El Gobierno anunció ayer un acuerdo para reactivar la construcción de viviendas para los sectores de ingresos medios. Exenciones impositivas para desarrolladoras, reducción en el precio de los insumos, incentivos a la inversión privada, capacitación laboral y créditos hipotecarios ajustados por inflación son las principales medidas con las que el Estado nacional pretende impulsar la resentida actividad privada. El compromiso asumido por el Estado, gremios, empresas y bancos debería redundar en la construcción de 100 mil viviendas, la creación de 100 mil puestos de trabajo y una rebaja de hasta 10 por ciento en el precio de las viviendas. El impulso a uno de los sectores más afectados por la recesión no establece obligaciones ni sanciones frente al incumplimiento. El acuerdo tampoco fija ningún compromiso en relación al funcionamiento del mercado de suelo, un elemento determinante en la construcción de viviendas y la conformación del precio final de los inmuebles. Hoy se anunciarán en el Ministerio de Producción los entendimientos alcanzados para los sectores textil y de calzado. 

La iniciativa fue presentada ayer por el presidente Mauricio Macri en un acto donde se expresó contra el paro del próximo jueves convocado por la CGT. “Respeto, compañeros sindicalistas, su decisión de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada, en nada, a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos”, sostuvo el mandatario durante el evento en la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por los titulares de la Uocra, Gerardo Martínez, y Obras Sanitarias, José Luis Lingeri (ver página 3). El relanzamiento de medidas como los créditos hipotecarios indexados, el anuncio de posibles reducciones impositivas sujetas a la lógica parlamentaria de cada jurisdicción y la promesa de acortar plazos para los trámites vinculados a las obras contó además con la participación de representantes de la cámara de la construcción y las entidades que nuclean a los bancos (ABA y Adeba). 

El cumplimiento del acuerdo dependerá de la buena voluntad del sector privado para iniciar obras y promover créditos hipotecarios, pero no incluyó compromisos para impulsar la obra pública. Después de la parálisis experimentada en 2016, los desembolsos estatales comenzaron a crecer de la mano de las obras viales y la pavimentación. El ritmo de las mejoras es inferior entre los proyectos para obras de infraestructura y viviendas, que son dos actividades intensivas en mano de obra. “El Estado Nacional contribuirá con distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios a adherir, reduciendo impuestos locales y haciendo más eficientes los procesos de aprobación de distintos proyectos constructivos y de tiempos de escrituración”, sostiene el texto del acuerdo para reactivar la construcción. Las precisiones estuvieron a cargo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Ricardo Delgado.

La dinámica planteada en la Casa Rosada no es novedosa. A mediados de marzo, el Presidente, los gremios y las empresas del sector automotor firmaron un acuerdo para alcanzar un nivel de producción anual de un millón de vehículos en 2023. Como sucedió ayer, aquel anuncio no contó con ninguna medida de estímulo estatal, ni exigencia para las empresas ni solución para los problemas laborales en el sector. En cambio, se planteó como declaración de intención alcanzar en 2019 una producción de 750 mil autos (inferior al 2011, 2012 y 2013) para luego llegar en 2023 al millón de unidades al año. El acuerdo contaba, al igual que en el sector de la construcción, con una serie de compromisos que deberían adoptar las terminales automotrices, los autopartistas y el Estado nacional. Una lógica similar, basada en la buena voluntad y la confianza en el mercado, fue utilizada en el acuerdo de las grandes empresas para cuidar el empleo. Ese acuerdo no se cumplió. 

El denominado acuerdo para la reactivación de la construcción contempla un compromiso del sector privado para “dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir los precios de venta de los inmuebles, comprometiendo 100 mil viviendas en el transcurso del primer año de vigencia del presente acuerdo, con una inversión del orden 150 mil millones de pesos y una incorporación de 100 mil trabajadores”. 

“Este anuncio es auspicioso en términos de recuperación de la actividad en nuestra industria y de recuperación de puestos de trabajo en el sector. Esperemos que el gobierno acompañe las palabras con los hechos y que este compromiso se traduzca efectivamente en los puestos de trabajo anunciados”, consideró ayer el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. El gremio se comprometió a extender los programas de capacitación existentes.