Desde Santa Fe

La auditora del Ministerio Público de la Acusación María Cecilia Vranicich asumió su cargo en abril de 2017, pero en tres años de gestión -durante el gobierno de Miguel Lifschitz- el área que debe investigar y controlar el desempeño de los fiscales apenas logró el contrato de cuatro abogados y el pase de dos empleados judiciales autorizados por la Corte Suprema. El viernes, el gobierno de Omar Perotti firmó un convenio con el jefe del MPA, Jorge Baclini, para asignarle a Vranicich los recursos humanos y técnicos que necesita para cumplir con las funciones que ordena la ley. El ministro de Gobierno Esteban Borgonovo y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia coincidieron en que la “decisión política” de Perotti es brindarle al MPA todo el “apoyo y colaboración para la puesta en valor de la Auditoría”. En la práctica, es más que eso: es crear un organismo que “no existe”. Porque así lo dijo la propia Vranicich en todos los informes que le presentó a Baclini, a la Casa Gris, a la Legislatura y a la Corte, desde 2017 y lo repitió en el último, en agosto de 2020. "Claramente, existe auditora, pero no existe Auditoría como organismo institucional del MPA", era el alerta de la fiscal de los fiscales que recién ahora parece que se escuchó.

El convenio de "apoyo y colaboración" con el Ministerio Público lo firmaron Borgonovo y Somaglia por la Casa Gris y Baclini y Vranicich por el MPA. "El objetivo es fortalecer la Auditoría que hoy no cuenta con las herramientas suficientes para llevar adelante la superintendencia y control de los fiscales en lo que hace a sus facultades disciplinarias y funcionales”, explicó el secretario de Justicia a Rosario/12.

“La Auditoría tiene tres años, pero en el gobierno anterior no se le dio la relevancia que le corresponde”, apuntó Somaglia. “En este gobierno, sí le vamos a dar esa fortaleza que es necesaria. Por eso firmamos este convenio que va a ir de la mano de otras acciones para asignarle el presupuesto en recursos humanos y técnicos que requiere”. “Es un paso adelante, que no tiene otro objetivo que no sea fortalecer a la Auditoría y la labor que le corresponde al MPA”.

“Una buena noticia”, la consideró Vranicich. Porque las malas son las que mandó desde 2017 en sus informes a los tres poderes del Estado. “Es importante dotar de recursos a la Auditoría para desarrollar las funciones legales que cumple en dos áreas. Una es la disciplinaria, con finalidad sancionatoria. Y otra de monitoreo y evaluación preventiva”, explicó a este diario. “La Auditoría es el control interno de los fiscales. Ellos deben rendir cuenta de su desempeño, están obligados a hacerlo, como todos los funcionarios públicos”.

En el informe de agosto -y uno de los destinatarios fue Perotti-, Vranicich insistió con lo que dice desde 2017: que la Auditoría “no existe”. “Claramente, existe auditora, pero no existe Auditoría como un organismo institucional del MPA”. Y subrayó un dato que explica todo: en el presupuesto del MPA, la asignación de recursos para la Auditoría es del 0,59%. “Menos del 1%”, según la estimación de mayo de 2019.

Hoy, Vranicich tiene un equipo de cuatro abogados contratados, un funcionario que pasó de la oficina de Baclini y los dos empleados judiciales que autorizó la Corte. Siete personas, pero dos están de licencia extraordinaria. En julio, la auditora mudó su oficina en Rosario a calle Montevideo al 1900 y en agosto a una casa en Obispo Gelabert al 2800, en Santa Fe. Ninguna tiene movilidad asignada.

Vranicich dijo -en aquel informe- que la Auditoría debe ser una “prioridad institucional” del MPA. Y lo fundó en los “recientes hechos de público conocimiento”. No los mencionó, pero se conocen. Dos fiscales presos: el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y su mano derecha Gustavo Ponce Asahad. La fiscal de Santa Fe Cristina Ferraro imputada en una causa federal por supuesto “encubrimiento agravado”. Y sus colegas de Rosario, Adrián Spelta, y de Venado Tuerto, Mauro Blanco, investigados en la Legislatura.

“Los hechos públicos” revelan que es “prioritario” fortalecer y consolidar a la Auditoría del MPA porque es la que “garantiza” en un “Estado democrático de derecho la rendición de cuentas de sus funcionarios” y abona “la responsabilidad y transparencia institucional”, advirtió Vranicich.

“El nuevo sistema de justicia penal de la provincia dotó a los fiscales del exclusivo ejercicio de la acción penal pública”, dijo la auditora. “Tamaña facultad es proporcional a la obligación de rendir cuentas de sus acciones y decisiones ante la sociedad, con una clara identificación del responsable funcional. Y todo eso, en el marco de nuestro sistema republicano de gobierno”, concluyó.