El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de conceder el per saltum a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con argumentos corporativos y alineados con el discurso de la oposición política como para que puedan conservar los cargos en Comodoro Py, donde el gobierno de Mauricio Macri los designó por el mecanismo de traslado sin acuerdo del Senado. El argumento central de Casal es que el Consejo de la Magistratura, al evaluar que esas designaciones eran irregulares, generó una cadena de decisiones que determinó que el trío BBC fuera “removido”, una palabra harto repetida por los medios afines al macrismo en las últimas semanas. Pero además plantea que el organismo no puede actuar de manera retroactiva y revisar lo que había decidido el mismo cuerpo cuando tenía otra integración. Para Casal está en peligro la “inamovilidad” de los jueces, la “independencia” y la “seguridad jurídica”. Su opinión no es vinculante y la decisión final está en manos de la Corte Suprema.

La oposición emparenta la situación de los tres jueces que se resisten a dejar los cargos con la de Casal, que también fue designado sin pasar por el Senado, cuando fue forzada a renuncia por el gobierno de Macri la ex titular de la Procuración Alejandra Gils Carbó. Es decir los ubica como víctimas del oficialismo actual. En este contexto, su posición ante la Corte del trío en cuestión no sorprendió. Para agregar un golpe de efecto en este escenario, Casal presentó su dictamen el sábado a la noche.

El foco de su presentación es un ataque a la que dos días antes había hecho el Consejo de la Magistratura, que señalaba que su decisión no había tenido efecto alguno para los jueces sino que la decisión de rechazar sus traslados había corrido por cuenta del Senado y del Poder Ejecutivo que los revocó en dos decretos. La presentación del organismo, firmada por su titular Alberto Lugones, también advertía que si la Corte convalidara este tipo de nombramientos cualquier juez/a con apoyo del Ejecutivo podría ser nombrado/as en el cargo deseado sin concursar ni pasar por el Senado.

Para Casal el Consejo sí “causó efectos directos sobre la situación jurídica” del trío BBC y su decisión no fue una mera “recomendación” sino que “obligó” al Ejecutivo y al Senado a hacer una revisión de los traslados. Pero, además, parte del criterio de que los traslados son “permanentes” y por lo tanto no se pueden revisar ni modificar en forma retroactiva. El procurador interino sostiene que más allá de que el Consejo pueda cambiar su reglamento, no debe dar marcha atrás con ese tipo de designaciones. "No se trata aquí de resolver cuál es el criterio hermenéutico que debe ser preferido, sino de la imposibilidad de aplicar retroactivamente el que hoy se propugna para revisar actos regularmente cumplidos al amparo del anterior”, afirma el dictamen.

El dictamen usa términos coincidentes con los que aplicó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al abrir el per saltum. Se refirió a que estaría en juego la garantía de “inamovilidad” de los jueces. “Es imposible conciliar tal propósito –sostuvo el procurador interino-- con una práctica de los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces como la que se cuestiona en esta causa. Si los primeros pudieran revisar en cualquier tiempo sus propios actos sobre cuya base los jueces ocupan sus cargos, indudablemente se los colocaría en esa situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia judicial”. Como broche invocó términos de los que gustan a la familia judicial, como que están en juego “la transparencia y la previsibilidad” y "la seguridad jurídica” al rechazar los nombramientos por traslado.