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Desde Santa Fe
El fiscal federal Walter Rodríguez rechazó un operativo para sacarle la causa en la que investiga a su colega, la fiscal Cristina Ferraro y el destino final de una fortuna: el dinero de la caja fuerte del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero último, que según un informe de la Policía Federal eran más de tres millones de pesos y un millón de dólares. Rodríguez imputó a Ferraro por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas, rastros o instrumentos del delito” y pidió su indagatoria ante el juez Marcelo Bailaque, quien aún no la ordenó. La acusación es por una denuncia del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que plantea el gran interrogante: ¿dónde está la plata? Porque lo único que quedó en el legajo son fotos y videos. Ferraro designó defensor al penalista Néstor Oroño, quien lo primero que hizo fue pedirle a Bailaque que declare la “incompetencia del fuero federal para entender en la investigación” y se la pase al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que integra Ferraro. Pero el viernes, el fiscal Rodríguez se opuso al intento de correrlo de la causa, solicitó al juez Bailaque que rechace el planteo de la defensa y además le cobre las costas del incidente.
El intento de Ferraro de desplazar a Rodríguez de la investigación no es nuevo. Ya hubo un primer operativo apenas éste recibió la denuncia del ministro Sain, en junio. Dos fiscales que responden a directivas del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, plantearon la inhibitoria del fuero federal para investigar los negocios de Oldani, pero el Colegio de Jueces rechazó el recurso por falta de pruebas.
Ahora Ferraro volvió a plantear –por segunda vez- la “incompetencia” de Rodríguez para investigarla a ella y contrató como defensor a Oroño. Ya en agosto, por otra causa, el ministro Sain había alertado sobre el doble rol del penalista, quien en Tribunales litiga contra fiscales o los defiende –como en el caso de Ferraro- y en la Legislatura asesora al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Raúl Gramajo, que investiga la conducta de fiscales y defensores públicos. “Es una vergüenza que el abogado que asesora a la comisión de Acuerdos en procesos disciplinarios contra fiscales”, en paralelo litigue contra esos mismos fiscales (o los defienda) en forma privada. “Es algo espurio desde el punto de vista institucional y debería ser revisado. Nosotros tenemos el deber de poner luz a estas cosas”, dijo Sain. La auditora del MPA, María Cecilia Vranicich ya solicitó a la bicameral que preside Gramajo que investigue el desempeño de Ferraro.
En su denuncia, Sain dijo que Oldani dirigía una agencia de viajes. “El hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma” en pesos y dólares “no se condice con los montos que maneja un operador turístico”. Por lo tanto, existen “elementos serios y verosímiles para inferir” que allí “podría haber funcionado una ‘cueva financiera’, sin autorización del Banco Central, ni de la Afip, para realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”. Y encuadró los hechos en los supuestos delitos de “lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, infracciones a la Ley Penal Cambiaria y a Ley Penal Tributaria”, todos de “competencia federal”.
En la imputación a Ferraro, el fiscal Rodríguez recordó que la hija de Oldani y su esposo declararon en la causa que “retiraron el dinero” porque Ferraro los “autorizó a retirar todo lo de valor”. La mujer dijo que lo cargaron “en una mochila y dos portafolios” y su marido relató que lo hicieron en “una mochila y en una caja azul”.
El fiscal Rodríguez puso bajo la lupa esa “supuesta autorización” de Ferraro a sacar la plata. “Digo supuesta –explicó- porque no hay ningún documento oficial que lo acredite”, más allá de los testimonios de la hija de Oldani y su esposo.
Por lo tanto, le pidió a Ferraro que le informe si había documentado "quiénes sustrajeron valores y dinero en efectivo el 11 de febrero de 2020 en la escena del crimen” y le entregue las "filmaciones".
Pero la respuesta de Ferraro sorprendió al fiscal Rodríguez. Lo que recibió fue “una contestación elusiva”. Porque “no sólo omitió responder a cada uno de los interrogantes, sino que agregó una suerte de alegato respecto de un planteo de competencia que se encuentra fuera de su órbita de conocimiento e intervención”.
Por lo tanto, ante la “falta de respuestas razonables” de Ferraro acerca de dónde está la plata y “no tener noticias” de que investiguen a la hija de Oldani y a su esposo por “falso testimonio”, el fiscal Rodríguez coincidió con el denunciante, el ministro Saín, acerca del “modo irregular que una importante cantidad de dinero, documentación y anotaciones desaparecieron de la escena del crimen”.
La Policía Federal analizó las imágenes del “dinero desaparecido” y concluyó que eran más de “3 millones 50 mil pesos y un millón 100 mil dólares. “Una suma injustificada" por la actividad que realizaba Oldani, dijo el fiscal. Por lo que resolvió abrirle una causa a Ferraro para “investigar su conducta, sin perjuicio de la eventual participación de terceros” en los hechos.
El viernes, en el dictamen que solicitó al juez Bailaque que rechace el planteo de la defensa para sacarlo de la causa, Rodríguez dictaminó: “La comprobada tenencia injustificada de grandes cantidades de dinero (1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos) resulta ser un dato concreto y objetivo de la manifestación de capacidad económica pasible de ser investigada” por el fuero federal.
