Pese a que se preveía que este lunes se reincorpore, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores continúa con licencia por enfermedad. Ante ello el fiscal que lo reemplaza, Ramiro Ramos Ossorio, sigue a cargo de la investigación de la presunta venta de plasma.

Este lunes se imputó formalmente a Martín de la Arena, por el delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El médico se presentó ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar, pidiendo hacerlo por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo. El fiscal no descartó nuevas imputaciones en el marco de la investigación.

De la Arena se presentó a la audiencia de imputación asistido por un abogado defensor particular.

En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el ahora imputado, en su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, para realizar el Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis), por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada debido a que pretendía que le pagaran 69.000 pesos, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis (la transfusión de plaquetas). Posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el médico solicitó el cobro de 30.000 pesos a los pacientes que recibieran una transfusión de plasma, a pesar de que ese monto luego debería ser reintegrado por el IPS. “Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados”, se indicó desde el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal afirmó que el acusado no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el IPS rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de 4.607,88 pesos.

Consideró la Fiscalía que en este caso el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, en caso de ser engañada, la obra social hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

Se pudo conocer que la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Eduardo Villalba, abrió una investigación preliminar dado que “todo lo que involucra a la Ley de Sangre es de naturaleza federal”, explicaron fuentes judiciales a Salta/12. “Hay que analizar si es o no un delito federal”, el cometido por De la Arena, se añadió. Por su parte, desde la Fiscalía provincial se había advertido la posibilidad de pasar parte de la causa a la Justicia Federal si así correspondía.