El expediente que investiga los graves hechos de represión policial ocurridos en barrio Toba el último domingo, derivó en el inicio de causas a seis policías imputados por apremios ilegales. También el médico policial fue acusado de encubrimiento, falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Villanúa, respaldó las actuaciones efectuadas por personal del Comando Radioeléctrico, quienes según su versión, debieron responder a agresiones de parte de personas que se negaron a ser identificadas. El fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la investigación, lo citó con urgencia a declarar. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque hay contradicciones francas y elementos muy contundentes", apuntó. En tanto a once de los detenidos se le inició causa por resistencia a la autoridad.

Según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a once residentes en el barrio se les formó causa por resistencia a la autoridad y a tres jóvenes se les abrió una causa por tenencia de arma de uso civil. Se sospechaba que uno de ellos tenía pedido de captura de la justicia de Ejecución Penal por dos condenas previas, aunque el fiscal no había sido notificado al respecto.

El funcionario judicial explicó que "en el caso de miembros de la Unidad Regional II se les formó causa a Víctor Hilbet y Walter Benitez, dos efectivos del Comando Radioeléctrico, por apremios ilegales, a los que se sumaron Ayelén Sañudo, Fabián Becerra, Oscar Villagra y Estela Campi por firmar el acta de procedimiento". Las medidas alcanzaron también "al médico policial Héctor Vales, por encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes funcionario público".

En este último caso, las sospechas del fiscal giran en torno a la revisión del profesional médico sobre los detenidos. En las actas ‑llamativamente todas firmadas a la misma hora‑ se indicó que los aprehendidos exponían buen estado de salud cuando a la vista del fiscal algunos presentaban lesiones.

El fiscal continuó recibiendo ayer las denuncias de miembros de la comunidad Qom entre las que se contaban detenciones arbitrarias y violentas, apremios, agresiones físicas y descalificaciones, incluso, el acceso a viviendas sin orden judicial. Para intentar aclarar lo sucedido Ponce Asahad tomó declaraciones testimoniales a los involucrados, trámite que se llevó adelante en la sede de Fiscalía en las últimas 48 horas. Además del fiscal, ante cada exposición estuvo presente la defensa pública, Asuntos Internos de la Policía, la subsecretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, traductores de la comunidad Qom, la directora de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario, integrantes del Consejo de Participación Indígena de la Nación, miembros del los foros de DDHH del Colegio de Psicólogos, y miembros del Instituto de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

El fiscal se hizo eco de las denuncias que indican que uno de los policías habría estado alcoholizado al momento de hacer el procedimiento: "Estamos aguardando los resultados de los tests de alcoholemia, de alcoholuria y las pericias psicológicas, eso yo lo ordené desde un primer momento en la comisaría, lo mismo que se les retiren las armas a los policías imputados y esas armas van a ser peritadas en Santa Fe"eñaló.

Sin embargo, la versión policial contradice radicalmente esta versión y sostiene que los uniformados intentaban identificar a unas personas en el lugar y fueron atacados. El comisario mayor apoyó las actuaciones policiales cuestionadas: "Avalo el procedimiento según el acta y también lo hace el gobierno". Villanúa dijo que los efectivos debieron responder a agresiones de parte de personas que se negaron a ser identificadas, al tiempo que negó que haya habido alguna irregularidad en el accionar del médico policial.

 

También rechazó las acusaciones sobre discriminación que vecinos de la zona manifestaron: "No hubo persecución policial, hacemos cientos de miles de identificaciones y éste es un sólo paso que se da. Nosotros perseguimos al delito, no a ninguna a comunidad", remarcó y agregó sobre los 14 apresados: "Muchos tienen frondosos antecedentes por desobediencia a las autoridades, lesiones, tenencia y abuso de arma de fuego y por homicidio", advirtió. Luego, detalló que uno de los demorados es una persona que tiene una causa por homicidio y que "estaba requerido por la Justicia desde 2012".

Consultado sobre los golpes recibidos de parte de algunas personas de parte de la Policía, señaló: "Si se extralimitaron, el delito está siendo investigado por la Fiscalía"; pero enseguida negó: "Acá no hubo un enfrentamiento armado, el personal policial fue víctima de una turba que tenía armas blancas. No sé si eran miembros de alguna comunidad, sólo sé que fueron oportunamente detenidos".

También aseguró que sólo se registraron dos heridos por lesiones de carácter leve. Y sobre la investigación en contra del médico policial, quien en su informe no comunicó las lesiones de algunos de los detenidos, respondió: "El médico de Policía ingresó en un horario puntual y es por eso que todas las actas van a figurar con el mismo horario. Fueron debidamente secuestradas". Tras sus declaraciones el fiscal Ponce Asahad, lo citó con urgencia a declarar.