El 3 de mayo comenzarán las indagatorias a 27 imputados en la causa por el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, que en 2014 provocó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas, y la destrucción de documentación de bancos, entidades financieras y empresas, algunas vinculadas con los casos documentados en la investigación Panamá Papers. El juez Pablo Ormechea fijó la fecha para las citaciones, que se extenderán hasta el mes de septiembre, y por las que desfilaran funcionarios y ex funcionarios del gobierno porteño, directivos de la multinacional y quienes instalaron el sistema que debía prevenir ese tipo de siniestros.

El pedido de indagatoria, que comenzará 1187 días después de la tragedia, fue elevado por la fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37, Romina Monteleone, quien consideró que “en la propagación del incendio han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”.

Si bien el juez Ormechea al fijar fecha de inicio se limitó a dar la lista de los nombres de los acusados, también advirtió que varios de quienes declararon como testigos deberán ser “relevados del juramento de decir la verdad” porque su situación procesal ahora es distinta.

Uno de los abogados de familiares de las víctimas, Miguel Arce Aggeo, adelantó a PáginaI12 que la semana que viene pedirá “la ampliación de la lista”. “Para nosotros son 32 los que tiene que declarar, entre ellos (Juan José) Gómez Centurión”, detalló, y agregó que pedirá “también la detención de algunos funcionarios porteños porque tienen la capacidad de entorpecer la investigación”.

Al momento del incendio, Gómez Centurión, ahora titular de la Aduana, se desempeñaba como responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de habilitar y fiscalizar los locales de la Ciudad.

“Llama mucho la atención que Centurión haya quedado afuera cuando funcionarios de su área quedaron imputados. Era el responsable de controlar y velar por la seguridad del galpón”, señaló el abogado, antes de asegurar que el incendio que destruyó documentación de bancos como el HSBC, BNP Paribas, Patagonia, JP Morgan Chase, Crédit Suisse y Banco General de Negocios, se produjo “para ocultar una maniobra de lavado de dinero”.

Entre los funcionarios citados por la fiscal están Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, de la Dirección General de Fiscalización y Control que depende, por ley, de la AGC, donde revistaba Gómez Centurión.

El llamado a indagatoria alcanzó también a miembros de la empresa: el gerente general de Iron Mountain, Guillermo Eduardo Lockhart, y sus directivos, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo. 

Los ocho bomberos y los dos rescatistas murieron el 5 de febrero de 2014, a las 9 de la mañana, al desplomarse una pared del galpón incendiado. Un año después, el peritaje de la Policía Federal confirmó que el incendio fue intencional. A fines del año pasado otro peritaje de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN) puso en duda esa conclusión, algo en lo que el juez deberá dirimir.