El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que "la soberanía nacional se encuentra en peligro" ante un avance privatizador de la petrolera estatal Petrobras. En un video realizado con motivo del 67º aniversario de la compañía, Lula condenó la reciente decisión del Tribunal Supremo Federal, que avala la venta de ocho de las trece refinerías del gigante brasileño. La decisión, en sintonía con el gobierno de Jair Bolsonaro, fue tomada sin aprobación del Congreso. El fallo constituye un alivio significativo para una empresa fuertemente endeudada y un paso clave para el desarrollo de las políticas neoliberales de Bolsonaro. En medio de ese panorama, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) llamó al pueblo a defender a la empresa estatal fundada en 1953 por Getúlio Vargas para garantizar el abastecimiento de toda la población. El pasado tres de octubre, entidades como el Frente Popular de Brasil y el Comité Nacional de Defensa de las Empresas Públicas convocaron a un "Acto Virtual por la Soberanía Nacional", además de una manifestación frente al edificio de la compañía en el centro de Río de Janeiro.
"Petrobras es un símbolo de lo que queremos defender en Brasil, que es la soberanía nacional", aseguró Lula. En el video difundido en sus redes sociales, el expresidente brasileño resaltó que la empresa garantiza el bienestar de 210 millones de brasileños independientemente de su poder adquisitivo, y rechazó la decisión del gobierno de poner en venta su patrimonio. "No es posible que Brasil tenga líderes a los cuales no les guste este país y venden sus almas al diablo. Y eso es lo que están haciendo ahora", condenó.
El gobierno brasileño ve factible la privatización total de la empresa (actualmente de naturaleza semipública pero de propiedad mayoritariamente estatal) a largo plazo. Petrobras es la compañía insignia del sector energético en Brasil al asegurar el abastecimiento de los recursos que garantizan los derechos básicos de la población. En ese sentido, Lula recordó que Petrobras cuenta con reconocimiento mundial en la extracción de petróleo en aguas profundas.
Camino a la privatización
La Corte Suprema de Brasil autorizó el jueves pasado a la estatal Petrobras a vender sus refinerías sin el aval previo del Congreso, en momentos en que la mayor empresa del país avanza en negociaciones para comercializar ocho de sus trece plantas de refinería. El Parlamento alega que las refinerías de Petrobras son activos de la empresa y no sus subsidiarias, y que su venta sería la forma de disfrazar la privatización por partes de la petrolera sin que el Legislativo pueda vetarlo. Pero el recurso presentado por los legisladores fue rechazado por seis de los diez magistrados de la máxima corte del país.
Para la mayoría de los jueces, la estrategia de Petrobras no viola una decisión de la propia Corte Suprema de 2019 que determina que, en los casos en que se pierda el control accionario, las empresas del Estado sólo pueden negociar una venta con el aval del Congreso. Según la decisión mayoritaria, en ningún momento el Estado está ofreciendo el control de acciones de Petrobras, incluso con la venta de activos de la empresa.
Petrobras puso a la venta ocho de sus trece refinerías, responsables de cerca de la mitad de su capacidad de procesamiento, para abrir un sector en el que actúa casi como un monopolio y como parte de un plan de desinversión con el que pretende reducir su millonaria deuda y concentrarse en la producción de crudo. La compañía divulgó la semana pasada que tres grandes compañías, las brasileñas Ultrapar y Raízen y la china Sinopec, se disputan el control de la primera de las ocho refinerías que incluyó en su plan de desinversión.
El principal activo en disputa es la Refinería Presidente Getúlio Vargas, ubicada en el sureño estado de Paraná, con capacidad para procesar 208 mil barriles de petróleo por día, el nueve por ciento de la capacidad total de Brasil). La petrolera informó igualmente que su dirección aprobó el nueve de julio pasado el inicio de negociaciones para vender la Refinería Laudulpho Alves (RLAM), localizada en el estado de Bahía. La misma tiene una capacidad de procesamiento del 14 por ciento del petróleo del país por día, y sus activos incluyen cuatro terminales de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 669 kilómetros.
Pese a que la empresa no divulgó los interesados en la RLAM, el presidente ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, adelantó en una reciente rueda de prensa que la empresa está discutiendo los detalles del negocio con el fondo Mubadala de Emiratos Árabes Unidos, la compañía que presentó la mejor oferta. El plan de desinversión de la empresa prevé la venta de activos por hasta 23 mil millones de dólares hasta 2023.
Tras el fallo del Tribunal Supremo, las acciones de la petrolera registraron fuertes subas en la bolsa de San Pablo. En un breve comunicado, Castello Branco dijo que la empresa se encontraba satisfecha con el resultado. "Estamos muy felices", dijo. "Siempre creímos en un resultado positivo porque tenemos confianza en la capacidad de nuestra Corte Suprema", agregó. En cambio desde el PT denunciaron que la decisión resulta una maniobra para enterrar a la empresa. El presidente del Frente Parlamentario en Defensa de Petrobras, el senador Jean Paul Prates, lamentó la decisión y anunció que "seguiremos debatiendo este tema, para que las personas entiendan lo que está en juego, no solo para el futuro de Petrobras, sino también para la autonomía energética del país".
