La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático. El texto, apoyado por 17 de los 21 Estados presentes en la Sala –se abstuvieron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador–no se sometió a votación sino que se aprobó por mayoría, declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista. El organismo exigió a Nicolás Maduro que le otorgue peso a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.

Mientras el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de retirarse de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en la sesión no sería tomada en cuenta por su gobierno porque el encuentro era ilegal, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, denunció un golpe institucional en la OEA para impedir que su país ejerza la presidencia de turno del Consejo permanente.

La resolución, que representa el texto más duro aprobado por el organismo contra el gobierno de Maduro, incorpora la posibilidad de que, en la medida que sea necesario, se emprendan “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, que podrían incluir la convocatoria de una reunión a nivel ministerial. Asimismo, indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias” (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el gobierno de Venezuela “asegure la plena restauración del orden democrático”.

De esa manera, los firmantes instaron a Venezuela a actuar en los próximos días para “garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales” y “restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.

El embajador de Bolivia, Diego Pary, que el sábado asumió la presidencia pro témpore del Consejo Permanente de la OEA, lamentó que un país amigo (por Honduras) asuma de manera golpista e ilegal la presidencia del Consejo, dijo que no aceptaba de ninguna manera que esa facultad le fuera usurpada y abandonó la sala tras su intervención.

Después de la decisión del gobierno boliviano, el asesor jurídico del organismo hemisférico, Jean Michel Arrighi, y otros líderes de la región tomaron las riendas de la organización, anularon la decisión de La Paz y volvieron a convocar la sesión sobre Venezuela. Arrighi explicó que la sesión podía comenzar porque había quórum –un tercio de los 35 Estados miembros, es decir, al menos 12– y que al no estar el presidente –por el representante de Bolivia– ni el vicepresidente del Consejo Permanente –por el de Haití–, le correspondía presidirla al embajador titular con más antigüedad en la organización, en este caso, el hondureño Leónidas Rosa Bautista.

Una hora y media después de lo previsto, el embajador de Honduras ocupó la silla del presidente del Consejo Permanente y dio la palabra a Arrighi, funcionario con 24 años en el cargo de responsable jurídico de la OEA, para que argumentara a favor de la legalidad de la sesión. Arrighi apeló al artículo 37 del reglamento del Consejo que indica que ese órgano celebrará sesiones “cuando cualquier representante lo solicite por escrito” y constató que “hay quórum en la sala” para celebrarlo. 

El documento final de la OEA fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.