 casos) por el contexto de pandemia y la entrada en vigencia del decreto 260/20 que declaró la emergencia sanitaria, a partir del cual se produjo una avalancha de pedidos para acceder al beneficio.

El cambio más significativo en las modalidades de arresto coincidió con la gestión presidencial de Mauricio Macri, según surge de otro gráfico que muestra que la cantidad de represores alojados en cárceles disminuyó desde 603 en el año 2015 a apenas 200 el año pasado y 181 en el presente, que representan el 20 por ciento del total de prisiones preventivas. Otros 71 condenados y/o procesados, en tanto, cumplen arrestos en dependencias que no son cárceles ni hogares.