El gobierno francés prohibirá los "certificados de virginidad" que algunas comunidades religiosas exigen a las mujeres como requisito para el casamiento. Así lo anunció la ministra de Ciudadanía, Malène Schiappa, quien adelantó que este tipo de pruebas serán penalizadas porque "socavan la dignidad de las jóvenes".
"La dignidad de las mujeres no se negocia", sostuvo la antigua responsable de Igualdad en el Gobierno de Emmanuel Macron y actual ministra de Ciudadanía, principal impulsora de la prohibición y penalización de los “certificados de virginidad” que el Ejecutivo francés quiere incluir en su futura ley contra el separatismo religioso, centrada sobre todo en el islamismo.
“Prohibiremos por ley y penalizaremos las pruebas y los certificados de virginidad, ¡socavan la dignidad de las jóvenes!”, dijo Schiappa a través de sus redes sociales. Según adelantó, si la propuesta queda enmarcada dentro de un proyecto de ley y es aprobada, esta práctica supondrá una multa de 15.000 euros y hasta un año de prisión.
¿Qué son los certificados de virginidad?
Los certificados de virginidad son una práctica habitual en países musulmanes como Marruecos, donde las mujeres tienen que pasar por una revisación médica para asegurar ante sus familiares que no tuvieron sexo antes del casamiento.
En 2018, la ONU Derechos Humanos, junto con ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud (OMS), hicieron un llamamiento mundial para eliminar las pruebas de virginidad y todo tipo de exámenes ginecológicos “realizados en la creencia de que permiten determinar si una mujer o niña ha tenido relaciones sexuales vaginales”.
En el comunicado, describieron a esta costumbre como “una práctica innecesaria desde el punto de vista médico, y muchas veces dolorosa, humillante y traumática". Representantes del gobierno marroquí, sin embargo, se excusaron al explicar que este tipo de pruebas no respondían a ninguna obligación legal, desatendiendo así el llamamiento de la ONU y la OMS.
En Francia, también la Orden de Médicos, responsable de la regulación deontológica del gremio, pidió el año pasado “rechazar” las demandas de certificados de virginidad, al igual que el Colegio Nacional de Ginecólogos de Francia. Hasta ahora, sin embargo, no hay una prohibición formal.
Propuesta para prohibir los certificados
“Antes de su boda, algunas se prueban un vestido blanco, otras un anillo o hacen la lista de invitados… pero para otras, los preparativos de la ceremonia son menos alegres. Para algunas, casarse significa sufrir lo que se llama una prueba de virginidad (…) para que un profesional la examine y ‘certifique’ su virginidad", explicó Schiappa la semana pasada, en vísperas del discurso de Macron contra el separatismo islamista.
Para la ministra, este tipo de prácticas son comparables con la certificación de animales. Es "como cuando uno se asegura del pedigrí de un animal, de la ‘pureza’ de su sangre, antes de comprarlo”, denunció.
Aunque Macron no mencionó la inclusión de esta prohibición en la futura ley contra el separatismo religioso que será presentada en diciembre, Schiappa asegura que así sera.
Según explicó, lo que propone el Gobierno es “penalizar a los que extienden esos certificados” y, eventualmente, “también a los que los piden, como los padres”. En declaraciones a la cadena BFMTV, también adelantó que se buscará prohibir otros certificados “no médicos” como el que atestigua una supuesta alergia al cloro para evitar que las chicas tengan que ir a la piscina, otro de los lugares habituales de choque en materia de laicidad.
Pese a las aseveraciones oficiales, la medida aún tiene que ser completada y aprobada por los diputados, un proceso que no concluirá antes del año que viene.
Repercusiones
“Como mujer, como madre de tres niñas, considero que es abyecto y un deshonor para la mujer tener que presentar ese certificado a su futuro esposo y familia política. Es muy buena idea retirarlos, es algo ancestral que hay que excluir de la sociedad”, sostuvo Fatiha Boyer, de la asociación de mujeres Ni Putas Ni Sumisas y musulmana muy activa en la lucha contra el extremismo religioso.
Para la ginecóloga Ghada Hatem, jefa de La Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis, en la periferia parisina, que acoge a mujeres vulnerables y víctimas de violencia, así como está planteada la propuesta es una "muy mala idea" porque se "castiga a la persona equivocada”.
“Si se pudiera penalizar a los padres, a los hermanos, a las comunidades, pues bien. Pero castigar a los médicos es lo contrario de útil. Si el médico no las puede recibir, no tienen a nadie con quien hablar, es una respuesta equivocada”, señaló la ginecóloga, quien reconoció haber expedido este tipo de certificados sin realizar la correspondiente prueba de virginidad.
La Asociación Nacional de Centros de Aborto y de Contracepción (Ancic) sostuvo que "las demandas de esos certificados constituyen una violencia contra las mujeres, un ataque a su dignidad y a la igualdad mujer-hombre". Esos certificados, dijo la asociación en un comunicado, demuestran "mucha hipocresía social". Además, aclaró, "ningún profesional puede certificar la virginidad de una mujer”.
“Al mismo tiempo", opinó en línea con las consideraciones de la ginecóloga Hatem, "somos conscientes de que en algunas situaciones extremas, las mujeres corren un peligro real. Es entonces cuando rechazar la redacción de un certificado constituye una nueva violencia, y los profesionales toman la decisión que les parece más ética: hacer ese documento para protegerlas”.
Como este tipo de certificados no son oficiales ni están registrados, no existen estadísticas que den cuenta de la dimensión del problema. Según Hatem, este tipo de pedidos no son tan frecuentes, sino que "es algo marginal. "El verdadero problema es por qué esas familias no han sido capaces de cambiar de opinión sobre el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, por qué siguen tan obsesionadas con la pureza y virginidad, no que esas chicas necesiten el apoyo de un médico”, insistió Hatem, quien pide mejorar la educación sexual en colegios y centros para jóvenes.
Para el gobierno, el alcance que tiene esta práctica no es argumento suficiente para no tratar la prohibición. “Aunque solo afecte a unas pocas mujeres, ya es demasiado”, subrayó en ese sentido el Ministerio del Interior del que depende Ciudadanía.
