Emilio Maximiliano Rodríguez es uno de los jóvenes que fueron torturados por la policía de Lanús, y si prospera la denuncia que presentó ayer contra el intendente Néstor Grindetti, su secretario de Seguridad Diego Kravetz y los jefes policiales que participaron de la brutal represión al merendero del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Cartoneritos todos ellos podrían ir presos por los delitos de desaparición forzada de persona, apremios ilegales y vejaciones. Así lo pidió en su escrito ante el fiscal Pablo Rossi, del cuerpo de Instructores contra la Violencia Institucional. Rodríguez, de 24 años, fue golpeado durante varias horas adentro de un patrullero luego de la irrupción en el local donde había niños esperando su vianda y embarazadas. Su abogado, Pablo Vicente, dijo a Página 12 que la consistencia de las pruebas no deja lugar a dudas sobre los hechos y debería derivar en una segura imputación” contra los funcionarios, porque todos los testimonios coinciden en que los dos jóvenes que fueron detenidos por los policías estaban impidiendo que pasaran al sector de los niños, y porque “el propio Kravetz declaró que estuvo en el operativo”. Además, el letrado destacó que la policía no detuvo en el merendero a ninguno de los sospechosos que buscaban.

Junto a los dos funcionarios políticos fue acusado el jefe del Comando de Prevención Comunitaria de Lanús, comisario inspector Marcelo González y la totalidad del personal policial que participó del procedimiento en el comedor, ubicado en Murgiondo 622, el 30 de marzo cerca de las 19.30. Rodríguez observó un procedimiento de la policía local de Lanús, a pocos metros del comedor, rodeando un Ford Falcón rojo que pertenece a un compañero de la cooperativa. “Esta persona se encontraba buscando a su hijo en el merendero, y veo que el personal policial le pegaba patadas al hombre, hasta que advierto que avanza hacia el comedor, vuelvo y en ese momento rompieron ventanas y puertas, y ya dentro del comedor comienzan a lanzar gas pimienta y balas de goma”, describió en la denuncia.

Rodríguez estaba adentro mientras esto sucedía, con su hermano menor, Nahuel Maidana, su hijo y su compañera, como así también las cocineras Gabriela Zalaza, Marcela Araya, Lorena Mesa, Aurora Zaracho, Laura Zaracho y María Rosa Mealla, estas dos últimas embarazadas. “También había niños esperando para comer, una niña fue sacada violentamente de abajo de la cama donde se había escondido”, describió. Él y su hermano intentaron bloquear el lugar donde estaban los chicos pero los policías derribaron la puerta, lo esposaron y lo golpearon en el piso. “Nos metieron en dos patrulleros diferentes a mi hermano y a mí, y ahí nos siguieron golpeando en la cara y el cuerpo, mientras manejaban sin llevarnos a ninguna comisaría, por un lapso de tres horas y media, y nos amenazaron de muerte”, dijo Rodríguez. Los policías se detuvieron en Pellegrini y Hornos, y durante unos 40 minutos le pegaron patadas en las piernas, la cara y la espalda, lo escupieron y volvieron a decirle que lo iban a matar. 

“Mientras permanezco ilegalmente privado de mi libertad se acerca otro patrullero a esa esquina, desciende mi hermano Nahuel, de 17 años, también esposado y pude ver como aquel sufría la misma suerte que yo. Culminada la paliza, ingresan a Nahuel junto a mí, en el mismo patrullero. Solicité desesperadamente que abran las ventanillas, dado que mi ropa estaba impregnada de gas pimienta y tenía serias dificultades para respirar. Los policías se bajan del patrullero, tiran gas pimienta en el interior del móvil policial y lo cierran herméticamente dejándonos encerrados, esposados y sin posibilidad alguna de respirar”, relató el joven. 

Cerca de las 23 fueron trasladados al cuerpo médico forense de Quilmes y antes de entrar los amenazaron para que digan que las lesiones habían sido autoinfrigidas. El abogado Vicente pidió el secuestro del libro de ingresos de la comisaría para demostrar que los jóvenes en ningún momento pisaron una dependencia oficial ni tampoco hubo aviso a organismo estatal alguno. “Los hechos constituyen un claro caso de violencia institucional (...) el uso abusivo del poder coercitivo estatal implican este tipo específico de violencia que surge desde instituciones formales del Estado y que por ello se encuentra cubierta por cierta legitimidad, logra la mayoría de las veces un manto de impunidad”, precisó el abogado Vicente. “En el operativo denunciado se pone de manifiesto una acción coordinada de la Policía Local de Lanús, que intervienen abusivamente y sin orden judicial en un comedor infantil (...) Esta coordinación evidencia una decisión política que, tratándose de fuerzas de seguridad solo puede partir de sus máximas autoridades orgánicas y políticas, máxime considerando que el propio Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, se encontraba personalmente en el lugar supervisando el operativo, lo que descarta la intervención de los agentes policiales como acciones de desborde o negligencia funcional”, agregó. Vicente también pidió que sean apartadas del caso la policía local y la Bonaerense.