El 3 de octubre de 2003 fue la última vez que alguien vio a Iván Torres. Aquel día fue detenido por la policía de Comodoro Rivadavia y depositado en un calabozo. Fue golpeado. Y no se supo más. El caso, por derivar entre los laberintos de la nada, le mereció una condena al Estado argentino de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó en 2011 a buscar al joven, que al momento de su desaparición forzada tenía 24 años. Se cumplieron 17 años desde aquel 2003 y aún no se sabe dónde está Iván. “Pasaron 17 años y no hay información respecto de qué fue de él, lo que hace que su madre realmente se aferre a la idea de que está vivo, de que está vivo y sufriente, y la sume en una angustia terrible. Ella lo busca, nosotros lo buscamos, pero hasta ahora el Estado no”, remarcó Alejandra Gonza,  la abogada de María Millacura Llaipen, la mamá del joven desaparecido. En julio pasado, la  Corte IDH instó al Estado argentino a cumplir con la condena que le propinó nueve años atrás, una resolución que en evaluación de la letrada Alejandra Gonza es “de suma importancia porque nos otorga un mecanismo de trabajo específico con el Estado. La inacción ya no se va a poder escudar más en cuestión de interpretaciones: ahora es la Corte la que le dijo al Estado lo que debe hacer y deberá hacerlo”.

Gonza habló con este diario por la vía telefónica, desde su casa en Seatle, Estados Unidos. Desde allí, donde dirige la ONG Global Rights Advocacy, y pandemia mediante, compartió una audiencia a través de internet con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Quisimos esperar a que la  Corte IDH emitiera la resolución sobre la audiencia pública que tuvimos el año pasado en Buenos Aires porque sabíamos que de allí surgirían normativas concretas” para que el Estado siga en cuanto al cumplimiento de la sentencia con la que el mismo organismo, en 2011, le había encomendado a que buscara a Torres, hallara a los culpables de su desaparición y los condenara. De todo aquello, el Estado argentino hizo poco y nada.

La reunión remota fue el pasado 28 de septiembre con Gabriela Kletzel, directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. “Fue muy positiva”, evaluó la abogada que, así como no pudo viajar para reunirse con representantes del Gobierno lamentó que el coronavirus también le haya impedido compartir un nuevo aniversario de la desaparición de Iván junto a su mamá y su hermana, Valeria. “Fue una reunión de acercamiento muy positiva porque el Estado ha expresado voluntad clara de cumplir con la sentencia de la Corte y eso es un cambio fuerte” respecto de gestiones anteriores, reconoció la abogada. “Somos cautelosos”, aclaró, no obstante. “Vamos a poder evaluar cuán profunda es esa voluntad cuando veamos los puntos de la reciente resolución de la Corte IDH cumplidas. No queremos que pase más tiempo. María es una persona mayor, necesitamos que sepa qué pasó con su hijo”, subrayó.

Fin a las ambigüedades

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino, en 2011, por la desaparición forzada de Iván Torres, y lo conminó a tomar medidas que apuntaran a buscarlo, por un lado, y a investigar y sancionar a los responsables de lo que le hubiera ocurrido, por el otro. En mayo del año pasado, en el marco de su sexagésimo primera sesión que desarrolló en Buenos Aires, la Corte mantuvo una audiencia con representantes del Estado, por entonces bajo la gestión de Cambiemos, María y Valeria, madre y hermana de Iván, quienes fueron acompañadas por Gonza y Marcos Filardi, letrado integrante del colectivo de abogados por los derechos Humanos Yopoi que trabajó también en al representación de la familia. El objetivo de la audiencia era evaluar qué había hecho Argentina para cumplir con la sentencia internacional. La resolución de aquella audiencia llegó un año y pocos meses después, el pasado 31 de julio.

“En este momento tenemos una resolución de la Corte que nos va ahorrar discusiones sobre qué dice o qué no dice la sentencia. La resolución dice a, dice b y dice c. Y el Estado va a tener que trabajar en cumplir con a, cumplir con b, y cumplir con c. Punto”, advirtió la abogada. Pero, ¿qué implican específicamente los puntos resueltos por la Corte IDH? Gonza lo resumió en el pedido de audiencia al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a mediados del mes pasado para “conversar sobre las medidas ordenadas por la Corte con el objetivo de establecer un plan de trabajo y una estrategia de comunicación seria, directa y continuada con las víctimas, especialmente la señora María Millacura, y su representantes”.

Así, la Corte IDH resolvió instar, una vez más, al Estado argentino a:

*Elaborar un “plan sistemático, organizado, específico para la búsqueda y determinación del paradero de Iván Torres” en el que figuren “posibles líneas de investigación que tomen en cuenta los hechos del caso; el contexto en que ocurrieron; la prueba recabada en el proceso penal por la desaparición forzada, y la información que sea suministrada por las víctimas”, resumió la letrada.

En 2016, la Justicia federal de Chubut juzgó a 16 policías provinciales por lo ocurrido con Iván Torres. Condenó solo a dos y no pudo definir qué ocurrió con el joven. “A pesar de la condena nunca se estableció qué pudo haber pasado. No hay información surgida del proceso judicial que indique siquiera hipótesis. Necesitamos avanzar sobre eso”, amplió Gonza en diálogo con este diario cuando, además sumó como “muy importante” el hecho de que la Corte IDH “exigió que para buscar se tenga el cuenta el contexto de violencia institucional que sufren los jóvenes en situación de pobreza en Argentina”.

*”Contrarrestar el pacto de silencio policial”, resumió la abogada, que ante PáginaI12 añadió: “l Corte le pidió al Estado que adopte medidas posibles para contrarrestar el pacto de silencio policial, que identifique cuáles son mecanismos existentes para procurar colaboración de funcionarios policiales en el esclarecimiento del hecho. A esta Policía se la dejó actuar y luego se la cubrió con impunidad. A Iván lo van a encontrar cuando la policía le diga qué han hecho con él”.

*Luego, la Corte ordenó “dar acceso a información y a la justicia” a la familia de Torres, apuntó la abogada, es decir, que garantice la participación de María y de sus otros hijos “en la búsqueda”. “Se debe generar una relación directa entre el Estado y quienes buscan a Iván, su familia”, explicó.

*Por último, proveer acompañamiento humanitario “urgente” a la familia, así como abonar los intereses adeudados de la sentencia de 2011: “El Estado se ha comprometido a otorgar alimento, atención jurídica, médica, económica, habitacional, educativa y psicológica a los familiares. Lamentablemente, los familiares siguen viviendo en la extrema pobreza, en precariedad, sin acceso a servicios básicos y profundamente afectados por la desaparición de Iván y la falta de esclarecimiento de lo sucedido. El Estado tiene la obligación de acompañamiento y atención integral de las víctimas”, resumió Gonza. 

Algunos avances

En 2018, la Cámara de Casación Penal revirtió algunas de las partes más escandalosas de la sentencia con la que el Tribunal Federal de Chubut intentó dar por cerrado el caso de Iván Torres: ordenó un nuevo debate en contra de algunos policías absueltos y surgieron otras investigaciones que apuntaron sin avance a elucubrar el encubrimiento judicial y policial en la desaparición del joven. Recién hace algunos meses que María y Valeria se convirtieron en querellantes en esos procesos, bajo la representación de Luciano Hazan en nombre de la Defensoría General de la Nación. Durante el gobierno de Cambiemos, esa instancia le había sido vedada a la familia. Se esperaba que se avanzara con algunas indagatorias este año en esas causas, pero la pandemia atrasó todo. Se espera que los policías anteriormente absueltos sean indagados en noviembre próximo.